Actualidad. El derecho al aborto es el derecho a la salud de las mujeres

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNDA) fue presentado en el Congreso por sexta vez consecutiva el 30 de junio del 2016. La primera vez fue hace 13 años.

Aborto legal, una cuestión de salud pública

En 2012 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal (EPU), señaló la dificultad en el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva como uno de los principales problemas de la situación de los derechos humanos en la Argentina, destacando el tema de la mortalidad materna, que se sostiene desde hace más de dos décadas y cuya causa principal son las abortos realizados en condiciones inseguras y clandestinas.

Como sostiene en sus fundamentos el proyecto de la CNDA “las complicaciones relacionadas con el aborto son la primera causa de muerte materna y de esta manera se vulneran derechos fundamentales tales como: acceso a la salud, derecho a una vida sana y plena, derecho al ejercicio de la autonomía y autodeterminación sobre el propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción”.

Se estima que en Argentina se efectúan entre 460.000 y 600.000 abortos por año y más de 300 mujeres jóvenes y pobres pierden la vida a causa de la clandestinidad y las condiciones inseguras a las que deben someterse para su práctica. Esta situación muestra como la condición social de las mujeres arrasa con sus derechos a la vida y la salud. Por eso, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito no sólo es un derecho inalienable a decidir sobre nuestros cuerpos sino que es garantía de acceso equitativo a derechos humanos básicos.

Esto muestra la política criminal de los gobiernos. En 13 años, el proyecto de ley IVE nunca fue tratado en el Congreso por responsabilidad de los bloques mayoritarios del FpV y el PRO que impidieron el debate e hicieron que una y otra vez perdiera estado parlamentario, primaron las posiciones personales de los legisladores por sobre la necesidad urgente de garantizar la salud sexual, poniendo en vilo la vida de las personas con capacidad de gestar.

En Argentina, la criminalización del aborto llega al extremo de encarcelar mujeres por haber sufrido abortos espontáneos, como fue el caso de Belén en Tucumán, y que sólo 8 provincias contemplen la aplicación del protocolo de aborto no punible, legislado desde 1921 en el Código penal, por la injerencia y presión ejercida desde la Iglesia Católica.

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar

El gobierno de Cambiemos habilitaría el tratamiento de la IVE, pero el proyecto de la Campaña Nacional no solo sostiene la despenalización y legalización del aborto como un ejercicio del derecho humano a la salud, sino que parte de un lema primario: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Sancionada en el 2006, la ley de educación sexual integral nunca llegó a implementarse de manera real, efectiva y uniforme en los establecimientos educativos públicos o privados y bajo el gobierno macrista fue uno de los primeros programas en ser desfinanciado y desmantelado. Esto muestra el oportunismo del anuncio de Cambiemos en un país donde cada 28 horas una mujeres es asesinada por el solo hecho de ser mujer y donde un tercio de las muertes maternas son consecuencias de abortos sin condiciones sanitarias adecuadas.

Otra política pública a la que no se le destina el presupuesto necesario es el reparto efectivo de anticonceptivos gratuitos en todos los centros y hospitales públicos, datos de Unicef muestran que el 15 % de los partos registrados por año son de adolescentes y esta tendencia se mantiene estable hace más de una década.

Ninguna de estas políticas de salud pública ha estado en el centro de la agenda los gobiernos nacionales y provinciales, su escasa aplicación y la falta de presupuesto asignado para su implementación menoscaba nuestro derecho a tener las herramientas para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.

8M redoblar la movilización en las calles

El paso dado en instalar estas temáticas no es aun el acceso a los derechos que nos faltan . La instalación del debate sobre la despenalización y legalización del aborto legal, seguro y gratuito es producto de la organización y movilización de años de las agrupaciones de mujeres y del movimiento LGTBI. El proyecto de la campaña señala en su Artículo 10°: Quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la ley de identidad de género n° 26.743. Pone así a la luz otra tema tabu del debate sobre la sexualidad, los cuerpos gestantes , el embarazo en los hombres trans.

Desde Pan y Rosas sostenemos que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es un tema de salud pública, grave, urgente, que nos afecta a todos y su prestación debe estar libre de obstáculos médicos, burocráticos o judiciales y exigimos que su práctica se ejerza en los hospitales públicos para que su acceso no quede vedado a las mujeres pobres.

Como sostiene en sus fundamentos el proyecto de la campaña, “el Estado debe garantizar un acceso real y equitativo al derecho a la salud para todas las mujeres sin permitir que se generen diferencias según el nivel socioeconómico, de etnia, valores culturales y religiosos, ni edad. De la mano de otras leyes vigentes, como las que aprobaron los programas de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, matrimonio igualitario, fertilización asistida, y de la implementación de políticas de salud reproductiva”.

Durante años nos han mentido diciendo que la sociedad no estaba preparada para debatir, los partidos patronales sostenían que el aborto era “piantavotos”.

Desde el Frente de Izquierda y la agrupación Pan y Rosas acompañamos e impulsamos el proyecto de la CNDA movilizándonos en las calles, en cada lugar de trabajo, en cada Encuentro Nacional de Mujeres, exigiendo su debate en los parlamento. La sociedad esta preparada lo muestran las encuestas y la presencia en las calles durante el pañuelazo, las masivas asambleas de mujeres en preparación para el paro internacional del 8M. Pero debemos seguir movilizadas, ningún gobierno nos ha regalado nada.

No queremos más maniobras ni dilaciones, este 8M exigimos a las centrales sindicales y a las conducciones gremiales que convoquen a un paro activo por todas nuestras demandas: contra la violencia machista, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, contra los despidos y el plan de ajuste de Macri y los gobernadores, contra la criminalización de la protesta y por la libertad de todas las presas políticas.