“El propósito del gobierno es que no salgan libres”: vocero de los jornaleros. El subsecretario de gobernación pretende “dialogar” con los jornaleros mientras 14 de ellos están en la cárcel desde marzo y a 3 más se les imputan fianzas millonarias.
Miércoles 13 de mayo de 2015
Este martes, el Poder Judicial del Estado de Baja California determinó en 21 millones de pesos la fianza que deberán de pagar 3 de los 11 jornaleros de San Quintín detenidos este sábado 9 de mayo tras la agresión de policías estatales, ministeriales y federales en una colonia del Valle de San Quintín, en donde viven familias jornaleras.
De 11 jornaleros detenidos, 4 eran menores de edad y resultaron con heridas propinadas por la policía; otros 3 adultos más pagaron fianzas menores; a 1 jornalero se le determinó una fianza de 500mil pesos y a los últimos 3 detenidos su fianza se fijó en siete millones de pesos por cada uno.
Los detenidos de este fin de semana se suman a los 14 jornaleros que siguen presos en cárceles del Estado mexicano por los eventos del 17 de marzo, en el que decenas de miles de jornaleros salieron a exigir sus derechos. Aquél día se detuvieron a 236 personas, entre ellas muchos menores de edad.
Con miedo y presos el Estado quiere evitar más manifestaciones
Fidel Sánchez, vocero de los jornaleros, sostuvo en entrevista para La Izquierda Diario México que “es muy elevada la fianza que están poniendo. Sabemos que lo hicieron con el propósito de que se queden ahí nuestros compañeros, para que no salgan libres”.
El monto de la fianza interpuesta por el Poder Judicial es un ataque más del gobierno. Cada jornalero debe de trabajar 160 años con su salario actual entregándolo todo sólo para pagar su fianza. El gobierno pretende doblegar la lucha de San Quintín con deudas eternas como lo hacían los hacendados porfiristas.
“La policía detuvo arbitrariamente a nuestros compañeros”
Justino Herrera, también vocero de los jornaleros, sostuvo para LIDmx que la policía detuvo arbitrariamente a las personas que más cerca tuvo durante la agresión en San Quintín el día sábado.
Relató que los policías entraron a la comunidad para molestar a los jornaleros en su propia colonia, disparando balas reales y balas de goma; “a los detenidos los agarraron simplemente porque los tuvieron cerca, los golpearon y se los llevaron”.
Los jornaleros reiteraron en llamado que hicieron el fin de semana después de la represión, en el que exigen la salida del gobernador Francisco Vega de Lamadrid por ser incapaz de dar respuesta a las demandas de las decenas de miles de trabajadores agrícolas de la entidad. Por responder con plomo y golpes las demandas de un salario digno a los trabajadores del campo y la ciudad.
Serias irregularidades en los procesos judiciales
Los jornaleros de San Quintín son, en muchos casos, campesinos migrantes de todas partes del país que han llegado al extremo más alejado en búsqueda de trabajo en Estados Unidos. Han llegado ahí como han vivido: trabajando. La mayoría de ellos saben cultivar la tierra desde niños pero fueron despojados de ella por el desarrollo del capitalismo en el campo mexicano. Ahora trabajan la tierra “propiedad” de las trasnacionales o grandes neo latifundios.
Ante sus carencias económicas, motivo de su lucha, los 17 jornaleros que están detenidos son defendidos por abogados de oficio, los cuales proporciona el propio Ministerio Público y que no les garantizan ninguna independencia en un caso claramente político.
Estos abogados, además, están vinculados a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo gubernamental que históricamente se ha usado para desviar las luchas de los pueblos indígenas.
En el DF el gobierno se apoya de sus miles de videocámaras y grabaciones para buscar pruebas de algún detenido en una marcha o una represión, y generalmente no lo consigue. Pero el Poder Judicial de Baja California logró encontrar pruebas sin siquiera ayuda de estas videocámaras. A los detenidos del 17 de marzo “se les encontró culpables” del delito de robo y desde entonces están en un reclusorio. Otros 250 tuvieron que ser liberados por falta de pruebas, muchos con fianzas.
El subsecretario de gobernación llega a Baja California
Luis Miranda Nava, subsecretario de gobernación, el funcionario que dejó plantados a los jornaleros el día viernes llega este miércoles a Ensenada. Hasta ahora se ha negado a que las negociaciones sean en San Quintín, proponen Ensenada o Tijuana, ciudades que están muy lejos de los jornaleros en lucha.
En este espacio se planteará la liberación inmediata de los presos. Además, los jornaleros esperan las respuestas del gobierno federal a las demandas más sentidas de uno de los sectores de trabajadores más explotados en nuestra sociedad: los trabajadores agrícolas. Para satisfacer sus demandas hasta el final, el gobierno debería de usar todo el poder del Estado a favor de los intereses de los trabajadores, a pesar de las grandes ganancias de los neolatifundistas, cosa a la que no está dispuesto el gobierno mexicano. La rebelión de los jornaleros de San Quintín está lejos de terminar.
