Tucumán. El Manantial: corte de ruta ante amenaza de desalojo a 200 familias

Más de un centenar de vecinos del barrio El Mollar en El Manantial protesta desde el lunes sobre la ruta provincial 301 ante la amenaza por parte del Estado de desalojarlos este viernes. Más de 200 familias viven desde hace cinco años en un predio de las 7 hectáreas de un barrio popular donde además viven unos 200 niños y niñas, muchos de ellos discapacitados. La mayoría de las casas son de material y fueron levantadas con el esfuerzo durante años de familias trabajadoras que no pueden acceder al elemental derecho de tierra y vivienda.

Al parecer esta realidad no tiene validez para la Justicia ni el Gobierno, quienes se amparan en un fallo favorable a los supuestos dueños, que no tienen títulos de propiedad sino una simple tenencia avalada por un juez que fue cuestionado por corrupción. Los vecinos denuncian que tanto el aval de la Justicia al desalojo de 200 familias como la “no respuesta” del Gobierno -tanto el gobernador Juan Manzur como el delegado comunal Juan Carlos Bernald, también oficialista- responden, una vez más, al negociado de esas tierras en favor de un barrio privado.

Lejos de brindarle apoyo o siquiera escuchar sus demandas, el delegado Bernald mandó a cortarle la luz y les cerró la puerta en la cara. Como un vecino transmitía a La Izquierda Diario, Bernald “no quiere que vivan pobres, quiere acordar con los supuestos propietarios y levantar un country”.

Al igual que la amenaza de desalojo sobre otras tomas, asentamientos y barrios populares, el gobierno sigue la línea que marco el violento desalojo de Guernica en Buenos Aires. Tanto el gobierno del Frente de Todos como el de Cambiemos o la oposición radical, eligen endiosar el derecho a la propiedad privada mientras niegan el derecho del pueblo trabajador a una vivienda digna. En nuestra provincia son decenas los asentamientos y barrios populares, y el gobierno de Manzur, en vez de realizar un verdadero plan para solucionar este problema, incluso avala leyes para realizar “desalojos exprés” en acuerdo con la oposición e incluso si viejo socio, el bussismo.

Ayer se hizo presente el Juez de Paz de El Manantial, quien de palabra les aseguró que el desalojo no se haría efectivo, que estaba suspendido sin fecha fija. Algunas vecinas le exigían garantías, pero no se las dio. E incluso aseguraba que la vía judicial estaba perdida y que solo les quedaba negociar con el dueño o “el poder político”, en su afán por liberar la ruta. Algo que según su palabra “se hizo costumbre en la Argentina”, pero que es ilegal y ahora ya se va a permitir. Al parecer también acusó recibo del giro represivo para abordar el problema de la vivienda que tuvo su momento bisagra, como dijimos más arriba, a partir del violento desalojo de la toma de Guernica.

Este jueves los vecinos serán recibidos por la Defensoría del Pueblo y planean manifestar para exigir una respuesta por parte del Gobierno provincial. “Nuestros niños tienen derecho a un hogar para vivir”, reza una bandera que lleva estampadas las manos de los 200 niños que habitan el barrio El Mollar. Hugo uno de los vecinos terminaba su relato contándonos como viven la amenaza del Estado de destruirles sus casas: “No nos vamos a ir de donde estamos viviendo, todo lo que hemos sacrificado para tener una casita digna, los que la han hecho de material, para que ahora vengan ellos y nos destruyan. No puede ser, nosotros votamos al gobierno, tenemos 200 niños, 20 de ellos discapacitados. Vamos a defender nuestro derecho. Vamos a seguir luchando. Tenemos que tener el derecho digno de tener una casita”.

Los planes de vivienda que el Estado tanto provincial como nacional llevan adelante no sólo son inalcanzables para quienes realmente los necesitan, sino que los megaemprendimientos como Lomas de Tafí y Manantial Sur, dieron lugar a escándalos de corrupción y negociados donde estafaron a miles de personas, llevados adelante por bandas con vínculos con funcionarios del gobierno. Mientras se les niega el derecho a la vivienda a sectores populares, el Estado provincial sí expropia tierras para la construcción de cárceles y para otras fuerzas represivas como la Gendarmería.