En otra muestra más de autoritarismo y desprecio por las necesidades del conjunto de los trabajadores de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales anunció el tan esperado complemento salarial.
Martes 20 de diciembre de 2016 09:21
En la jornada de ayer, en un rimbombante acto en la localidad de El Talar al que el primer mandatario jujeño asistió a la entrega de viviendas del grupo empresario Ledesma perteneciente al genocida Carlos Blaquier; y donde además dejó inaugurada la obra de pavimentación del acceso al pueblo y otras obras públicas, se dió a conocer lo que había sido un compromiso asumido con la dirigencia sindical de los trabajadores estatales de la provincia.
El anuncio está muy lejos de las aspiraciones que en su momento habían planteado los tres arcos sindicales, la Intersidical de Trabajadores Estatales (ITE), Frente de Gremios Estatales (FGE) y la Multisectorial. En aquella oportunidad, en la que el gobernador recibió a los dirigentes, estos habían manifestado que el mismo debía ser de un monto mínimo igual a los $5.320. Esta cifra resultaba de una sencilla operación de cálculo teniendo en cuenta el monto otorgado por la anterior gestión del ex gobernador Fellner a fines de 2015 ($4.000) más el porcentaje oficial de la inflación estimada para este año.
De acuerdo a lo informado por el Gobernador, en el mejor de los casos un trabajador cobrará $1.500, si su salario es menos de $15.000.
En tanto, aquellos trabajadores cuyo sueldo oscile entre $15.000 y $20.000 recibirán un bono de $1.000.
Finalmente, y para finalizar la escala, aquellos que perciban haberes por más de 20.000 recibirán $500.
A las claras, una burla más al conjunto de los trabajadores estatales jujeños que se vieron decepcionados por la miseria ofrecida ya que en un primer momento habrían hablado de un monto cercano a lo acordado entre el gobierno nacional y las dirigencias de las centrales sindicales, cantidad que rondaría los $3.500.
El ofrecimiento, que según fuentes oficiales será liquidado sin esperar una contrapropuesta, resulta aún más miserable si lo comparamos con los montos que fueron descontados a los trabajadores en el mes de agosto por ejercer el derecho constitucional a la huelga. Estos últimos llegaron en algunos casos a los $4000. Y la avanzada de criminalización de la protesta no se detuvo con nuevas causas sobre los dirigentes de ATE y trabajadores de la Dipec la semana pasada, como así también continúa la detención arbitraria de Milagro Sala.
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El gobernador Morales cobra 198.000 pesos que desde que se hizo público su recibo nunca pudo desmentir y también sus ministros tienen sueldos de privilegio.
Una muestra más de que recursos hay, todo depende del destinatario. Para graficar la distinta vara con que mide el gobierno sus “prioridades”, podríamos decir que se gastaron millonarias cifras que garantizaron la asistencia de miles de jujeños al fallido “Acto por la Paz”, y ahora se pretende asistir a los trabajadores con una paupérrima cifra.
Este mezquino anunció nos tiene que hacer reflexionar de conjunto a todos los trabajadores estatales exigiendo a las dirigencias sindicales de la provincia de que ya es momento de empezar un verdadero plan de lucha por una digna recomposición salarial y en defensa del derecho a huelga, que esta sea producto de una verdadera mesa de negociación y no de un designio de funcionarios que cobran fortunas comparadas con el salario promedio y en nada se compara con la realidad de la clase trabajadora.
Es momento de iniciar un serie de asambleas en los lugares de trabajo donde los verdaderos artífices, los trabajadores, sean los que tomen en sus manos el plan de lucha y confluyamos en un contundente paro con una multitudinaria marcha provincial a Plaza Belgrano.
