Presionado por el Congreso, el gobierno anunció este martes 27 la revisión de la meta fiscal para 2015. Prevé que las cuentas públicas federales cerrarán con un déficit histórico de R$ 51,8 mil millones (0,9% del PIB).
Jueves 29 de octubre de 2015
Fotografía: Esquerda Diario
Sin embargo, el valor real del déficit seguirá siendo una incógnita porque el gobierno decidió no exponer el volumen del pago a realizar por las llamadas “bicicletas fiscales", que representan los gastos atrasados intencionalmente el año pasado, pues sigue a la espera de una definición de parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
El mensaje enviado al Congreso por el equipo económico del gobierno, para alterar la meta fiscal de 2015, que contaba con un superávit de R$ 8,7 mil millones (0,15% del PIB), no revela tampoco los valores adeudados al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS, fondo previsional de retiro), al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), al Banco do Brasil y al banco Caixa Econômica. El TCU estima esa deuda en R$ 40 mil millones. Si el gobierno pagara hacia final del año todos estos gastos, el déficit subiría a casi R$ 100 mil millones.
Otro factor de incertidumbre para las cuentas finales del año es la licitación de las 29 usinas hidroeléctricas previstas para noviembre. Si el gobierno no logra recaudar este año los R$ 11,1 mil millones esperados con esta licitación, existe una cláusula que permite que el déficit fiscal de todo el sector público permanezca en R$ 60 mil millones (-1,04% del PIB). Como si fuera poco, el equipo económico estimó en su informe una retracción de la economía para este año de 2,8%. También revisó las estimaciones sobre sus ingresos pero mantuvo el valor de los gastos.
El gobierno ya retiró los fondos previstos con la apertura de capital (oferta pública de acciones) de la Caixa Seguridade y redujo sus expectativas sobre los ingresos provenientes de las empresas estatales que pagan a la Unión: de R$16 mil millones a R$11,3 mil millones. Según el informe del Ministerio de Planificación, la venta de la Caixa Seguridade no debería realizarse este año en función del deterioro temporario del mercado accionario.
Aunque el gobierno aún tiene esperanza de que pueda darse este año, otro de los ingresos que estaba en las cuentas del gobierno y sería postergado, es la apertura de capital (oferta pública de acciones) del Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB). El informe señala que la estimativa contando las operaciones con activos se redujo en R$ 2,2 mil millones. Las previsiones de recaudación a partir de varias concesiones también se redujeron en R$ 1,2 mil millones – tanto de la Agencia Nacional de Petróleo o del área de las telecomunicaciones-. El Programa de Reducción de Litigios Tributarios (Prorelit) - que permitió parcelar débitos tributarios - también aportará menos recursos a las arcas públicas, aunque el gobierno aún no especifica el valor.
Para el PT, PMDB y PSDB los trabajadores deben pagar las cuentas
Estos números anunciados por el gobierno son para los trabajadores una amenaza. Se hacen eco, y son una justificación, de por qué el gobierno del PT, Lula y Dilma "necesitan" profundizar los recortes presupuestarios en servicios básicos, congelar los salarios de los empleados públicos y atacar las seguridad social, buscando elevar la edad mínima jubilatoria a 60 y 65 años para las mujeres y hombres, respectivamente.
Como no “se recaudó” lo suficiente, la salida es privatizar sectores de la economía y utilizar el “voto útil” recibido hace un año, con la justificación de "impedir a la derecha llegar al gobierno", para gobernar con la agenda de la derecha. La burocracia sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), vinculada al gobierno Dilma, aísla y paraliza la resistencia de los trabajadores en las fábricas para que el ajuste sea implementado y las empresas se “dignen” a invertir en el país.
Como hemos visto en su último Congreso, la CUT en medio de la crisis económica del país presenta como alternativa la propuesta de una “lucha contra la recesión”, pues afirma que con recesión no hay crecimiento. Con la ayuda de un sector de intelectuales afines al PT, como Marcio Pochmann, su ajuste sería un "ajuste bueno" y diferente. Para lograrlo es necesario "sacar a Levy [ministro de finanzas] del camino". El contenido de este ajuste, sin embargo, está a favor de los intereses de la "industria nacional" (léase Federación de Industrias del Estado de San Pablo y la Confederación Nacional de la Industria - FIESP y CNI), del Programa de Protección al Empleo (que está siendo aprobado en las fábricas, con el apoyo y la orientación de la burocracia sindical de la CUT y Força Sindical), de la reducción de jornada de trabajo con reducción salarial, de la “inflación prolongada” - desvalorización de los salarios-, además de la precarización del trabajo (con la reglamentación de la tercerización y los acuerdos colectivos especiales). Este es el verdadero “modelo chino”, según la CUT, para que Brasil retorne al crecimiento.
La organización de los trabajadores en cada lugar de trabajo junto a la población pobre y en cada lucha, como la de los bancarios, los maestros y la reciente huelga de los trabajadores del Correo, enfrentando a las burocracias sindicales, patronales y defensores del gobierno, es el camino para que los trabajadores impongan un programa para que la crisis la paguen los ricos y empresarios.
