El Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez cumplió 100 días este 15 de noviembre. Mientras tanto nada ha cambiado en Colombia. De gatopardismo a transformismo “constreñido”, son algunas de las definiciones que circundan alrededor del nuevo presidente, que hasta el momento sus políticas no han constituido más que el puro continuismo aludiendo apenas a tímidas reformas. La Colombia históricamente desigual sigue su rumbo mientras las expectativas continúan en un gobierno que durante todo este tiempo poco ha significado en cambios concretos para las grandes mayorías trabajadoras, populares y la juventud que protagonizó el bienio de revueltas del 2019-2021. De la aceptación de las reglas del FMI, la continuidad de la administración pura y dura de un Estado capitalista subordinado al imperialismo, al reconocimiento de la pertenencia como socio de la OTAN y la presencia militar gringa en el territorio neogranadino, bajo una nueva narrativa con gestos de reformas, esto es lo que desarrollamos en el presente artículo.

El pactismo y los tiempos gubernamentales

Si bien Gustavo Petro en su campaña electoral hablaba de un “acuerdo nacional” en caso de ganar las elecciones, al llegar a la casa de Nariño lo que terminó sorprendiendo es que ampliara casi al extremo tal “acuerdo”, que se ha expresado en la coalición parlamentaria y la entrega de ministerios claves a estandartes del establishment político tradicional. La actual coalición parlamentaria de gobierno de Petro como parte del “Acuerdo Nacional” es prácticamente calco y copia de la “Unidad Nacional” durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Es una nueva concertación, aunque sin bases sólidas, que se ha puesto en marcha, que apenas excluye a la extrema derecha nucleada alrededor del Centro Democrático (como la de Santos excluía al flanco izquierdo), pero en constantes negociaciones, como las que mantiene Petro en sus reuniones con Álvaro Uribe. Una coalición donde todo es negociado y se ha configurado todo un “pactismo” en nombre del pragmatismo y el posibilismo en la que se centra toda su estrategia política. En este sentido nada nuevo se dimensiona en las alianzas por las “alturas” y con los poderes económicos y sociales dominantes, donde se reciclan las formas tradicionales de la política colombiana. Petro el pragmático, el que gobierna negociando, el habermasiano del discurso, son también definiciones que le dan los más múltiples analistas políticos, adaptándose más y más a las reconfiguraciones del poder y del mantenerse en el “redil”, arrancando tímidas concesiones que no cambian nada.

En el gabinete de Petro, todos los sectores de los partidos tradicionales que ofrecieron su apoyo en las presidenciales obtuvieron su cuota y se amplió luego más aún tras los acuerdos parlamentarios. Solo a manera de ejemplo, el Partido Liberal [1] es el ganador con cuatro de los principales ministerios: Hacienda, Justicia, Agricultura y Vivienda; mientras el Partido Conservador [2] obtiene Cancillería y Transportes. El Partido de la U [3] se queda con nada menos que el del Interior y podríamos incluir, por su relación como ministro del gobierno de Santos a Alejandro Gaviria en Educación. El Ministerio de Hacienda es el más importante de un gabinete porque allí se define la viabilidad económica de las políticas de los demás ministerios, para el cual fue nombrado el economista José Antonio Ocampo, quien fue ministro de agricultura del gobierno neoliberal de César Gaviria, director de Planeación Nacional y Ministro de Hacienda del gobierno de Samper y codirector del Banco de la República en el gobierno de Santos, considerado un allegado a Joseph Stiglitz.

Ocampo viene a darle la cara de la aceptación por parte de Petro de la “institucionalidad neoliberal” en lo económico como llaman a la Constitución de 1991 estudiosos como el economista Daniel Libreros de la Universidad Nacional de Colombia, que ha venido a constituir una “carta de navegación de su proyecto político en lo que viene insistiendo”. Una constitución que “oficializó la normatividad neoliberal en el país en temas claves como la internacionalización de la economía de mercado, la privatización de los servicios públicos, la inclusión de la salud y la educación en el catálogo de servicios transnacionales, la consolidación de una tecnocracia asociada a la tecnocracia internacional que define los planes de desarrollo y la política fiscal así como las garantías de pago a los inversionistas de portafolio. Más aún, esa constitución no es tan solo neoliberal: es monetarista”, enfatiza Libreros.

De allí la aceptación de las reglas y exigencias macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte de Petro: “Yo me comprometí ante el FMI a reducir el déficit” sostuvo en una entrevista el 14 de mayo con el diario El Tiempo. Y las exigencias del FMI, como sabemos, no se reducen al déficit fiscal, pero sí permiten garantizar fondos para pagos de deuda externa. “El Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró las garantías políticas que brindaron los candidatos presidenciales para aprobar la semana pasada un nuevo acuerdo de dos años con Colombia en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por 9.800 millones de dólares” relató la agencia EFE por el mes de mayo, o más enfáticamente, como lo afirmara el jefe de misión para Colombia del organismo, Hamid Faruqee, “el fondo también consideró las garantías políticas de los candidatos, los compromisos políticos en el sentido de que habría política de continuidad, de mantener los marcos de políticas sólidos”. Así, “el FMI se sintió tranquilo con esos compromisos, esas declaraciones”, agregó el representante del organismo multilateral en su momento.

Fue por ello que para rubricar estos compromisos se escogió a un personaje del mundo de la tecnocracia económica en el cargo de Ministro de Hacienda como Antonio Ocampo, quién declaró que “el gasto social tiene que aumentar, pero cumpliendo la regla fiscal”. Las explicaciones sobran. Por ello es que la totalidad de los grupos económicos aplaudieron el nombramiento y abrieron las puertas a negociaciones sectoriales, y así hemos ido observando cómo las distintas reformas como la tributaria y otras, se van acoplando a las exigencias y acuerdos con los grupos tradicionales. En el marco de todo esto es que Petro no ha cuestionado en lo más mínimo los tratados de libre comercio con Estados Unidos, ni siquiera renegociarlo, “allí estamos” suele decir, y de la deuda externa ni se diga, se continuará con los mecanismos de siempre y los pagos oportunos.

Así el “progresismo” colombiano se acomoda a los poderes fácticos, a la derecha y se ciñe a la institucionalidad existente, mientras que a los de abajo, a la “potencia plebeya” que reclama por la deuda social e histórica en Colombia, les pide tiempos gubernamentales, cuando no se los confronta, como ya se refleja en el conflicto en el campo, como veremos más adelante. Pero la protesta social y la insubordinación expresada en las revueltas que conforma el horizonte de resistencia y rebelión de los de abajo siguen latentes. Esta es la tensión del gobierno del pacto histórico, el del gran “acuerdo nacional”, siendo que los tiempos con los oficialismos del primer ciclo posneoliberal difieren con los del llamado “progresismo tardío”, más aún cuando vienen más adaptados. Pero sobre todo porque las coyunturas económicas internacionales no son muy favorables, donde soplan vientos inflacionarios generados por economías de países centrales que ya golpean en Colombia, una dependencia externa que lo limita para desarrollar políticas sociales y económicas que puedan darle sustentabilidad a su base de apoyo.

De la continuidad como “socio de seguridad número uno en la región”

Colombia ha sido y es “aliado estratégico” de Estados Unidos y lo viene siendo como “socio global” de la OTAN. ¿Cambia esta condición con la llegada de Gustavo Petro? No hay señales que indiquen un cambio en esta orientación. Estados Unidos se ha asegurado que no habrá transgresión de sus intereses estratégicos mayores, dando algún margen de actuación al gobierno de Petro, lo que algunos analistas definen como la habilitación de una “política exterior controlada”. Pero Gustavo Petro empieza a dotar con otra narrativa la noción de “aliado estratégico”, pues lejos está Colombia bajo el nuevo gobierno de poder cambiar ese estatus y situación.

Así, en su reciente discurso en la ONU, donde si bien realizó críticas a la OTAN por su rol en el conflicto de Ucrania, pocas horas después Petro mantenía una reunión con el secretario general de la propia OTAN, Jens Stoltenberg, la que calificó como un “fructífero encuentro”. Luego en una entrevista afirmó que “la conversación con la OTAN de la cual somos miembros, no sé, un estatus rarísimo ahí, pero ahí estamos metidos”, ratificando su pertenencia. En otras palabras, sin la más mínima insinuación de tensión a una relación fuertemente cuestionada en el continente en toda la etapa de los gobiernos que le precedieron, al mismo tiempo que legitima la presencia estadounidense en Colombia con todas sus bases militares.

Por increíble que parezca, afirmó que la continuación de la presencia en la OTAN era un “cambio completo en lo que siempre ha sido la ayuda militar estadounidense”, en alusión a que había conseguido “la primera unidad militar, con helicópteros Black Hawk, que será la primera unidad más que militar, policial, de apagar incendios en la selva amazónica”, que no deja de sonar extravagante. Así, invita a las fuerzas militares de EE. UU. y la OTAN a la Amazonía con el pretexto de que la maquinaria de guerra imperialista podría reutilizarse como “policía” destinada a proteger el medio ambiente en lugar de la vieja artimaña de la guerra contra las drogas. Si ya era cinismo argumentar que el gran despliegue militar (¡nueve bases!) se utilizaba para el supuesto combate a las drogas, es sumamente grotesco ahora hacerlo con lo del ambientalismo y del cuidado de la región amazónica. Más aún la idea original ni siquiera sale de Petro, sino que está contemplada en la nueva política de la propia OTAN que considera que los “cambios ambientales resultantes del cambio climático tienen un impacto directo en nuestra seguridad compartida” (refiriéndose a sus miembros) como puede leerse en la propia página oficial de la Alianza Atlántica, a lo que algunos analistas buscan definir más bien como la militarización del ambientalismo.

Así se va construyendo la nueva narrativa de Petro, donde tal presencia de la OTAN con la maquinaria de guerra, pasa a ser más “policial” que “militar” para un país que desde 2017 se convirtió en uno de los socios globales de la OTAN y desde el 10 de marzo en un “aliado importante fuera de la OTAN” de los EE. UU., lo que le da a Colombia acceso especial a los programas militares. Como si esta Alianza Atlántica no estuviera involucrada en Europa del Este en guerras como en Ucrania, y redoblando toda una política expansiva a nivel intercontinental. Inverosimilitud aparte.

Las bases militares estadounidenses seguirán y se continuará cooperando bajo el gobierno de Petro, tal como se ratificó también durante los recientes ejercicios militares que se realizaron del 26 de agosto al 11 de septiembre, entre militares estadounidenses y colombianos. Durante este período, la General del Ejército de los EE. UU. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los EE. UU., realizó una visita de cinco días para reunirse con el presidente colombiano. De acuerdo a un reporte del Comando Sur de EE. UU. en su sitio oficial se afirmaba que “La general se entusiasmó con nuestro socio de seguridad número uno en la región, y describió a Colombia como el ‘pilar de todo el hemisferio sur’. ‘Realmente aprecio venir aquí a Colombia… nuestro socio de seguridad número uno en la región, y poder ver las fuerzas militares’, dijo Richardson en La Macarena, en el centro de Colombia”. En mayo, poco después de que Estados Unidos designara a Colombia como un importante aliado fuera de la OTAN, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que esta designación refleja “la profundidad y amplitud de la relación de seguridad y asociación de defensa de nuestras naciones”. Y en marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Colombia es el “‘pilar’ de todo el hemisferio sur y un socio esencial”, manifestó Richardson a estudiantes de una escuela militar colombiana. Como vemos, lejos está la narrativa petrista de llegar siquiera al gesto de Correa que en Ecuador hizo retirar la base militar estadounidense de Manta, quien por otra parte mantuvo la dolarización de la economía impuesta por gobiernos neoliberales que le antecedieron. Antiimperialismo “alcarajo”.

Una “reforma agraria” con compra de tierras a usurpadores

No había transcurrido ni un mes de asumir cuando Petro, incluyendo a la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Agricultura Cecilia López del Partido Liberal, se plantaron ante los medios a tildar a las familias que estaban recuperando tierras “a lo largo y ancho del país” de “invasores violentos”. Las ocupaciones de tierras era el primer dilema social, como parte de una demanda estructural, con el que se enfrentó el gobierno. Pero las primeras declaraciones sonaron a las viejas amenazas, se llamó al “respeto a la propiedad privada”, llegando incluso a dar ultimátum de 48 horas a las comunidades para que “salgan de los predios”. “Ni Uribe, ni Santos, ni Duque nunca nos dijeron tienen 48 horas” sostuvieron integrantes los del pueblo nasa cuando reclamaban por sus tierras. La orden de desalojo pretendía cortar de cuajo los múltiples conflictos por la tierra que existen y comenzaban a desarrollarse en Colombia.

El caso de la comunidad indígena de Emberá fue otro claro ejemplo, que fue violentamente reprimida en Bogotá durante la tercera semana de octubre durante sus protestas, tratándose de que han sido despojados de sus tierras durante el conflicto armado y reclaman sus derechos, viviendo hacinados en la ciudad, moviéndose por diferentes sitios, a espera de una solución a sus demandas. Pero esa fue la respuesta tanto del gobierno nacional como la alcaldía de Bogotá. La esperanza era que el nuevo gobierno los ampararía, buscando acelerar el proceso por abajo, pero la respuesta a los campesinos, pueblos originarios y afrodescendientes que recurren a sus propios métodos de lucha de manera directa viene siendo la amenaza y el portazo.

Es que la impaciencia en el campo está más que presente, en un país que en lo que dice respecto a la propiedad de la tierra tiene uno de los índices de inequidad más altos del mundo. Según un estudio realizado por Oxfam para 15 países de América Latina, el 1 % de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño concentra la misma extensión que el 99 %. De acuerdo a los últimos datos, en Colombia el resultado es aún más dramático: el 1 % ocupa 81 % de la tierra, mientras el 99 % ocupa tan solo el 19 %. De otra parte, los predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Mientras tanto, las explotaciones de menos de 10 hectáreas representan el 81% del total, pero ocupan apenas el 5% del área, con un tamaño promedio de 2 hectáreas.

Es que el continuado aumento de acumulación de tierras por parte de terratenientes y ganaderos se ha dado mediante el despojo violento de campesinos, comunidades rurales y de pueblos originarios, valiéndose del paramilitarismo, la guerra, el desplazamiento forzado y otras formas de apropiación ilegítima de tierras. No en vano el Gobierno ha exigido la devolución de una mínima parte de estos territorios apropiados que fueren baldíos de la nación (como el reciente caso de Álvaro Uribe Vélez), pero dejando en manos de los latifundistas y ganaderos la mayoría de ellos. Pero el nuevo gobierno en vez de condenar a los verdaderos invasores, latifundistas, ganaderos y terratenientes, exige respeto a la propiedad privada, condenando las formas históricas de lucha de los campesinos y pueblos indígenas.

Petro habla de una “reforma agraria” que no es tal y que pretende realizar sin chocar con la clase terrateniente del país, a quién necesitan tener de su lado. Por ello, para llevar a cabo su pretendida “reforma” anunció la compra de 3 millones de hectáreas, que pasaron a ser 500.000 en los cuatro años para su mandato, y para tal compra realizó un pacto con los ganaderos de Fedegan. Esta federación de ganaderos es la que públicamente reconoció que financió a los paramilitares avanzando en el despojo de tierras, y quienes fueron los primeros que se opusieron a cualquier intento de devolver tierras robadas, acusando a los desplazados que reclamaban sus tierras de ser ladrones y usurpadores. Una federación públicamente conocida como los grandes despojadores de la guerra junto a sus paramilitares pues en muchos territorios los paracos fueron el brazo armado de los ganaderos. Pero Petro lo señaló como un “acuerdo histórico”.

Si por un lado se trata de un pacto que no afectará la concentración de tierra en departamentos como Cauca, por ejemplo, donde muchas de las fincas son de una hectárea o menos, incidiendo solo en las zonas donde los ganaderos dominan y donde ellos quieren vender y no donde los campesinos quieren reclamar, por el otro, por el nivel de inequidad, está lejos de resolver la cuestión agraria. Y Petro presenta como gran avance haber recuperado más de 65.000 hectáreas a favor de 26.000 integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes de Cauca y Putumayo, mídase el nivel de inequidad total para ver lo “cuantitativo” de este “avance”.

Por ello es que también los llamados diálogos regionales que impulsa Petro no terminan de ser otra farsa, llamándolos vinculantes cuando no lo son. Hace pocas semanas lanzó los primeros 17 de 48 “diálogos regionales vinculantes” que harán por todo el país hasta noviembre. Se trata de “diálogos” que tendrían tres objetivos: estructurar un Plan Nacional de Desarrollo que supuestamente “cuente con legitimidad y respaldo popular”, pavimentar su estrategia de “Paz total”; y prepararse para las próximas elecciones regionales y locales de 2023. Insisten en que son diálogos vinculantes porque la idea es que las propuestas que surjan se vuelvan ley por la vía del Plan de Desarrollo, pero la realidad no es esa. Para empezar, ya van encuadrados dentro del plan de gobierno de Petro, y no se pueden salir de allí. Pero si tomamos tan solo el ejemplo de la cuestión agraria, nada que decidan en un diálogo regional los campesinos sin tierras, los pueblos originarios, los afrodescendientes del campo, no solo que no tendrá ninguna incidencia, sino siquiera serán oídos, pues iría contra el orden terrateniente, y Petro está lejos de trastocar tal orden imperante.

Aumentos de combustibles y reformas tributarias donde no se pecha a los de arriba

El aumento de los precios del combustible ha causado protestas en países como Ecuador, Panamá, Haití y Perú, pero Petro se ha sumado a los que realizan aumento de los carburantes, haciendo caer el peso en los consumidores en lugar de hacerlo sobre las grandes empresas del sector. Según el ministro de Hacienda, Antonio Ocampo, Colombia necesita “disminuir cuidadosamente los subsidios a los combustibles para reducir el déficit fiscal” sin exacerbar su problema de inflación. “Hay que hacer lo que no hizo el Gobierno pasado, o sea, hay que ir ajustando los precios de gasolina y ACPM (diésel)”, dijo durante una entrevista. Los ajustes que no hizo Duque, por el miedo a más revueltas, hay que hacerlos ahora.

Así se anuncia que el precio de la gasolina se incrementará en el país por cuenta del “déficit de estabilización de precios de los combustibles” que habría dejado el Gobierno de Iván Duque. “El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones (de pesos) por trimestre (unos 2.300 millones de dólares). Es decir casi 40 billones anuales (cerca de 9.200 millones de dólares). Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, explicó en Twitter Gustavo Petro. Para que se entienda, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que depende del Ministerio de Hacienda, se encarga de “estabilizar el costo de los hidrocarburos” pagando a productores e importadores la diferencia entre los precios internacionales y los del mercado interno, es decir, para que no disminuyan sus ganancias y sus márgenes de rentabilidad. Pero como se trata de ajustar, en lugar de apretar las petroleras, ajusta el cinturón por el lado de los consumidores, si tal subsidio disminuye, las grandes empresas lo compensan con el aumento de los precios.

Es que cuando el precio internacional del petróleo sube, el alza no se transmite inmediatamente al precio que paga el consumidor, sino que el fondo le paga a las petroleras y refinerías la diferencia. Pero no ocurre lo mismo cuando el precio internacional baja, no bajan los precios finales, sino que la diferencia (excedente) es apropiada por el Fondo para financiar las empresas a futuro si hay nuevas subas a nivel mundial. Así, donde más que la “estabilización de precios” es la estabilización de las ganancias, pues al final de cuenta el Estado no “subsidia” a los consumidores sino “subsidia” a las grandes empresas, es decir, les entrega dinero del propio fisco, que podría ir para grandes planes sociales. Si empresas como Ecopetrol, que son nacionales, extraen petróleo nacional, usan mano de obra nacional, refinan en territorio nacional, recibe beneficios nacionales, ¿por qué tiene que imponer precios internacionales de los carburantes a los consumidores finales? Si Petro es un gobierno “progresista”, no será pura coincidencia alguna semejanza con alguno neoliberal cuando de apretar se trata.

En cuanto a reformas como la tributaria, para solo poner un ejemplo, que se considera el logro más importante en materia económica en estos 100 días, la administración de Petro busca aumentar los ingresos del Gobierno en 25 billones de pesos (US$5.700 millones) en 2023, o el 1,7 % del PIB, que al final quedó en 20 millones luego de las negociaciones, durante la campaña había dicho que sería de 50 millones (aquí alardeaba que los ricos serían pechados). El sistema tributario colombiano desde hace muchos años es un sistema tributario regresivo, construido a favor de los sectores pudientes, sustentado en múltiples impuestos indirectos como lo es el IVA entre otros o directos cuando se pecha a asalariados medios, incluso a clases medias. Aunque Petro se ha sentido satisfecho porque se aplicaron tibias medidas tendientes a gravar algo a las grandes fortunas, y recortar otro algo a las grandes exenciones de los ricos, los bancos y las grandes empresas, pero no modificó en nada el regresivo sistema tributario de conjunto, incluso hasta al menudeo se negoció la reforma con los importantes grupos económicos. Se trata al fin de cuenta de una reforma tributaria negociada que, tal como lo dice su ministro de Hacienda, “Esta reforma (tributaria) fue apoyada por todos los organismos internacionales, por la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional” (El Espectador, 6 de noviembre de 2022), no son necesarias muchas explicaciones.

Por otra parte, el gobierno propuso un aumento de alrededor de US$2.500 millones a su planteo de presupuesto para 2023, y “se necesita recaudar más si aumenta el gasto social” como dijera Ocampo, cuando en realidad gran parte de lo recaudado será para pagar la deuda externa buscando con ello mejorar lo que llaman “la posición fiscal neta”, que se calcula una partida de 77 billones, una deuda fraudulenta con la que los países imperialistas sojuzgan a decenas de países pobres. Por eso es que el FMI ya se había sentido satisfecho con el compromiso que habían hecho todos los candidatos durante la campaña electoral, que mantendrían la política de continuidad y “los marcos de políticas sólidos”. Petro cumple… al FMI.

Los presos de la primera línea seguirán en las cárceles y la impunidad sigue rampante

En estos 100 días de gobierno Petro sigue en la senda del gobierno de Boric, que de las promesas de indultar a los presos de la revuelta terminó manteniéndolos en prisión. Así sobre el indulto a los presos de la primera línea, quedó en eso, en la promesa y seguirán en las cárceles. No habrá indulto para ellos. En el proyecto de ley de “Paz Total” (tema al que nos referiremos con detenimiento en un próximo artículo), se incluían dos artículos que proponían indultos para los manifestantes de la primera línea y otros judicializados en el marco del paro nacional del 2021. Dichos artículos fueron eliminados luego de una “extensa discusión” a presión directa de aliados del gobierno, y no solo del bloque más derechista, generando protestas en sectores de la juventud.

Aunque las cláusulas para el indulto, incluía a los policías, donde se discutiría caso por caso, ese no fue el problema central, sino los jóvenes de la primera línea. Incluso, los artículos referidos a la ley fueron retirados formalmente a petición de sectores del gobierno nacional, es decir del Pacto Histórico, por la propia petición de los aliados del gobierno. Iván Cepeda, uno de los ponentes de la propuesta legislativa, se pronunció por twitter. “Nuestro gobierno sabe escuchar. Ante diversas voces críticas, hemos retirado del trámite de la ley 418/97 artículos sobre facultades presidenciales relacionadas con sometimiento a la justicia y excarcelación de personas injustamente procesadas por participar en la protesta social”. Vaya que sabe escuchar, a los aliados del establishment, pero no a los millares de jóvenes que exigían y exigen su libertad inmediata.

Lo que le preocupaba a la derecha colombiana era que los jóvenes fueran indultados, pues la idea siempre es castigar y escarmentar para que la juventud no se anime a la revuelta. Una juventud que entró a la política con las acciones de protestas post acuerdos de paz, que se sintió liberada de ese clima de la atmósfera de los cincuenta años previos, del terror del Estado, y que perdieron el miedo para salir a las calles para reclamar por sus demandas, emergiendo en todas las ciudades y pueblos del país, desarrollando grandes acciones para no continuar siendo condenados en la miseria. Para aplacar esa rebeldía es que se les niega el indulto, y con el gobierno de Petro los 211 detenidos del paro de la primera línea tendrán que purgar tiempo en las cárceles del país. Todo esto al compás de que no desmonta los represivos Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), y los terminará manteniendo, aunque capaz maquillados, como organismo de represión a la protesta obrera, popular y social, abandonando la exigencia de la juventud y una de sus promesas de campaña.

Tampoco nada ha cambiado con la impunidad y el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos continúa en la misma situación. Un total de 162 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va del año, de acuerdo a Indepaz, a lo que se suman 36 firmantes de los acuerdos de paz y ex combatientes de las FARC. En cuanto a masacres se contabilizan 87 con 274 víctimas en el mismo período siempre de acuerdo al informe de Indepaz hasta el 31 de octubre. Es decir, una situación que no ha parado en los más de tres meses que lleva Petro en el Gobierno.

Los tiempos de la “impaciencia” subalterna

Como podemos ver en este recorrido donde solo tomado algunas cuestiones centrales sin entrar en otras políticas que aún están en proceso en el gobierno, el “progresismo” de Petro no es más que el travestismo político o dicho de otra manera, de un gatopardismo donde se alude que es preciso que algo cambie para que todo siga igual. Si bien Petro ha venido tejiendo su política a lo largo de los años ejerciendo cargos públicos desde alcalde a senador, acumulando “experiencia” a diferencia del advenedizo chileno Boric, también su llegada al gobierno fue catapultado por las revueltas del bienio 2019-2021 tal como en el caso de Chile.

Al momento Petro se siente confiado por las encuestas recientes. Dos de las encuestadoras consideradas más serias, lo evalúan en cuanto al apoyo que tiene, la primera (Invamer, 49,7 %) es menos optimista que la segunda (CNC, 62 %), y denota una tendencia a la baja de 16 % desde el comienzo del gobierno, mientras que la segunda califica una estabilidad en la aprobación. Pero el costo de vida no para de aumentar, pudiendo erosionar más rápido de lo que piensa su nivel de aprobación, pero más aún cuando las grandes expectativas que aún persisten se desmoronen frente a las promesas incumplidas producto de sus pactos y alianzas con grandes sectores del establishment.

Es que el espectro de las masas, y sobre todo la juventud, aún ronda las calles, pues la revuelta se trató de una verdadera explosión social sin precedentes cercanos en un país donde se fueron acumulando tensiones internas a la par del acentuado deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, acelerando todo un proceso que tuvo como resultado la irrupción del movimiento de masas. Allí se llegó a estrechar una alianza obrera-campesina-indígena-juvenil en las calles, como nunca antes se había dado, que llegó a hacer tambalear en su momento no sólo al gobierno de Iván Duque sino al propio régimen político. Ese hastío del pueblo colombiano sigue presente, que ha acumulado años de extrema desigualdad social impuesta por una rancia clase dominante, en uno de los países del mundo que se caracteriza por tener más asesinatos de sindicalistas, dirigentes sociales y defensores de la tierra, de pueblos originarios, ostentado una sangrienta estela de decenas de miles de muertos y desaparecidos.

De allí que su política de “pasivización” en el marco de los grandes pactos con los de arriba e incluso con su subordinación al imperialismo, en un país tan desigual como el chileno, aún está por verse. Por ahora se ha canalizado por la vía electoral, pero el arco de alianzas y coaliciones establecidas con buena parte de los partidos tradicionales no prefigura más que una nueva frustración para el movimiento de masas y la juventud. Más aún en los nuevos tiempos que se están configurando a nivel internacional y en América Latina, a partir del desarrollo de la lucha de clases, alentando la “impaciencia” de los de abajo. Una situación que puede crispar la situación política y dar paso a la emergencia de la fuerza social de la clase trabajadora, junto a una juventud que ya perdió el miedo, que sea capaz de trastocar el orden existente, tomando en cuenta lo hastiada que viene con las décadas de los gobiernos neoliberales.

La lucha por la conquista de las demandas populares que dieron origen a la rebelión social continúa planteada. La clase trabajadora y las grandes mayorías populares, de la juventud, campesinas, indígenas solo puede confiar en sus propias fuerzas tal como ha quedado demostrado en las constantes protestas y no estos desvíos electorales que les presentan. Este es el desafío que está planteado en Colombia. Petro puede “festejar” por ahora sus primeros 100 días, pero la “impaciencia” subalterna se le puede adelantar y no respetar los “tiempos gubernamentales” que se le pide.