En este artículo abordamos en específico la situación de la inhabilitación al partido político Semilla que participa en la segunda ronda electoral programada para este domingo 20 de agosto.
Jueves 17 de agosto de 2023
Fotografía: El País
La sorpresiva llegada a segunda vuelta del “progresista” Bernardo Arévalo se vió amenazada por la repentina inhabilitación del partido Semilla por parte del Ministerio Público, altamente cuestionado. Frente al recurso presentado por Arévalo, la Corte Constitucional dejó sin efecto la suspensión y el Tribunal Electoral ratificó las candidaturas.
La primera vuelta del pasado 25 de junio estuvo marcada por una seguidilla de irregularidades que incluyen clientelismo, financiamiento ilícito a partidos por parte de empresarios y narcotráfico, corrupción y una serie de condiciones antidemocráticas de las que se sirve la burguesía oficialista para eliminar adversarios políticos. Tuvo como resultado un 41% de abstención y un 17.3% de votos nulos, sin que ninguna candidatura logre alcanzar la mayoría absoluta.
Por eso, se realizará un balotaje el próximo 20 de agosto entre Sandra Torres del derechista UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), que llegó con solamente el 15,7% de los votos (menos que los nulos) y, el referenciado en la centroizquierda Bernardo Arévalo de León del partido Semilla con 11,8% de los votos. Además se eligieron 160 diputaciones al Congreso, donde el oficialista Vamos obtuvo mayoría con 38, UNE obtuvo 29 y Semilla 23.
La inhabilitación de Semilla que incluyó un allanamiento al local del partido, se da bajo órdenes de la fiscal Consuelo Porras y su aliado Rafael Curruchiche, quien dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), una dependencia del Ministerio Público. La justificación fue supuestas irregularidades en el proceso de inscripción del partido, donde se habría utilizado información de personas fallecidas para el proceso de inscripción. Sin embargo, no se ha demostrado la acusación y los cuestionamientos de Porras; y la propia institución judicial tiene poca legitimidad frente a amplios sectores.
Hay que recordar la exclusión al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), organización de comunidades indígenas y campesinas -que obtuvo el 4to lugar en la elección de 2019- por parte del Tribunal Electoral, así como Roberto Arzú de Podemos y Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana; por su parte, Zury Ríos hija del dictador Ríos Montt, fue candidata a la presidencia por la coalición de derecha Valor.
En este marco de crisis de hegemonía -que se combina con la agudización de la crisis económica y social- la inhabilitación tiene un claro objetivo político: proscribir a un candidato considerado independiente respecto de los aparatos y partidos políticos tradicionales, y que tiene el apoyo de movimientos sociales.
Arévalo es el candidato del movimiento Semilla, que surge de las movilizaciones anti-corrupción en 2015 que desembocaron en la renuncia de Otto Pérez Molina; además se coloca desde un lugar de académico progresista y ex-diplomático, así como en la propia historia del país y de su padre el ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, por lo que ha generado una serie de expectativas que se profundizan con la inhabilitación.
Frente a la inhabilitación, Arévalo presentó un recurso de amparo que fué acogido por la Corte Constitucional, mientras aseguraba que la misma era “una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político” y la calificó de un “golpe de Estado técnico”.
Se realizaron jornadas de movilización en repudio a la medida antidemocrática durante días, exigiendo la renuncia de la fiscal Porras y sus aliados. De igual forma distintos sectores de la izquierda centroamericana y organismos de derechos humanos se pronunciaron en defensa de los resultados de la primera vuelta electoral.
Incluso el gobierno de Estados Unidos -que vive una situación política donde se ha cuestionado el sistema electoral- aseguró en un comunicado que la inhabilitación ponía en riesgo “la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca”, al tiempo que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea llamó al “cese de la judicialización de las elecciones” pues “amenazan los cimientos básicos de una democracia”. Cabe señalar que éstos gobiernos imperialistas se benefician de la explotación y además reprimen y criminalizan a millones de migrantes centroamericanos como sucede en la frontera sur de Estados Unidos con México.
El desenlace será conocido el próximo 20 de agosto, pues aunque la decisión de la Corte pueda ser cuestionada por algún mecanismo institucional, el intento de inhabilitación a Semilla no tiene el apoyo político de las mayorías guatemaltecas, ni de los socios imperialistas de la clase gobernante y sus aliados empresarios conservadores.
Pero, aunque las encuestas de empresas como Cid Gallup le den hasta un 63% de apoyo a Arévalo frente al 37% que tendría Torre, el escenario político más allá del plano meramente electoral queda abierto, pues las necesidades por las que reclaman amplios sectores y los cuestionamientos profundos al régimen político no se resuelven con la segunda vuelta.
Como alertamos desde la Red Internacional de La Izquierda Diario en julio: “los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y las grandes mayorías populares de Guatemala, no pueden esperar nada progresivo por estos partidos, que dé verdadera salida a las demandas contra la corrupción e impunidad del régimen y sus instituciones; así como el conjunto de demandas que cuestionan la carestía de la vida, la explotación laboral, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, la explotación minera que depreda el medio ambiente, los plenos derechos de los pueblos originarios, la tierra para los campesinos, las transnacionales que roban las riquezas, y la política imperialista, así como la pérdida de sus derechos democráticos en la que está sumergida la gran mayoría de la población.”
