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Red Internacional
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Panorama Nacional. El año electoral, la economía y las necesidades populares

El gobierno se jacta de indicadores económicos supuestamente satisfactorios. Sin embargo, para las mayorías trabajadoras la pérdida de poder adquisitivo se viene sintiendo desde hace tiempo. En el marco de la campaña electoral, la clase trabajadora debe conquistar su independencia política y luchar por sus propias demandas.

Viernes 5 de abril

Gobierno amigo de los “malla oro” y mejor alumno del capital financiero

Una de las noticias resonantes del mes de marzo para el gobierno fue la suba de la nota para el país por parte de la calificadora de riesgo Moody’s, lo que fue presentado con bombos y platillos por parte del equipo económico y del gobierno en general. Sin embargo, aunque la ministra de economía, Azucena Arbeleche, plantee lo contrario, los números económicos con los que cerró el 2023 no fueron muy auspiciosos para el gobierno. El crecimiento de la economía se ubicó en el 0,4% del PBI, producto, por un lado de la mala cosecha del sector agroexportador como derivado de la sequía, y por el otro, de la propia política monetaria del Banco Central, quien mantuvo una tasa de interés real positiva, utilizando como ancla inflacionaria el tipo de cambio. El resultado inflacionario, que rondó alrededor del 5% y que fuera tan festejado por el gobierno, tuvo como contracara la desaceleración de la economía. Otro de los factores que repercutieron en el magro crecimiento económico fue el desvío del consumo hacia Argentina, como consecuencia de la brecha cambiaria durante todo 2023.

En lo que refiere a los ingresos, según un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, la caída de los salarios reales entre marzo de 2020 y julio 2023 equivalió a la pérdida de aproximadamente un salario mensual. Si tenemos en cuenta la relación entre ingresos y el total del producto, el deterioro de la participación de los asalariados hasta julio de 2023 fue importante. En el mismo informe se da cuenta de que en el periodo la transferencia de recursos del trabajo hacia el capital fue de 2.000 millones de dólares, lo que confirma la orientación del gobierno multicolor en beneficio de los “malla oro”.

Todos estos datos muestran la enorme transferencia de renta del sector asalariado de la economía al capital, producto de la política del gobierno en pandemia. Esta política fue, lamentablemente, avalada por la dirección mayoritaria del PIT-CNT, que suscribió en aquel momento, el acuerdo puente, y validó el discurso de intercambiar “salario por empleo”.

Se largó la campaña electoral

Desde fines de febrero quedó oficializado el lanzamiento de las campañas de los precandidatos de los partidos políticos rumbo a las internas. En la coalición multicolor, la principal atención estará puesta en la interna blanca, la cual dará con seguridad al próximo contendiente a la presidencia por ese espacio en octubre. En este sentido, el candidato del sector de Lacalle Pou, Álvaro Delgado, parece sacar una ventaja relevante sobre la economista Laura Raffo. Delgado, aprovechando su actual perfil de Secretario de la Presidencia, apuesta nuevamente por el mismo libreto que llevó al éxito electoral al actual presidente en 2019, presentándose como el candidato de centro que vendría a encarnar la consolidación del actual proyecto político en el gobierno. Esto frente a una Raffo que será la candidata del Herrerismo tradicional de la Lista 71, el sector político de Lacalle Herrera, Heber; y recientemente golpeado por el caso Penades. El gobierno y el Partido Nacional en su conjunto deberán encarar una campaña electoral con los escándalos de Astesiano y Marset, a la vez que con el telón de fondo de sus promesas incumplidas.

La interna frenteamplista y la pelea por la moderación

En la interna del Frente Amplio, por su parte, Yamandú Orsi, apoyado por el MPP-609, y otros grupos - entre ellos, los recientemente escindidos de la candidatura de Mario Bergara - parece correr con la ventaja. Sin embargo, su moderación contínua de los últimos años podría jugarle en contra en una elección donde lo que pesan son los aparatos y el arraigo territorial. La principal contendiente de Orsi, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse intenta explotar un perfil de mayor oposición al gobierno en distintos momentos de su gestión. Apoyada centralmente por el Partido Comunista, el Partido Socialista, y sectores afines como Casa Grande, y el PVP, la intendenta montevideana juega a mantener el perfil opositor, pero mostrándose como “buena gestora”, cuestión que necesitará resaltar rumbo a octubre si consigue ganar la interna. Esto se vio patentizado cuando, a comienzos de marzo, había firmado para habilitar el plebiscito de la seguridad social, pero esto no fue ni siquiera mencionado en su discurso de lanzamiento de campaña. Otro ejemplo de moderación fue el reconocimiento a Astori por su dirección de la política económica en los 15 años de gobiernos frenteamplistas. A su vez, Cosse expresó un viejo discurso conocido en el Frente Amplio y que se reafirmó en su último congreso: el llamado a la construcción de las mayorías nacionales y el discurso de “retomar el camino de la izquierda a la uruguaya”. La interrogante que surge es: ¿qué es la izquierda uruguaya? ¿Es una izquierda, que, como en los 15 años de gobierno se postula como buena administradora de los negocios capitalistas? ¿Qué relación hay entre esa reivindicación de la izquierda y recibir a la Comandante en Jefe del Comando Sur?

La situación del movimiento obrero

El conjunto del régimen político tiene como principal objetivo transitar este año electoral con la menor cantidad de luchas sociales posibles. Tanto desde la coalición multicolor como desde el Frente Amplio, la apuesta es a dirimir la contienda en clave electoral y que ningún evento “externo” se interponga en el desarrollo de la campaña. Sin embargo, entre febrero y marzo ocurrieron al menos dos hechos importantes: las patronales PedidosYA y de la Pesca llevaron adelante dos lock outs patronales. Ambas patronales, con motivos diferentes, están llevando a cabo un ataque contra el conjunto de los trabajadores del sector. En el caso de la pesca, la cámara patronal detuvo el 90% de la actividad en los barcos, en lo que el sindicato (SUNTMA-Pesca) ha caracterizado como una extorsión al Estado tomando de rehén al conjunto de los trabajadores del sector. Por este medio, los empresarios demandan recortes impositivos y condonaciones de deudas, mientras atacan derechos conquistados de los trabajadores como la jubilación bonificada. Los trabajadores de la pesca se encuentran resistiendo esta difícil situación, por lo que se torna necesario rodear de solidaridad este y otros conflictos que surjan, y plantear la necesidad de un paro general para poner en el primer plano las reivindicaciones de los trabajadores atacados.

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En el marco de pasividad generalizada y ausencia de fenómenos de lucha, no es menor la campaña de recolección de firmas que se está realizando en lo que respecta al plebiscito de la seguridad social. Luego de casi tres décadas de instaladas las AFAP’s, su cuestionamiento como parte de un cuestionamiento más general al capitalismo uruguayo es de especial relevancia para volver a plantear una salida anticapitalista a los grandes problemas sociales de nuestro país. No solamente en lo que respecta a las principales aristas del tema en cuestión (jubilación a los 60 años, no reducción de los montos, etc.), sino que se hace necesario volver a imaginar y recrear un programa anticapitalista y socialista que ponga en el centro las necesidades humanas y no el lucro del capital.

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Un gobierno alineado con la política exterior de Biden

En los días posteriores a la marcha del 8M, el gobierno junto con el Comité Central Israelita del Uruguay realizaron una dura campaña de acusaciones a un conjunto de manifestantes por realizar supuestas manifestaciones antisemitas. Sin embargo, como ocurre en distintos lugares de EEUU y Europa, la movilización del 8M intentó reflejar y denunciar el genocidio que el Estado terrorista de Israel está perpetrando sobre la población indefensa de Gaza. Ya son más de 35 mil los muertos a manos del ejército invasor, que cuenta con el apoyo logístico, militar y diplomático de la administración del demócrata Joe Biden.

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La amable recepción en febrero de la comandante en jefe del Comando Sur, Laura Richardson, por parte del ministro Javier García, así como la reciente suscripción del Estado uruguayo de los “Principios para la cooperación en la exploración y la utilización civiles de la luna, Marte, cometas y asteroides con fines pacíficos”, conocidos como Acuerdos de Artemis, sumado a la actuación en las Naciones Unidas frente a los repetidos llamados de la mayoría de los países integrantes de la Asamblea General a un alto al fuego en Gaza, son hechos que muestran un alineamiento cuasi automático con la política exterior estadounidense. Esto en un momento donde se intensifica la competencia tecnológica entre EEUU y China, y Latinoamérica se transforma en un terreno de disputas geopolíticas por obtener un acceso privilegiado a tierras raras, litio, gas y demás recursos naturales, así como buscar operar militarmente en territorio de países “aliados”.

Frente a este complejo panorama, se torna necesario que la clase trabajadora uruguaya refuerce los lazos internacionalistas con el pueblo palestino y el conjunto de los pueblos oprimidos del mundo, y rechace de plano la campaña sionista. Y será una tarea difícil, aunque necesaria que, en el plano nacional, logre correrse de los “tiempos electorales” y pueda poner sobre la mesa sus propias demandas, defendiendo los derechos conquistados, apoyando las luchas en curso y conquistando una verdadera independencia política respecto de todos los partidos que, en mayor o menor medida, representan intereses de las clases dominantes.

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