Caba. El PRO y la salud mental: persecución sindical, despidos y vaciamiento

–¿Cuál es la situación que se vive ahora en el Hogar Nueva Pompeya?

–Primero nos presentamos. Somos un grupo de ex empleados estatales, que veníamos trabajando desde septiembre del año 2012 hasta el 30 de abril de este año como operadores socio-comunitarios en el Hostal Nueva Pompeya, hogar que depende de la Dirección General de Salud Mental (DGSM) del Ministerio de Salud del GCBA. Hace dos años y medio trabajamos bajo la modalidad de locación de servicios, con contratos repletos de irregularidades que no contemplan ningún derecho laboral: no tenemos ART, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni ajustes salariales escalonados.

–¿Cuáles son las condiciones laborales con las que se enfrenta un trabajador de la salud?

–Las condiciones precarias de contratación afectan directamente nuestro desempeño en el trabajo. El tipo de población con la que tratamos requiere trabajadores en condiciones plenas de descanso, estabilidad económica, física y emocional.

A pesar de haber trabajado en condiciones laborales irregulares hemos logrado sostener y promocionar satisfactoriamente a una institución desvalorizada y vilipendiada por la administración vigente. Hemos logrado que los chicos y chicas vuelvan a reencontrarse con sus familias y en algunos casos ya estamos en tratativas para que puedan volver a vivir en sus hogares.

Podemos sostener que todo esto fue posible gracias al esfuerzo de cada operador, tanto al momento de generar un vínculo con los usuarios como en ocuparse de cumplir sus funciones, y otras tantas que excedían a la misma. Por ejemplo, llevando ropa y calzado propios y de allegados que las donaban, o ayudando a los chicos a hacer la tarea del colegio.

Desde comienzo de nuestro ingreso al Hogar fuimos contratados bajo la modalidad de locación de servicios, con contratos firmados cada un año en los cuales se reflejaba un trabajo discontinuo de nuestra parte (contratos que comenzaban desde marzo a diciembre) sin reconocer que en la práctica nuestra labor siempre fue continua, sucesiva e ininterrumpida (de enero a diciembre) con un pago retroactivo, que nos afectaba con un descuento a la ganancia. Se suma a esto las innumerables irregularidades que incumplían con los derechos que deberíamos percibir como trabajadores de la salud: no teníamos derecho a poder enfermarnos, ya que no había reemplazos; simplemente apelaban a nuestro compañerismo de no dejar a quien estuviera en guardia con nosotros solos, buscando por nuestra cuenta algún compañero de otro día para que nos reemplazara y luego devolverle las horas trabajadas o sacar de nuestro bolsillo plata para pagarle.

–¿Cómo fueron notificados de sus despidos?

–El lunes 30 de marzo por la mañana, y ya habiendo escuchado el rumor de que todos pasaríamos a planta transitoria, mientras estábamos esperando que nos confirmaran un pedido de reunión donde nos explicarían cómo se iba a efectuar ese pase, varios de nosotros recibimos un llamado de un número privado, por el que un hombre nos decía que a partir del 1° de abril prescindían de nuestros servicios. Dicho sujeto no se identifica y tampoco comunica el motivo por el cual se toma tal deliberada decisión de un día para otro.

–Entre los despedidos, ¿hay profesionales de la salud mental?

–De un total de 16 operadores, siete fuimos desafectados de nuestras funciones sin recibir ninguna explicación y notificados de manera irregular, y seis de los siete despedidos somos licenciados en Psicología, esos seis son el total de psicólogos que trabajábamos en el Hogar.

Hasta el 1° de abril, ningún compañero había recibido ningún telegrama de despido. Algunos recibieron un llamado, a otros simplemente les llegó el telegrama y algunos compañeros recién fueron notificados al respecto una vez que concurrieron a la guardia en su día habitual. Teniendo que enfrentarnos con que ya había reemplazos que ocupaban nuestros puestos de trabajo.

Ese mismo miércoles 1° de abril, el compañero que cumplía con su guardia habitual de 24 horas durante ese día, con la que venía cumpliendo desde hace dos años y medio; se presentó con normalidad a trabajar. Una vez en el Hogar es expulsado de manera violenta de su puesto de trabajo, por abogados y administrativos de Salud Mental que lo intiman a retirarse inmediatamente de la institución, entregándole al personal de seguridad una lista con siete nombres, los siete trabajadores que ya no podrían ingresar a sus puestos de trabajo. Todo esto sin que el compañero recibiera con antelación una notificación formal donde figurara su desvinculación. Como si fuera poco, para asegurarse que quedara claro que el compañero había sido desvinculado, le labraron un acta y bajo presión hicieron firmar a los compañeros presentes como testigos de que lo despedían en ese acto.

Nos echan, nos agravian, nos descartan cual objeto que ya no cumple con la utilidad deseada. Todo esto mientras en la DGSM prima el más franco de los nepotismos.

–¿Cómo puede ser pensado desde el marco de la nueva de ley de salud mental?

–Es notable el relegamiento y desinterés de parte de la gestión a cumplimentar esta ley, que promueve la recuperación del bienestar psíquico y la rehabilitación de las personas asistidas con patologías graves, tendiendo a recuperar su autonomía, calidad de vida y la plena vigencia de sus derechos, al permitir la apertura del hogar en una zona alejada de todo, creyendo que la misma sería la zona ideal para trabajar la reinserción social de los jóvenes adolescentes que acaban de salir de una internación, y en plena vulnerabilidad socio-sanitaria.

Hay que remarcar que la apertura del Hogar ha sido también sumamente irregular. El hogar en el que desempeñamos nuestras funciones, que la anterior gestión tenía previsto abrir en 2011 en la calle Pedro Goyena, en el barrio de Caballito, fue frenado por la administración de la Dra. Grosso hasta que la presión judicial los obligó a tener que abrirlo. Como deliberadamente puso trabas para entorpecer la creación de la institución, cuando se vio obligada por presiones judiciales, la casa destinada para ese fin en caballito ya no estaba disponible.

–¿Quiénes son las autoridades políticas responsables de esta situación?

–Responsabilizamos de todo esto, de manera directa a la Dirección de Salud Mental del GCBA, a cargo de la Dra. María Concepción Grosso. Dicha gestión nos demostró, durante estos años, que en su escala de prioridades no figura el reconocimiento del trabajo realizado por aquellos que venimos trabajando por el bienestar de los jóvenes que presentan un alto grado de vulnerabilidad social y sanitaria. Sino que la misma gestión se encargó de menospreciar, relegar y violentar todas aquellas acciones llevadas a cabo por nosotros.

Esta misma funcionaria, desde los inicios de nuestra actividad en 2012, ha mantenido una política de desinformación, precarización y persecución hacia los trabajadores contratados de los hogares que dependen de su dirección. Persecución política por la que llegó a separar del hogar a un funcionario administrativo del Hospital Tobar García que cumplía horas en el hogar, por el simple hecho de intentar ayudar sindicalmente a los trabajadores contratados. En varias ocasiones hemos sido amenazados con nuestros puestos de trabajo por intentar organizarnos sindicalmente.

A un nivel más amplio, estos despidos se inscriben en una política más amplia de precarización laboral con la que el GCBA tiene a miles de trabajadores. Trabajadores que se desempeñan en funciones con alto grado de responsabilidad. Lo que vivimos en Salud Mental es consecuencia de la falta de inversión, del vaciamiento que sufre la salud pública, del intento privatista continuo del macrismo y sus funcionarios que, como Grosso, son funcionales a esto. Por eso desfinancian los hospitales, por eso hacen todo lo posible para que los dispositivos intermedios como el Hogar Nueva Pompeya no funcionen. Por esto tienen mal pagos y en condiciones precarias de contratación a los trabajadores.