MEDIDAS “SOCIALES”. El Senado convirtió en ley la devolución de IVA

Fotografía: DyN / Pablo Molina

El Senado convirtió ayer en ley por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo para reintegrar el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras realizadas a través de tarjeta débito a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales por hasta un tope de 300 pesos.

El acompañamiento del bloque del PJ-Frente para la Victoria y de Compromiso Federal a la medida –votada por los 61 senadores presentes en el recinto–- fue realizada con la advertencia de que la medida puede “ser motivo de controversia judicial”, según sostuvo el senador Miguel Angel Pichetto (FpV-PJ), si los recursos para compensar la retracción de ingresos por IVA no salen de la Nación.

Esta posible “controversia judicial” advertida por Pichetto se debe a que el IVA es una de las principales fuentes de recaudación del fisco nacional, y puntualmente de los recursos que se coparticipan con las provincias. Por lo tanto, la posibilidad de que la devolución disminuya los fondos girados a las gobernaciones es un aspecto de la medida que fue rechazados por los mandatarios provinciales, que plantearon que la reducción de recursos debía recaer íntegramente sobre el tesoro nacional.

Pichetto, presidente del bloque del PJ-FpV , adelantó que presentará un proyecto “para clarificar” la posición y recordó que “venimos de una sentencia (de la Corte Suprema) que ha sido categórica de modo que una ley del Congreso no puede afectar la coparticipación y una ley convenio”. En similar sentido expuso también Adolfo Rodríguez Saa (San Luis), quien si bien confirmó que votaba en forma positiva el proyecto advirtió que es “el gobierno nacional el que asume la responsabilidad de eximir el pago del impuesto con cargo a la cuenta de la parte (del IVA) que afecta a la Nación” y no a las provincias. De lo contrario, advirtió el senador peronista, se “debería modificar la ley de coparticipación” y recordó la sentencia judicial definitiva que ordenó restituirle a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15 por ciento que la Nación les había retraído para el financiamiento del ANSES en la década del ‘90.

Pichetto, casi al cierre del debate, abonó esa posición y sostuvo que “indudablemente los sector humildes no tienen por qué estar jaqueados por este debate” pero alertó que “si la Nación no se hace cargo del pago de los recursos del IVA a los sectores pobres seguramente se van a abrir nuevas acciones judiciales”.

Una “compensación” que no compensa nada

El jefe del bloque radical, Angel Rozas destacó que la medida es una de las que “se han tomado en estos cinco, seis meses” para paliar el impacto del ajuste económico en los sectores más vulnerables. En similar sentido se pronunció el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), quien destacó que la devolución ayuda “a aliviar un impuesto regresivo” al consumo, que tiene mayor incidencia en los sectores de menores recursos. Abal Medina apuntó que la medida es “significativa” en tanto que “tiene un costo fiscal de 30 mil millones (de pesos) por año suponiendo unos 9,2 millones de beneficiarios”, a la vez que manifestó que el proyecto también es importante porque “fomenta el blanqueo y la formalización de la economía”.

Pero el costo fiscal de la medida, representa apenas un 5 % de la recaudación de IVA proyectada para este año, es decir que la recaudación que el Estado dejará de percibir es sumamente limitada. Esto expresa que el aducido “paliativo” que esta reducción de impuestos representa no es tal.

No lo es, en primer lugar, porque el universo de beneficiarios según esta ley, abarca importantes sectores que realizan buena parte de sus compras (hasta un 90 por ciento según estimaciones) en canales de venta que no admiten pago electrónico. Aunque el paquete prevé incentivos para que los pequeños comercios incorporen el cobro vía débito sin pagar comisiciones por las transacciones, esto demorará en el mejor de los casos varios meses hasta su implementación. con lo cual el acceso al beneficio dependerá de un cambio en los patrones de compra que no siempre es de sencilla realización, sobre todo en pequeñas localidades.

Por si esto fuera poco, para asegurarse un impacto fiscal limitado, la medida tiene con el tope de 300 pesos, una limitación por compras por un monto equivalente a 2800 pesos por los cuáles los beneficiarios pagarían 7 por ciento de IVA en vez de la tasa de 21 por ciento, que sí regirá para las compras una vez superado ese valor. El impacto en el bolsillo disminuyendo el costo de vida para los alcanzados por la medida es tan limitado (6 %) que apenas compensaría la pérdida de poder adquisitivo del mes de abril.

Al ser un proyecto tan miserable –que “devuelve” a un pequeño sector de la población un impuesto que debería eliminarse para todos los trabajadores como ha exigido el Frente de Izquierda en la sesión parlamentaria de diputados- incluso senadores que lo acompañaron limitaron el alcance que pudiera tener. Fellner estimó que en su provincia “el impacto va a ser poco” y no va a llegar a muchos porque en las localidades del interior jujeño “son pocos los (comercios) que tienen posnet” para pasar la tarjeta de débito.