Al plan paso a paso de desconfinamiento del Gobierno de Piñera, se le suma el plan de estudio de emergencia, para el retorno a clases por parte del Mineduc.
Domingo 2 de agosto de 2020
El día viernes 31 de junio se conoció el Plan de estudio de emergencia, en donde el Mineduc realizó orientaciones para el retorno a clases. Donde se habla de la priorización curricular y las diferentes modalidades para poder realizar clases presenciales.
En este contexto Raúl Figueroa, ministro de Educación, menciona que el nuevo plan de estudios debe ser un acordeón, en el cual se aborden algunos objetivos y a medida del tiempo se deberán ir integrando los otros. “Esto se puede traducir en que se califiquen menos asignaturas, pero esta mirada de integración es la forma que el Mineduc y el Consejo de Educación consideraron adecuada para enfrentar el año, porque el tiempo de clases presenciales será insuficiente para desarrollar todo el currículum”.
Los últimos dichos del Ministro siempre han ido en la tónica de volver a clases a toda costa, a pesar de las consecuencias que podría traer esta acción, sin dar soluciones a los problemas reales que viven día a día los estudiantes de las escuelas públicas, como la poca o nula conectividad que hasta el día de hoy se sigue repitiendo, también está la problemática de los contagios que están padeciendo las familias de los alumnos a nivel nacional, además de sumarle la brutalidad del desempleo, que tiene a millones de las y los trabajadores sufriendo cesantía y los pocos ingresos que tiene para poder alimentarse y sobrevivir en esta pandemia. Tampoco han pensado en los y las trabajadoras de la educación que sufren enfermedades de base, mucho menos en aquellas trabajadoras que tienen hijos e hijas y que no cuentan con los medios necesarios para poder cuidarlos.
A esto se le suma la declaración que realizó el día jueves 23 de junio, donde el Ministro de educación dijo ante el posible regreso a clases que “toda evidencia muestra que un niño hacinado, en riesgo de ser abusado sexualmente, tiene que tener la posibilidad de volver a la escuela”, lo que causó molestias en distintos sectores, porque utiliza el abuso como argumento para la necesidad de volver a las aulas, mientras que desde el gobierno no toman ninguna medida para poder tratar el tema de la violencia sexual y de género como se ha denunciado en el SENAME.
A pesar de las constantes declaraciones por parte del Gobierno sobre el insistente retorno a clases, el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en una reunión con el sub secretario de Educación, Jorge Poblete, ha mencionado que las comunidades escolares deberán decidir si sienten seguridad de volver a clases y de lo contrario deberá ser respetada su opinión.
“Nosotros estamos apoyando este proyecto fundamentalmente porque regula algo que está quedando muy al arbitrio del Ministerio de Educación, que es el retorno a clases en un contexto de pandemia, de emergencia, y donde nosotros hemos tenido que resistir bastante a las pretensiones del Gobierno de forzar el regreso a clases sin que estén las condiciones sanitarias ni de seguridad para la gente, por tanto, nos parece bien que eso se regule mediante una ley. Además, mirando el proyecto, nos parece que hay aspectos muy importantes que hoy el Gobierno no considera, y que es la participación de la comunidad educativa en la decisión”. Declaró Aguilar.
Mientras los componentes de la comunidad han sufrido las consecuencias de las clases online, la cesantía, el hambre, la pandemia, Mario Aguilar confía en que el gobierno dejará que tanto los y las trabajadoras de la educación, apoderados y alumnos decidan acerca de la educación en tiempos de pandemia, en vez de realizar un cuestionamiento real al sistema educativo y a la precariedad de este, realizando llamados a manifestarse o a paralizar en medio de esta crisis.
Las clases presenciales no es una actividad esencial en tiempo de pandemia, muy por el contrario, podría aumentar los contagios y arriesgar la vida de millones de personas. No están las condiciones para estudiar, al contrario de lo que piensa el Gobierno, los establecimientos educacionales deben ponerse a disposición de enfrentar la crisis y transformarse en refugios para mujeres, niñes y cualquier persona que sufra violencia intrafamiliar.
