Con 37 votos a favor y 33 negativos la reforma del Consejo de la Magistratura obtuvo media sanción en el Senado. Tuvo el apoyo del Frente de Todos y el rechazo de Juntos por el Cambio. Ahora deberá debatirse en Diputados donde es difícil su aprobación. ¿Cuáles son los cambios en debate? ¿Qué función tiene el Consejo de la Magistratura?
Jueves 7 de abril de 2022 20:07
La reforma del Consejo de la Magistratura obtuvo este jueves media sanción en el Senado. Con 37 votos afirmativos del Frente de Todos y 33 negativos de Juntos por el Cambio y la cordobesa Alejandra Vigo. Para convertirse en ley debe pasar ahora por Diputados. El problema es que Sergio Massa aún no logró conseguir los votos necesarios: el bloque del oficialismo cuenta con 118 votos y le hace falta conseguir 12 votos más. Por ahora solo tiene 5 de esos extras (aliados de Río Negro, Misiones y Neuquén). La otra dificultad es que en la Cámara Baja ni siquiera se constituyeron las comisiones que deberían abordar este proyecto de ley.
El Frente de Todos consiguió el quórum en el Senado con los 35 de su bancada, 3 aliados (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana, Clara Vega) y la cordobesa Alejandra Vigo. La apertura de la sesión estuvo a cargo de Cristina Fernández. Juntos por el Cambio no dio quórum para la apertura, aunque luego se anotó en la lista de oradores y expresó su rechazo a la reforma. Estuvo ausente Martín Lousteau, quien informó en sus redes sociales que dio positivo de Covid-19.
¿Qué se votó y cuál es el debate?
El proyecto votado en el Senado fue impulsado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional las modificaciones hechas en 2006. El máximo tribunal impuso como fecha límite el 15 de abril para que el Congreso vote otra reforma.
Los puntos centrales de la reforma que votó este jueves el Senado:
- Que el Consejo de la Magistratura pase de 13 a 17 miembros. Los 4 nuevos integrantes serían: un juez, dos abogados y un académico o científico.
- No contempla entre los miembros a ningún integrante de la Corte Suprema. Este es el punto central que motiva el rechazo de Juntos por el Cambio. Expertos en defender a la casta judicial más privilegiada, promueven que el presidente de la Corte Suprema, sea a la vez el presidente del Consejo de la Magistratura.
- Otras de las modificaciones incluidas fueron las propuestas por el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck. El oficialismo negoció con el rionegrino incorporar sus propuestas, para conseguir que se apruebe el proyecto. Algunas de ellas son: que los 4 jueces y los abogados que integran el Consejo sean de cada una de las cuatro regiones del país, y al menos dos sean mujeres. Que el representante del Poder Ejecutivo se alterne cada año entre un hombre y una mujer. Que se conformen jurados por regiones para cada concurso, y crear una Comisión de Asuntos Federales.
Si en el plazo impuesto por la Corte Suprema (15 de abril) no se logra sancionar una nueva reforma, el Consejo de la Magistratura volverá a funcionar con la Ley de 1998. Esto quiere decir que volvería a tener 20 miembros y sería presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que defiende Juntos por el Cambio.
¿Qué función cumple el Consejo de la Magistratura?
Es un organismo creado por la reforma constitucional de 1994, y tiene tres funciones principales: el nombramiento de jueces federales y nacionales (salvo los de la Corte Suprema) a través de concursos públicos, la destitución de jueces por mal desempeño, y la administración de los recursos del Poder Judicial de la Nación. La terna de jueces que seleccionan, pasa luego por el filtro del Poder Ejecutivo y necesita el acuerdo del Senado.
Con ley vigente (del 2006), el Consejo de la Magistratura tiene 13 integrantes: un representante del Poder Ejecutivo, dos senadores por la mayoría y uno por la primera minoría, dos diputados por la mayoría y uno por la primera minoría, tres representantes de los jueces, dos representantes de los abogados, y un académico. Para obtener quórum se necesitan 7 miembros. Para la selección de una terna de jueces o para iniciar algún juicio político, se necesitan dos tercios del organismo (9 miembros).
En resumen: es un organismo con mucho poder que incide en decisiones claves que afectan a las mayorías trabajadoras, y de una naturaleza antidemocrática desde su origen. Es un especie de “consejo de notables”, donde los partidos tradicionales (entre el peronismo y los partidos de Juntos por el Cambio) se reparten el poder y negocian la selección de jueces para incidir en la toma de decisiones de la justicia a su gusto y conveniencia. Desde perseguir opositores, cajonear investigaciones desfavorables, o garantizar la impunidad a funcionarios del gobierno. Las consecuencias de elegir a dedo a los jueces se ven en ejemplos como el de la provincia de Jujuy. La escalada represiva y persecutoria de la justicia de Gerardo Morales (UCR-JxC) tuvo un nuevo capítulo: allanamientos y detenciones a dirigentes sociales, con argumentos insólitos de parte de los jueces que lo ordenaron.
Cambiar algo para que nada cambie en una justicia de clase
El debate por el Consejo de la Magistratura no pone a discusión la estructura de una Justicia que es de clase, con jueces que seguirán siendo elegidos a través de la rosca entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El emblema de la casta judicial, como son los jueces de la Corte Suprema, tampoco se va a tocar y lo que disputan es tener un mayor poder de decisión volviendo a la presidencia del Consejo de la Magistratura.
El poder judicial, en su conjunto, es lo contrario a “representantes del pueblo”. Los jueces y fiscales se eligen a dedo por intereses políticos de los dos partidos mayoritarios de turno, tienen cargos vitalicios y privilegios.
Como ha graficado Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, se necesita menos consejos de notables y más “consejo” popular”. El primer paso para eso sería avanzar con la elección por voto popular de jueces y fiscales y que sean revocables. Esto implica disolver el Consejo de la Magistratura. Además, la izquierda plantea terminar con los privilegios de la casta judicial y que se implemente urgente el juicio por jurados.
