Santa Fe. El gobernador Bonfatti, manchado nuevamente por complicidad narco

En la columna del domingo 28 de septiembre de Horacio Verbitsky, publicada en Pagina 12, se dieron a conocer las declaraciones de Ana María Frascona, madre de Medina, y de Silvia Patricia Fuster, madre de Justine, asesinada junto a este jefe narco. Las declaraciones fueron tomadas de la Comisión Investigadora del caso de la Legislatura Provincial del día 16 de septiembre. Ambas afirman que Medina financió la campaña electoral de Bonfatti en el 2011.

Estas denuncias de alto impacto implican gravemente a gran parte del staff político del gobierno provincial. En ellas se ventilan los vínculos entre los principales líderes de las bandas narcos que operan en Rosario con funcionarios políticos, jefes de la policía y funcionarios judiciales.
La denuncia más importante que trascendió es la de los aportes económicos hechos por el jefe narco a la campaña política a gobernador de Antonio Bonfatti. Según las declaraciones de su madre, Medina no habría sido el único narcotraficante en financiar la campaña del Partido Socialista. Los aportes también habrían llegado por parte de Esteban Lindor Alvarado, jefe de la Banda de los Rosarinos, de la conocida Banda de los Monos, y del narco apodado Francés, traficante paraguayo que maneja el negocio de la venta de marihuana. Esta información estaría contenida, según Frascona, en la notebook de Medina que allanó la Policía Santafesina el mismo día del asesinato, en una medida que generó gran controversia. El contenido de la misma fue eliminado por el back up realizado sin autorización judicial por parte de los funcionarios del Ministerio de Gobierno de Rubén Galassi, Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y el subsecretario de Tecnologías, respectivamente.
Como informamos desde La Izquierda Diario, Galassi alega que el pedido de intervención sobre el contenido de la computadora fue realizado desde el Ministerio de Seguridad, dirigido por Raúl Lamberto y desde el Jefe de Unidades Especiales, el comisario Guillermo Morgans, posteriormente asesinado. Todos ellos fueron denunciados por manipular la evidencia, con una presunta intención de bloquear información que dañaran severamente la imagen del gobierno provincial, ya que se revelaría el vínculo oficial con los jefes del narcotráfico. En este sentido, según Frascona, el asesinato del Morgans responde al hecho de que el comisario habría accedido a información que comprometía a funcionarios del gobierno provincial. Esta versión ya había sido difundida por el PTS en el Frente de Izquierda, y otros sectores políticos. El gobierno provincial, por el contrario, rápidamente trató el caso como un “caso de inseguridad”.

Según el relato de la mujer, a su hijo Luis Medina “lo mandaron a matar desde arriba”. El ajuste le fue asignado a la Banda de los Rosarinos, y Frascona dice que contó con la connivencia policial. A metros de donde ocurrió el hecho había un patrullero policial. El mismo no se habría movido ni siquiera cuando los sicarios volvieron a disparar por segunda vez al jefe narco.

Por otro lado Silvia Patricia Fuster sostiene que la plata de Medina “iba a parar a los socialistas”. También aseveró que la manipulación de la información contenida en la notebook del narcotraficante y el hecho de que borraran todos los contactos del celular allanado del mismo, respondería al intento de ocultar los contactos entre Luis Medina y los funcionarios provinciales. Las denuncias apuntan directamente al alto funcionario Galassi.

Los dichos de Frascona, sin embargo, también salpican a sectores del peronismo provincial. Según ella, la jueza a cargo de la causa, Alejandra Rodenas también habría tenido vínculos con su hijo. El lugar de sus encuentros sería la casa del dirigente peronista Luis Rubeo (quien fue diputado y senador nacional) compañero de militancia de Rodenas. Actualmente su hijo es presidente de la Legislatura Provincial y alto referente K.

Las declaraciones de ambas mujeres abren una nueva etapa en la crisis política del gobierno provincial. Las pruebas que evidencian el profundo vínculo entre el narcotráfico, el gobierno provincial y la policía santafesina se acumulan e involucran cada vez a más sectores de la política y la justicia santafesina. Resta ver la respuesta del gobierno de Bonfatti, y también de sectores del peronismo provincial, ante la magnitud de la información develada. Hasta ahora la respuesta fue el encubrimiento.