El debate laboral se instala dentro y fuera del parlamento

El debate laboral se instala dentro y fuera del parlamento

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados lleva tres audiencias públicas por el proyecto de ley de modernización de las relaciones laborales presentado a fines de diciembre del 2014, contando con el apoyo de todo el oficialismo. Con el correr de las semanas, el debate laboral se ha instalado. En el Parlamento y también fuera de él.

Nicolás Miranda

Primera sesión: de la CUT a los gremios empresariales con rechazos por motivos opuestos

La sesión del lunes 2 de marzo, fue de la CUT y los gremios empresariales -entre ellos la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) y la Confederación Nacional de los Trabajadores del Comercio (Consfecove).
Representando sectores sociales opuestos, coincidieron en algo: las críticas al proyecto del Gobierno. Pero sus críticas son opuestas.

Las críticas empresariales se sintetizan en lo que han llamado un proyecto “pro-sindical”. Entre otras materias, criticaron el fin del remplazo en huelga, la titularidad sindical, la exigencia de un mínimo de 25 trabajadores, y no de 8 como propone el proyecto, para poder constituir sindicatos.
Las críticas sindicales fueron de signo opuesto, puesto que buscan el fortalecimiento sindical. En este sentido, destacaron del proyecto, entre otros puntos, la consagración del derecho a huelga, el fin del remplazo en huelga, el piso en la negociación, la titularidad sindical. Critican que el proyecto del Gobierno trae una letra chica que puede terminar por debilitarlos. Las críticas fueron fuertes, entre ellas, que falta agregar al piso de la negociación colectiva el reajuste de la inflación; que se debe eliminar el plazo de un año para la implementación de la reforma; que no incluyera la negociación por rama de actividad; la estigmatización de la huelga al hablar el proyecto de ley de huelgas violentas; delimitar la definición de servicios mínimos; la excesiva injerencia en el actuar sindical con los arbitrajes forzosos.

En su segunda sesión, el martes 3 de marzo se hicieron presentes ex ministros del Trabajo. Por la derecha, Evelyn Matthei, y por la Nueva Mayoría Ricardo Solari.

Tercera sesión: el turno de los expertos
La sesión del lunes 9, contó con la presencia de economistas, sociólogos, abogados, de lado y lado.
Del lado empresarial, la economista Andrea Repetto destacó que el proyecto de ley es una oportunidad tanto para la economía como para abrir nuevos espacios de diálogos. Entre otros puntos, abogó por una demanda empresarial de larga data; posibilitar el reajuste de los salarios reales considerando la fluctuación económica para, como argumentan los empresarios, ’evitar que la gente pierda el empleo’, es decir, que los trabajadores acepten rebajas salariales a cambio de no ser despedidos. Un auténtico chantaje. Desde este mismo lado, el Instituto Libertad & Desarrollo, ligado a la UDI, con la economista Cecilia Cifuentes y el abogado Sergio Morales, afirmaron que más que cambios en la legislación laboral, se trata de una reforma sindical que no puede aceptarse. Entre los aspectos que más rechazaron están la titularidad sindical, la eliminación del reemplazo en la huelga, la definición de un piso mínimo en las negociaciones.

Desde el lado de las organizaciones sindicales, participaron distintos Centros de Estudios. Por la Fundación Nodo XXI, el sociólogo Giorgio Boccardo, criticó el proyecto por sus efectos moderados, e inclusive por fortalecer algunos pilares del Código del Trabajo de 1979. Entre otras materias, puntualizó que preocupa la mayor judicialización del conflicto laboral y la norma para garantizar los servicios mínimos universales. Remató con que “es una reforma regresiva para las trabajadoras y los trabajadores de Chile”. Dentro de este mismo lado, la Fundación Sol con el economista Gonzalo Durán y las antropólogas Valentina Doniez y Karina Narbona, estimó que los aspectos positivos del proyecto son aislados, señalando entre ellos la eliminación de grupos negociadores, el reconocimiento de la titularidad sindical, la eliminación de la posibilidad de reemplazar durante la huelga, entre otros puntos. Entre las mayores críticas, destacaron la inexistencia del derecho a la negociación sobre el nivel de la empresa, la falta de reconocimiento al derecho a huelga en cualquier circunstancia que lo determinen los trabajadores, la definición de la huelga como “pacífica”, entre otros puntos.

La rigidez del Gobierno, y las críticas de lado y lado
En una entrevista en La Tercera, la ministra de Trabajo Javiera Blanco afirmó que con este proyecto de ley, “no hay vuelta atrás”. Parece un mensaje a los empresarios que no quieren ninguna modificación.
Pero tiene también un mensaje a los trabajadores cuando afirma a la vez que “el tema de las indicaciones es un debate que vamos a tener en el Parlamento. Lo más importante es que hemos presentado un proyecto integral, sistémico, que cuenta con estos 10 puntos, porque incorporamos el tema de la mujer. En el proyecto, se entiende que una parte se relaciona con la otra, por lo tanto, no es cercenable, es completo, equilibrado”.
Aunque las críticas, no son sólo indicaciones en audiencias parlamentarias.

Las críticas fuera del Parlamento
El martes 10 de marzo, más de 300 dirigentes sindicales se reunieron en el Teatro Camilo Henríquez convocados por el reciente Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS), donde manifestaron un contundente rechazo al proyecto de ley del Gobierno. Su vocero, Manuel Ahumada presidente de la CGT, explicó su rechazó y agregó que convocarían a movilizaciones para el 9 de abril. Ante esto, proponen que se prepararan para hacer demandas “comenzando por lo básico” (como derecho a locomoción, colación y otras demandas). Y que después de conversar, se prepararán para un Pliego de los Trabajadores. Curiosamente, no hablan de exigir un Nuevo Código Laboral, mientras es esto lo que se discute.

Pocos días después, el jueves 12, la Fundación SOL en el auditorio del Centro Cultural Matucana 100, organizó su propio seminario sobre el proyecto de ley con 500 participantes. Los expositores fueron los investigadores de la Fundación SOL, abogados, parlamentarios como Giorgio Jakcson y un representante de Gabriel Boric, además de dirigentes sindicales. El rechazo fue unánime, enfatizando distintos aspectos, como la ausencia del derecho a negociación por rama. No hubo una común propuesta de solución, aunque sonó con fuerza la necesidad de mayor participación. Tampoco se mencionó, como propuesta común, la exigencia de un Nuevo Código Laboral.
El presidente del sindicato empresa Komatsu Reman William Muñoz, y miembro de la agrupación Alternativa Obrera, entrevistado por La Izquierda Diario Chile, comentó que desde su sindicato están impulsando una campaña por un Nuevo Código Laboral con una serie de Talleres sindicales en distintas Regiones como Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Temuco, Puerto Montt, una Declaración con más de 40 sindicatos adherentes, el Festival de Teatro Escena Obrera que comenzará a fines de abril, el Torneo de Fútbol organizado por el Club Deportivo Unión Obrera Juan Pablo Jimenez con un octogonal por un Nuevo Código Laboral.
Una efervescente actividad sindical que se despliega fuera del Parlamento, y que compromete el debate parlamentario de limitarse a audiencias sordas a las demandas de los trabajadores.