Los hechos sucedieron en Níjar, Almería, el pasado 14 de diciembre. Un grupo de trabajadores migrantes protestaban frente a un almacén agrícola para denunciar despidos improcedentes y condiciones laborales de explotación, cuando una docena de ellos fueron atropellados por uno de los empresarios responsables al salir de las instalaciones, denuncia el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Un caso más de violencia racista y capitalista contra la clase trabajadora migrante.
Martes 24 de diciembre de 2024
El pasado sábado 14 de diciembre, alrededor de las 18 horas, el servicio de emergencias de Andalucía recibió el aviso de un atropello en el que al menos doce personas habían resultado heridas. Esto sucedió mientras los trabajadores de un almacén agrícola protestaban contra las duras condiciones laborales de explotación.
Según denuncia el Sindicato de Obreros del Campo - Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT), estos trabajadores llevaban meses trabajando más de 60 horas semanales, sin contrato, sin alta en la seguridad social, con salarios muy por debajo del SMI y en inhumanas condiciones como trabajar durante las elevadas temperaturas del verano almeriense debajo de carpas de plástico.
Una empresa del Grupo Disfruta Export, que se dedica a la recogida de fruta en la zona de Níjar, había prometido desde el inicio a estos trabajadores que iban a regularizar su situación y darles un contrato legal. No obstante, después de meses de espera, esta promesa nunca se cumplió. Por si estas tácticas de manipulación, tan comunes para la clase trabajadora migrante no regularizada, y las terribles condiciones laborales fueran poco, la empresa acabó despidiendo a los doce trabajadores al acabar la temporada. Como es normal, los trabajadores se organizaron para exigir explicaciones a la patronal.
Ese fue el momento en el que el SAT señala que uno de los empresarios responsables aprovechó para abandonar las instalaciones en su coche, atropellando a los trabajadores y causando diversas heridas. Según el sindicato, los trabajadores "fueron atropellados sin ningún tipo de escrúpulo".
El sindicato denuncia también la hipocresía policial, pues a pesar de dar alerta a la Guardia Civil y que se abriese una investigación, dos semanas después del incidente todavía no se han tomado medidas. La impunidad del acto no hace más que reafirmar que las fuerzas represivas del estado solo trabajan para proteger a los grandes intereses capitalistas. El propio SAT se ha enfrentado en múltiples ocasiones a persecución policial por actividad sindical.
El Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández afirmaba el día 23 de diciembre a la prensa que "no ha habido ningún atropello", aunque la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen. A pesar de ello, el SOC-SAT ha difundido un video en el que se aprecia los graves hechos que denuncian.
Además, la impunidad de este terrible incidente también pone de manifiesto todo el entramado del racismo institucional al que se enfrentan las personas migrantes en el Estado español. No es ninguna casualidad que la clase trabajadora migrante tenga que afrontar abusos laborales de todo tipo, sin ninguna protección social, pues las racistas leyes de extranjería condenan a las personas migrantes a trabajos hiper precarios y a la exclusión de los derechos básicos.
La táctica manipuladora que usan la patronal para asegurarse que estos trabajadores se sometan a tales condiciones inhumanas es muy común en todo el estado: las personas migrantes en situación irregular se ven en la necesidad de aceptar cualquier trabajo que les prometa poder formalizar su documentación. No obstante, esta promesa casi nunca se cumple. Por desgracia, las condiciones laborales y los despidos improcedentes que sufrieron los doce trabajadores víctimas del atropello son la norma para los trabajadores migrantes, como en el conocido caso de las temporeras de la fresa en Huelva.
La patronal, envalentonada por la extrema derecha y los discursos racistas, también está amparada por el racismo institucional y son las personas migrantes, uno de los sectores de la clase trabajadora más precarizados, quienes tienen que sufrir las consecuencias. Como denuncian desde el SOC-SAT de Almería, el gobierno central y autonómico también son responsables de la impunidad con la que la patronal explota y se aprovecha de la situación de extrema precarización y vulnerabilidad de las personas migrantes. Este violento caso es una consecuencia de la explotación racista que tanto beneficia al sistema capitalista.
Solo la autoorganización de la clase trabajadora en su conjunto puede pararle los pies a la criminal patronal, a la explotación laboral capitalista y a toda la discriminación y violencia racista. No podemos esperar nada de las políticas ultra racistas de la extrema derecha, pero tampoco de la hipocresía progresista que no tiene ningún problema en gestionar un gobierno racista e imperialista, manteniendo todas las leyes de extranjería, las asesinas políticas fronterizas y todo el sistema capitalista que desangra cada día más a la clase trabajadora.
