Aquellas mujeres que por su rol asignado en esta sociedad que cuidando familias ajenas dejando de lado la propia para llevar el sustento diario, ya que son ellas las que mantienen muchas veces a sus familias de lo contrario no habrá para comer.
Lunes 31 de agosto de 2020
Una triste realidad están viviendo las trabajadoras de casa particular producto de la crisis sanitaria. Dada la difícil situación económica que viven miles de chilenos y chilenas, muchas de estas trabajadoras han sido despedidas, porque sus empleadores no tienen cómo pagarles, otras no pueden acudir a su trabajo por la cuarentena, situación que las lleva a esperar que su empleador “de buena voluntad” continúe pagándoles su sueldo o al menos sus cotizaciones, otras han optado como última medida transformarse en empleadas puertas adentro, pero esto las privaría de ver a su familia por largos períodos de tiempo. Según cuenta Luz Vidal, dirigenta sindical de trabajadoras de la casa particular, la mayoría de estas trabajadoras eran las encargadas de sostener sus hogares, pero hoy muchas de ellas se encuentran cesantes sin ayuda del Estado y desprotegidas por la ley.
“Son mujeres trabajadoras que todos los días salen a trabajar, que todos los días se levantan a las 5, 6 de la mañana, dejan a sus hijos con comida hecha y salen a buscar el pan de cada día, ¡el pan de cada día!, si ellas no trabajan, no tienen el pan en su casa. Esa es la realidad en la que nos encontramos en la pandemia”, dijo Luz Vidal, dirigente sindical.
“Esta situación es especialmente compleja porque, en primer lugar, fueron las primeras trabajadoras en estar más expuestas al contagio, al trabajar en el sector oriente de la capital y/o con personas que podían venir contagiadas desde el exterior”, señaló la socia de la Comisión Laboral de la asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Carol Ortiz Romo. Aparte, la abogada comentó que “las trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales (Sintracap), han denunciado irregularidades laborales, como el cambio de modalidad de trabajo, donde se les ha obligado a trabajar puertas adentro en una especie de “confinamiento forzoso” (con la posible sobrecarga de trabajo que ello implica), han recibido amenazas de despido o simplemente se les ha suspendido de “facto” sus vínculos laborales, y digo esto último porque más de la mitad de las trabajadoras que realizan estas labores lo hace de manera informal, es decir, sin contrato de trabajo ni mucho menos cotizaciones previsionales, por lo que en esta crisis sanitaria han quedado completamente a la deriva”.
14.105 de estas trabajadoras debieron acogerse en los últimos meses a la Ley de Protección del Empleo siendo que tiene solamente derecho al seguro de cesantía a todo evento de un 4.11% mensual siempre que su empleador cotice un año completo, cifra mucho menor al resto de los trabajadores debido a la alta rotación de sus puestos de trabajo y a las lagunas en sus cotizaciones ,sin tomar en cuenta que solo un 48% trabajan con contrato formal y más de 180 mil trabajan informalmente sin ninguna protección laboral siendo las primeras suspendidas de sus labores al comienzo de la pandemia.
El Sintracap (sindicato de trabajadoras de casa particular) vigente desde 1947, una de las primeras y más antiguas organizaciones sindicales de América Latina ,con su actual presidenta Luz Vidal, asumida hace solo cinco meses, hace un llamado a sus asociadas dónde las insta a defender sus derechos por los cuales muchas otras mujeres trabajadoras del gremio han luchado exigiendo a su empleadores y a la autoridad actual rentas básicas de emergencia y establecer que las trabajadoras pasen a formar al común de los trabajadores en cuanto al seguro de cesantía propiamente tal.
Hay que avanzar a la prohibición total de los despidos y con carácter retroactivo, y a su vez a garantizar un salario de emergencia igual a la canasta básica familiar.
Estas son medidas básicas que deben ser parte de un programa de conjunto que plantee que la crisis la paguen los grandes empresarios, integrando entre otros aspectos la renacionalización del cobre y de los recursos naturales, bajo gestión de sus trabajadores y comunidades para financiar todas las urgentes necesidades de las mayorías trabajadoras.