El Senado provincial decidió no hacer lugar al pedido de la Justicia por el desafuero del legislador peronista Ariel Rosendo.
Miércoles 24 de junio de 2020 19:16
Complicidad y desidia. Eso mostró el bloque de peronistas y aliados en el Senado de la Provincia de San Luis durante la sesión del martes pasado cuando fue rechazado el pedido de desafuero del legislador Ariel Rosendo, formulado por el Juzgado Penal N° 2 de la Ciudad de Villa Mercedes. En la causa se imputa a Rosendo como autor de robo calificado contra su ex pareja, quien anteriormente ya lo había denunciado por violencia de género.
El Senado aprobó por mayoría un despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria que consideró “innecesaria” la solicitud. El único voto negativo fue el del Senador Sergio Guardia, del Departamento Junín. “Deviene innecesario el desafuero solicitado, toda vez que el Juez tiene la facultad para llamar al imputado a prestar declaración indagatoria y procesarlo conforme a las normas legales vigentes hasta la conclusión de la causa penal abierta”, reza el polémico dictamen.
Por eso, en su apartado resolutivo, el dictamen remarca: “Denegar el allanamiento del fuero del señor Senador Provincial Ariel Omar Rosendo solicitado por el Juzgado Interviniente en los autos de referencia, por no constituir condición sine qua non para proceder al llamado a declaración indagatoria y prosecución de la causa hasta su total conclusión”.
Rosendo está (desde el 2 de junio) de licencia por 30 días con goce de sueldo. El reglamento interno del cuerpo legislativo lo habilita a renovar el permiso, pero sin la opción de cobrar la dieta.
El pasado 18 de mayo, el Secretario General de SMATA/San Luis, Juan Piturra, denunció a Rosendo por sustraer pertenencias de manera violenta en una propiedad del gremio donde habita su ex pareja. El actual legislador había sido titular del gremio de mecánicos, pero terminó siendo desplazado por la conducción nacional del organismo a raíz de supuestas irregularidades y el presunto robo de muebles y electrodomésticos.
Con todo esto, otra vez se demuestra que la lucha contra la violencia de género en San Luis no es una prioridad para la casta política gobernante. A los bajísimos presupuestos destinados a combatir este flagelo (en 2017, por ejemplo, no superaba el 0,17 %, es decir, $149,65 al año por mujer) se suma ahora una escalada de “premios” políticos a favor de personajes que son el rostro de la violencia machista y la misoginia.
