
Ruth Werner @RWlaruta99
Jueves 23 de octubre de 2014
En una columna publicada hace ya unos años el escritor Osvaldo Bayer recordaba al primer mártir obrero caído por las ocho horas de trabajo. Allí denunciaba que “por algo será” que el nombre de Juan Ocampo fue silenciado. "Nunca su nombre salió en tapa”, decía el escritor contando la vida de “ese marinerito de dieciocho años” que “cayó bajo las balas ordenadas por Julio Argentino Roca. Balas cobardes, de toda cobardía, contra una manifestación obrera libertaria”. Juan Ocampo no sólo peleaba por las 8 horas sino también contra una de las leyes más reaccionarias que hayan existido en la Argentina, la ley de Residencia, impulsada por el mismo Roca, votada en el Congreso Nacional y redactada por el famoso escritor de Juvenilia, Miguel Cané, un conservador ultrarreaccionario. Decía Bayer respecto a esa ley, una herramienta clave para perseguir a la clase obrera, a los anarquistas y a los comunistas, que era “Una ley de extrema crueldad. Esa crueldad estaba en que se expulsaba al obrero extranjero de ideología “anarquista” pero se dejaba aquí aislados y sin medios a su mujer y a sus cuatro o cinco hijos, como se tenían en aquel tiempo”. Allí se habilitaba en su artículo 2º a deportar sin juicio a los extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”.
El 21 de octubre pasado en uno de sus habituales discursos por televisión, Cristina Kirchner anunciaba un proyecto para reformar el actual Código Procesal Penal. “El Código Berni” titulábamos en Izquierda Diario para señalar la paternidad intelectual de esta reforma que, “por algo será”, fue aplaudida por Massa y Macri. El tigrense había declarado “no podemos ser tibios. Apoyo un proyecto que nos permita expulsar a aquellos que vengan a la Argentina a delinquir” (Clarín 1/9/14)” y el porteño, se había sumado al coro en el mismo tono diciendo que estamos ante una “inmigración descontrolada” .
El proyecto para reformar el Código abre una crisis (¡otra más!) dentro del progresismo kirchnerista. Desde Carta Abierta podrán escudarse diciendo (por ahora están mudos) que la ley no está hecha, como a principios de siglo pasado, para expulsar militantes de izquierda o perseguir trabajadores. No se trata de acabar con el “peligro ácrata” o “rojo” sino, siguiendo a la presidenta, dirán que es para perseguir a un nuevo tipo de delincuencia ligado al narcotráfico. Lo cierto es que el proyecto presentado posibilita expulsar a los “extranjeros que cometen delitos” e impedirles que vuelvan por 15 años. Al quitarle el derecho a juicio y proponer deportarlos directamente, los ubica directamente en condición inferior a cualquier ciudadano nativo, lo que abre las puertas a demonizarlos, cuestión que puede hacer cualquier juez, policía, este gobierno o los que lo sucedan. No podemos olvidar, además, que el hecho fundante de la reforma del código, cuando el ex carapintada Sergio Berni lanzó la idea, fue en el medio del violento accionar conjunto de la Metropolitana y la Gendarmería para desalojar 500 familias sin techo en el asentamiento Papa Francisco, operativo que tuvo como excusa desbaratar una banda de narcos y encontrar a los asesinos de Melina López.
El último censo realizado en 2010 indica que en la Argentina viven poco más de 1.800.000 extranjeros, el 4,5% de la población. Los datos estadísticos demuestran que la asociación de inmigración con delito, además de fomentar la xenofobia, es falsa. El mismo director nacional de Migraciones, Martín Augusto Arias Duval, decía en una entrevista realizada por Miradas al Sur que “la población extranjera en las cárceles no debe superar el 10% (…) es una ínfima proporción en relación con la población carcelaria total”.
La situación social de los inmigrantes en nuestro país sigue siendo, en su gran mayoría, la de una población trabajadora condenada a la pobreza. Allí donde están los trabajos peores pagos, en la construcción, en la cosecha de fruta y verduras, en el servicio doméstico, en la industria textil, allí están los inmigrantes. Sufren además la discriminación por ser extranjeros. El gobierno que discursea sobre la hermandad de la "Patria Grande" ahora quiere echar por la ventana a los hermanos de clase de Sudamérica. Con esta ley el kirchnerismo, abre las puertas a una mayor xenofobia y allana el camino de los manoduristas. La lucha por plenos derechos para los inmigrantes tiene que ser alzada como bandera .