Genocidio e impunidad. El fiscal Fernández Garello seguirá siendo investigado por crímenes de lesa humanidad

El actual jefe de los fiscales de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, integró durante de la dictadura cívico-militar-aclesiástica la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, la temeraria Dippba conducida por Miguel Etchecolatz.

En un fallo dado a conocer este martes, la Cámara Federal de San Martín ordenó continuar con la investigación que tiene a Fernández Garello como protagonista por la desaparición, secuestro y torturas en perjuicio de tres militantes del Partido Comunista en el año 1981.

En rigor, lo que hizo la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín fue revocar la falta de mérito que había dictado dictó la jueza Alicia Vence en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad.

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Vale decir que la “falta de mérito” no habla de la inocencia (tampoco de la culpabilidad) de un acusado. La jueza Vence se valió de este recurso jurídico, utilizado cuando los magistrados consideran que las pruebas no son suficientes para inclinarse por una u otra sentencia.

Pero los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, dictaminaron que sí hay pruebas suficientes para continuar con la investigación sobre el actual Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, los expolicías Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos y Daniel Cammarota y el militar Jorge Norberto Apa.

Apa fue jefe del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército, ubicado en Campo de Mayo. El 6 de diciembre fue condenado a cadena perpetua por el crimen de la militante del Partido Socialista de Trabajadores (PST) Ana María Martínez, ocurrido en 1982.

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Estos espías y militares, luego de que la Cámara le diera la razón a la querella de la Comisión Provincial de la Memoria, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, serán juzgados por el secuestro y desaparición de los militantes Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, cometidos entre el mediodía del 23 de julio de 1981 y el día siguiente.

El tribunal de la Sala I definió que “las estructuras policiales participaban y colaboraban con el Ejército” en la persecución de opositores políticos, fundamentalmente de “ideología marxista”.

En el escrito del dictamen los jueces plantean, continuando con esa definición, que “se conformó una comisión con personal policial y militar que como ya ha quedado acreditado, entre el 23 y el 24 de julio de 1981, procedió a la detención de Bulacios, Duarte y Seitor en sus domicilios, los trasladó a la Brigada de Investigaciones III de Caseros, donde permanecieron detenidos y fueron interrogados”.

Fernández Garello por esos años era miembro de la Policía Bonaerense e integraba junto a Tresguerras, Ríos y Cammarota la Delegación Regional de Inteligencia III de San Martín (Dippba).

El espía de la bonaerense, tenía como función seguir y marcar militantes de izquierda para que luego los militares los desaparecieran, con la apertura del período constitucional fue reconvertido –como centenares de ellos- y terminó siendo fiscal.
A principios de noviembre recibió una manito del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. La Comisión Provincial de la Memoria acusó al Procurador por haber cerrado un trámite disciplinario que pesaba contra Fernández Garello, por haber trabajado para la Dippba durante la última dictadura.

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Es sabido que cientos de espías, policías o militares, que participaron de la dictadura cívico-militar-eclesiástica hoy continúan en funciones, reconvertidos o no. Es parte del manto de impunidad que otorga el Estado hacia las fuerzas represivas de ayer y de hoy.

El caso de Fernández Garello salió a la luz en noviembre de 2016, luego de que miembros de la Comisión Provincial por la Memoria descubrieran en los archivos de la Dippba su nombre, relacionado directamente con actos propios del genocidio. Hasta entonces, el “doctor” había logrado “reciclarse” al punto de convertirse en su carrera judicial jefe de los fiscales de Mar del Plata. Nada menos.

La lucha y persistencia de familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos independientes de ese Estado es la garantía de tener la posibilidad de llegar a un mínimo de justicia.

Como fue el caso de Ana María Martínez, que con la movilización y la constante lucha sus familiares y compañeros de militancia del PST lograron que el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenara a perpetua a parte de sus secuestradores y asesinos.