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Red Internacional
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INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO. El “golpe institucional” de Montoro en Madrid, bajo la estela del 155

El pasado martes día 7 de noviembre el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro decidió intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Una medida sin precedentes, excluyendo la aplicación del 155 en Catalunya, que de facto implica la intervención política mediante un golpe institucional en el Ayuntamiento de Madrid.

Juan Carlos Arias

Juan Carlos Arias @as_juancarlos

Jueves 9 de noviembre de 2017

La intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte de Montoro parece una continuación de la deriva antidemocrática abierta a partir de la intervención en Catalunya. Una vez se producen ataques antidemocráticos de tal envergadura nadie está a salvo de esa deriva política autoritaria, como se demuestra ahora con la intervención en el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Esta dura medida de Hacienda es la culminación de una serie de desencuentros entre el área de economía del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por Carlos Sánchez Mato, y el Ministerio de Hacienda, que se iniciaron con la aprobación en un pleno municipal del Plan Económico y Financiero (PEF) para 2017 y 2018, a finales del año pasado. Pero para nada de lo sucedido parecía apuntar a la adopción de una medida de este tipo por parte del gobierno de Rajoy. Más cuando el Ayuntamiento venia cediendo progresivamente a las imposiciones de Montoro. Más bien parece que es la culminación de un proceso en el que el gobierno de Rajoy se ve muy fortalecido, pese a su debilidad política por carecer de mayoría absoluta parlamentaria, tras la deriva autoritaria impuesta al conflicto catalán y el afán controlador y recentralizador desatado.

De hecho, en todo este periplo, a lo largo de estos meses, la alcaldesa Manuela Carmena fue progresivamente desautorizando a su concejal, como si el PEF presentado hubiera sido una ocurrencia suya en exclusiva, de cara a ofrecer algunas garantías al ministro Montoro que le permitieran abrir más la negociación ante el Ministerio. Carmena llegó incluso a apartar al concejal Sánchez Mato en la última fase de la negociación, sobre todo desde el mes de septiembre, para tratar de abrir una vía intermedia, basada en realizar importantes concesiones a las exigencias del Ministerio de Hacienda, que, a pesar de todo, se ha demostrado como una estrategia totalmente inútil.

Además, lo cierto es que, en toda esta fase de progresivas concesiones al Ministerio de Hacienda, al menos hasta producirse su apartamiento de la negociación, Sánchez Mato asumió como concejal del área gran parte de los recortes exigidos desde el gobierno de Rajoy, dado que reformuló hasta en tres ocasiones el PEF recortándolo. Primero aceptando la no disponibilidad de parte del gasto aprobado y, posteriormente, incluso proponiendo recortes directos en partidas de inversiones y gasto social, así como tratando de aumentar ingresos con la venta de suelo público a promotores privados. Sin embargo, estas medidas siempre le siguieron pareciendo insuficientes a Montoro que continuó exigiendo un recorte brutal más allá del límite de gasto, puesto que según su criterio el ajuste a la regla de gasto debería implicar un recorte previo a lo excedido en los gastos producidos en 2015 y 2016 de 17 y 234 millones, respectivamente, más los 230 millones en que según Hacienda sobrepasaría el gasto posible el Ayuntamiento de Madrid para 2017.

Pero otra parte, hay que tener en cuenta que los reiterados incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria de otras muchas administraciones tanto autonómicas como locales, desde la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, y hasta del propio Gobierno de Rajoy, curiosamente no han implicado hasta el momento ninguna medida de tal dureza y con el fuerte carácter de intervencionismo antidemocrático que esta medida aplicada al Ayuntamiento de Madrid tiene.

Incluso, recordemos que el Gobierno de Rajoy hizo todos los esfuerzos para evitar este tipo de amarga medicina cuando desde Bruselas se plantearon imponer una fuerte multa al Gobierno del Estado Español por incumplir la disciplina del déficit presupuestario, y movió todos los recursos políticos y diplomáticos para impedir esa multa fuertemente humillante para su gestión, lo que acabó logrando.

Pero la cuestión es que las concesiones que desde el Ayuntamiento de Madrid se fueron realizando a lo largo de estos 11 meses debilitaron políticamente al Gobierno de Ahora Madrid, mientras que se fueron haciendo cada vez más fuertes las posiciones de Montoro, que en ningún momento se planteó realizar ninguna concesión a las peticiones, más bien lastimeras, de Carlos Sánchez Mato y Manuela Carmena. Posiciones de fortaleza del Gobierno de Rajoy que, tras la aplicación del 155 en Catalunya, además, se han potencializado enormemente. Una vez intervenida toda una Comunidad Autónoma, hacerlo con un Ayuntamiento resulta más factible.

Además, el hecho de que no se haya producido en este período de tiempo largo de diferencias institucionales, ni una sola comparecencia pública explicativa de la alcaldesa Manuela Carmena sobre la situación, ni una sola movilización social impulsada por el Ayuntamiento o por algunas de las fuerzas políticas que componen Ahora Madrid en defensa de su autonomía política en la toma de decisiones y contra el intervencionismo antidemocrático del gobierno de Rajoy en el ámbito de las decisiones municipales, ha facilitado mucho también la contundente actuación del Ministerio.

Toda la trama se ha desarrollado entre bambalinas y en los despachos al margen de la opinión y la intervención directa de los madrileños, que son los auténticos “paganinis” de estos recortes sociales y de inversiones. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que presume de impulsar una gestión municipal apoyada en la “participación ciudadana en la toma de decisiones”, se ha dedicado a realizar consultas sobre la decoración y rehabilitación de las plazas, por ejemplo, pero sin plantearse en ningún momento hacer partícipes activos y directos sobre este conflicto con el gobierno de Rajoy que afecta directamente al futuro a los trabajadores y el pueblo de Madrid en algo tan trascendente como es el gasto público para hacer políticas sociales y económicas en favor de las mayorías. Más aún frente a las limitaciones antidemocráticas que pretende imponer el gobierno de Rajoy.

Nada de denuncia pues por parte del Ayuntamiento a las imposiciones antidemocráticas, sobre una administración municipal que, además, se ha venido caracterizando por ser una alumna aventajada de las políticas de cumplimiento del déficit y pago de la deuda, de lo cual ha presumido públicamente, incluso más que de sus políticas sociales que más bien resultan irrelevantes cuando no desconocidas. Porque, ¿qué percepción tienen las paradas y parados, los jóvenes, las mujeres, las familias desahuciadas, los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos privatizados, etc., sobre las políticas desarrolladas desde el Ayuntamiento de Carmena para resolver realmente sus problemas sociales? Más bien que han resultado irrelevantes una vez transcurrida más de la mitad de la legislatura.

Recordemos, señalando algunas cifras, que el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha recortado el gasto heredado del PP de Gallardón y Ana Botella en un 40%, lo que ha supuesto en dos años que algo más de 2.000 millones de euros se hayan destinado al pago de la deuda.

Pues bien, ahora, tras producirse la intervención, comienzan a aparecer algunas quejas públicas por parte de Ahora Madrid. Pero no en boca de su alcaldesa, sino de su portavoz, Rita Maestre. Unas protestas que se caracterizan por su debilidad y por continuar haciendo llamamientos no a la desobediencia, sino a recurrir a la vía judicial -que se eternizará en el tiempo-, y a las iniciativas políticas limitadas al campo puramente institucional. Es decir, manifestando una impotencia política absoluta.

Pero es que, además, por parte de la fuerza política a la que pertenece el concejal Carlos Sánchez Mato, Izquierda Unida, no hay un solo comunicado ni un solo movimiento de apoyo a dicho concejal, que se ha visto más bien ninguneado por la alcaldesa, dado que lo ha apartado y ofrecido como cabeza de turco a Montoro, aunque todo ha resultado inútil.

Podemos se alinea directamente con las posiciones de Manuela Carmena, a quien además pretende volver a impulsar como candidata a la alcaldía de Madrid, pese a los múltiples incumplimientos del programa electoral al que la propia Carmena definió como “meras sugerencias”, por lo que no va más allá de las declaraciones de Rita Maestre como portavoz municipal y, por lo tanto, una vez más, la conquista del “cielo por asalto” se ha convertido en mera impotencia institucional.

La corriente “Anticapitalistas” de Podemos, sin embargo, aunque sigue dando cobertura al partido al que pertenecen, se ha posicionado con un reciente comunicado en el que llaman a la desobediencia para defender a Madrid de Montoro. Un gesto importante, aunque el comunicado reivindica de conjunto la gestión municipal desarrollada por Manuela Carmena y Ahora Madrid, sin una sola autocrítica, ni siquiera cuando reconoce que el Ayuntamiento se plegó a los planteamientos de Montoro presentando tres Planes Económicos Financieros consecutivos para lograr su aprobación. Pero lo peor es que en su comunicado, “Anticapitalistas” presume de lo mismo que ha venido haciéndolo la alcaldesa y su equipo de gobierno, la eficacia en la gestión del pago de la deuda ajustando el gasto como un guante a las imposiciones presupuestarias neoliberales del gobierno de Rajoy a la vez que de haber incrementado el gasto social un 74% y las inversiones un 102%. Es decir, llegando a la conclusión que las imposiciones de Montoro no impiden en absoluto a los increíbles gestores de Ahora Madrid desarrollar políticas sociales avanzadas y que realmente atienden las necesidades de los madrileños. Algo que resulta muy complicado de tragar y que relativizaría bastante la intervención directa de Montoro en lo que se refiere a la disposición de recursos reales para hacer políticas sociales e inversiones con esos recortes. La denuncia queda más bien centrada en la imposición autoritaria de esas políticas al ser controladas directamente desde el Ministerio, lo que también tiene su importancia, desde luego, pero no sin ir al fondo del asunto.

En este marco, lamentablemente “Anticapitalistas” no propone ni una sola movilización concreta en su comunicado, el cual queda en un llamamiento genérico y abstracto a los “Ayuntamientos del cambio”, a contar con “la participación activa y desde debajo de la ciudadanía”. En definitiva, un discurso muy similar al de Rita Maestre, de recurrir a los tribunales, al Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo, en fin, la lista es larga. Pero ni una sola medida concreta de movilización que podrían haber lanzado ya para iniciar una fuerte campaña de movilizaciones. Aunque tarde, porque deberían haberse propuesto e iniciado desde el primer momento en que Montoro cuestionó las cuentas municipales, aún se está a tiempo de responder en forma contundente a este nuevo atropello antidemocrático del Gobierno y el Régimen.

Desde la CRT consideramos que solo informando sobre lo que estos recortes implican en las políticas sociales y las inversiones a desarrollar, impulsando y realizando movilizaciones unitarias y continuadas con todos los sectores sociales afectados por estos recortes salvajes: los parados y paradas, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras de las empresas de los servicios privatizados, las asociaciones de vecinos, los usuarios de los servicios sociales y la dependencia, etc., se podría lograr torcer la voluntad autoritaria del gobierno de Rajoy y, al mismo tiempo, imponer un cambio en la política presupuestaria de Madrid que atienda realmente a las necesidades sociales de la clase trabajadora y las clases populares de la ciudad.


Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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