El gobierno nacional frenó el debate sobre el bono de fin de año para los trabajadores del sector público, ante la advertencia de María Eugenia Vidal y otros gobernadores de que no hay plata para pagarlo.
Esteban Mercatante @EMercatante
Jueves 27 de octubre de 2016
La discusión del bono de fin de año desató otro tironeo de recursos entre el gobierno nacional y los de varias provincias. El motivo: la imposibilidad que han manifestado buena parte de los gobernadores para afrontar el pago adicional de fin que Nación ya había prometido a los gremios por falta de recursos. Esto llevó a la administración de Macri a frenar hasta nuevo aviso las definiciones sobre el bono para el sector público. Esta decisión se tomó luego de que varios gobernadores advirtieran al Gobierno que si la Nación paga el beneficio, las provincias que no puedan hacerlo quedarán expuestas a conflictos con sus empleados estatales y reclamarían ayuda al gobierno nacional.
Entre las jurisdicciones que más firmemente rechazaron el pago se encuentran dos distritos clave para el oficialismo: la Provincia de Buenos Aires y Mendoza. También Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro rechazaron la posibilidad de afrontar el bono con recursos propios. Córdoba, San Luis, Misiones, Salta y San Juan han dicho que sí lo pagaran. La posibilidad de que el gobierno nacional aportara los fondos para realizar dicho pago, fue descartada de plano por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien sostuvo que “no nos vamos a meter en las paritarias de ninguna provincia”.
Buenos Aires: sin plata para el bono, pero sí para Angelici
La mayor preocupación para el gobierno vino desde el distrito bonaerense. La gobernadora María Eugenia Vidal salió en varias oportunidades en los últimos días a manifestar que “no hay plata para pagar el bono de fin de año”. “No hay más cuero para eso”, afirmó el miércoles, rechazando la posibilidad de que la provincia aporte recursos para que los 600 mil empleados públicos de la provincia reciban 2.000 pesos adicionales.
Lo curioso es que estas declaraciones de Vidal sobre la falta de recursos ocurrieron a pocos días de que su administración decidiera dar marcha atrás con el incremento del impuesto a Ingresos Brutos para el sector del juego. Esta marcha atrás de lo que había sido una de las promesas de campaña de la gobernadora, fue tomada como resultado de un intenso lobby de Daniel Angelici, presidente de Boca, amigo de Macri y uno de los principales bingueros de la provincia.
La decisión de no aumentar los impuestos al juego tiene un costo fiscal estimado para las cuentas provinciales de 1.500 millones de pesos. Para pagar el bono a todos los estatales bonaerenses serían necesarios 1.200 millones. “Cuero” hay, pero pesan más las amistades presidenciales y el reclamo de los bingos.
Una discusión de 6 mil millones de pesos
Los trabajadores públicos en todas las jurisdicciones del país son 3,9 millones, de los cuales el 19 % trabaja en el Estado Nacional, mientras que el resto se reparte entre provincias y municipios. Si excluimos los trabajadores de las reparticiones que manifestaron contar con recursos para afrontar el pago del bono de fin de año, los fondos que faltan en las arcas provinciales son de 6 mil millones de pesos.
Nación podrá escudarse en que no le sobran fondos tampoco como para realizar su aporte; pero en el primer semestre de este año afrontó un costo que cuadruplica este monto, por la decisión tomada en diciembre de quitar retenciones para todas las exportaciones de granos, y bajarlas a 30 % para la soja. Por este motivo dejó de recaudar 24 mil millones de pesos entre enero y junio. Cambiemos se apuró para realizar este recorte, mientras que los trabajadores que pagan Ganancias todavía siguen esperando la modificación en las escalas. El gobierno de los CEO siempre pide paciencia, pero sólo a los trabajadores. Para cobrar el bono ¿Tendrán que esperar los empleados públicos hasta diciembre… de 2017?
La CGT, durmiendo la siesta
Mientras se conocía estas novedades, ayer el el consejo directivo de la CGT aprobaba el acuerdo con el Gobierno por el pago de un bono de fin de año para trabajadores del sector público y privado que tendrá un “piso de 2.000 pesos”, por lo que cada gremio y jurisdicción negociará a partir de esa suma. Como si ya de por sí no fuera irrisorio el monto en discusión cuando la pérdida salarial acumulada por cada trabajador promedia los 11 mil pesos según estimaciones de este diario, ni siquiera amagan a tomar la más mínima acción ante la evidencia cada vez más abrumadora de que sólo un sector muy minoritario de trabajadores podría recibirlo.
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