Organizaciones ambientales del estado de Michoacán denuncian al gobierno de Silvano Aureoles por promover la a “Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo”, la cual deja a merced de empresas aguacateras y mineras las Áreas Naturales Protegidas del estado.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Lunes 6 de julio de 2020
Organizaciones ambientalistas del estado de Michoacán advierten que la nueva a “Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo” (LCSAEMO) es un retroceso en materia de conservación ambiental, pues la ley mercantiliza, privatiza y promueve la devastación ambiental.
Activistas y expertos explicaron que jamás en la historia de Michoacán se había presentado una propuesta de ley tan retrógrada y neoliberal en materia ambiental, cuyos principales beneficiarios son los grandes empresarios del agrobusiness y minería, en uno de los estados más afectados por la tala ilegal y el cambio de uso de suelo.
Añadieron que con ello, se desmantela 30 años de pequeños avances en la construcción de instrumentos e instituciones de protección al medio ambiente. Se exige la realización de una consulta amplia, pública e incluyente de todos los sectores de la población previa a la aprobación del dictamen.
Los activistas aseguran que el dictamen que ya está listo en las comisiones de la LXXIV Legislatura, mercantiliza y privatiza la naturaleza, además de que a su consideración, promueve la devastación ambiental, además de que carece del soporte de diagnósticos científicos y técnicos, con dimensión integral y regional, de las problemáticas ecológicas y ambientales que se pretenden legislar.
Entre los puntos más alarmantes del proyecto de ley, señala que esta permite al sector privado administrar las Áreas Naturales Protegidas (ANP`s), además de que mantiene el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetarán la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las ANP´S.
Expertos señalan que la Ley no profundiza las acciones para el correcto manejo del agua, además de que carece de una noción de derechos humanos que garantice la accesibilidad al agua potable a la población y la conservación de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, y que tampoco incluye la prohibición del uso de los cañones antigranizo, realizados por los empresarios agrícolas y que afecta las condiciones climáticas locales, como las lluvias y afecta a los agricultores tradicionales.
Michoacán es uno de los estados que más ha perdido bosques nativos, mismos que vienen siendo amenazados por la tala ilegal, además del agribusiness del aguacate. A principio de este año dos defensores del medio ambiente fueron asesinados, causando revuelo internacional, Homero Gómez y Raúl Hernández.
Esto se suma al enorme recorte presupuestal que fue anunciado por el gobierno federal en meses pasados que quitaría el 75% de recursos para administrar y proteger las Áreas Naturales Protegidas del país, dejando a cientos de trabajadores y guardaparques sin trabajo y en precariedad a los científicos que realizan trabajos de conservación.
