La crisis económica desatada por el Covid-19 puso en evidencia no solo el vaciamiento de los sistemas públicos de salud, sino también la enorme fragilidad de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Las mismas están asociadas a la informalidad y precarización laboral, los bajos salarios y millones de personas que no acceden al empleo “genuino” desde hace décadas, con mayor intensidad en los países dependientes.

La crisis económica desatada por el Covid-19 puso en evidencia no solo el vaciamiento de los sistemas públicos de salud, sino también la enorme fragilidad de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Las mismas están asociadas a la informalidad y precarización laboral, los bajos salarios y millones de personas que no acceden al empleo “genuino” desde hace décadas, con mayor intensidad en los países dependientes.

La OIT estima que el empleo informal alcanza al 62 % del empleo en todo el mundo, se trata nada menos que de 2.000 millones de personas. Dentro de este sector de trabajadores, asalariados y cuentapropistas, que según el organismo internacional es el que carece de coberturas legales [1], los más perjudicados son los jóvenes, puesto que el 77 % de ellos y ellas trabajan en la informalidad, pero con marcadas diferencias regionales: afecta al 33 % de los jóvenes de Europa, y Asia Central, al 64 % en América Latina y el Caribe y supera el 93 % en África y Asia oriental.

En Argentina, la informalidad alcanzaría al 55 % de los ocupados, asalariados y cuentapropistas que trabajan sin regulaciones o en negro, según el informe de Agustín Salvia, ENES-Pisac, para los años 2014-2015, cuestión que no capta el salto en la desocupación y pobreza de los últimos cuatro años y medio. Para la juventud los promedios de informalidad empeoran notablemente: Jujuy (78 %), Salta (78 %) y Tucumán (70 %).

Otros enfoques sobre la problemática de la calidad del empleo que la relacionan las condiciones laborales con un mínimo salarial arrojan resultados aún más preocupantes. En Argentina, los asalariados y cuentapropistas que percibieron un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil (SMVM), o no tienen derechos laborales mínimos, son más del 55 % de los ocupados y el 70 % de los jóvenes. Esta información surge del análisis de la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, realizada por Rosana Martínez y Liz Carpinetti, sociólogas y demógragas, en exclusiva para La Izquierda Diario, y que aplican este criterio para definir un parámetro de “precarización laboral extrema”. Los datos corresponden al tercer trimestre de 2019, es decir que no captan aún el empeoramiento de las condiciones laborales desatados por la pandemia.

Para el NOA el mismo trabajo arroja un resultado aún más sombrío: 9 de cada 10 jóvenes de 18 a 24 años del norte argentino, están afectados por la “precarización laboral extrema”. Los guarismos son abrumadores: Salta (90 %), Santiago del Estero-Banda (88 %), Jujuy-Palpalá (87 %), Gran Catamarca y Gran Tucumán-Tafí Viejo (83 %).

El cuadro de informalidad y precarización se retroalimenta con la desocupación que afecta en mayor grado a la juventud y, en particular, a las mujeres. Mientras que el NOA, en el primer trimestre del año, registró una tasa de desocupación general del 9,9% (superando el 9% de los aglomerados del interior/sin GBA), para las mujeres menores de 29 años el desempleo escala al 25,9 % y al 15,1 % de los varones menores de 29 años.

Por último, dentro del sector de trabajadores subocupados, aquellos que no consiguen trabajar más de 35 horas, en el NOA estos alcanzan el 25,9% y los sobreocupados que demandan empleo el 11,4%. De conjunto la tasa de demandantes de empleo en el NOA es del 32,5% de la población económica activa, o sea, un tercio de los trabajadores presiona por trabajar o trabajar más sobre los que ya lo hacen.

Población inactiva y ejército industrial de reserva

La precarización laboral en todas sus formas, como hemos visto, es una tendencia internacional de las últimas décadas. Sin embargo, en Argentina afecta de manera diferenciada en las distintas subregiones. Este impacto diferenciado suele abordarse de manera descriptiva a partir de la información estadística que arroja datos contundentes como vimos antes.

¿Por qué el NOA registra mayores niveles de informalidades respecto del promedio nacional? Un punto de partida ineludible al momento de indagar sobre el problema de la precarización laboral podemos encontrarlo en la noción de “población sobrante” de Marx [2]. Es decir, una masa de desocupados que la clase capitalista permanentemente buscar reproducir, mientras los ciclos de alzas y bajas de los negocios la reducen o expanden respectivamente, pero que última instancia aparece como la “condición de existencia” misma del sistema capitalista.

Este “ejército industrial de reserva” cumple una función dual: funciona como fuente potencial de mano de obra adicional para los capitalistas, al mismo tiempo que actúa como regulador de los salarios, como una fuerza que presiona a la baja de los mismos y al empeoramiento de las condiciones laborales incluyendo la duración de la jornada de trabajo.

Esta “población sobrante” es mucho más extensa que la desocupación que mide la estadística oficial, que considera desocupadas únicamente a las personas que buscaron empleo activamente en el último mes [3].

La “población sobrante” adopta diferentes modos de existencia, según Marx: “fluctuante” (relacionada a los movimientos cíclicos del mercado de trabajo, y donde se puede ubicar a gran parte del desempleo estadístico); “latente” (referido al flujo trabajadores rurales expulsados del campo hacia la ciudad); y la sobrepoblación obrera estancada”, cuya ocupación es absolutamente irregular, episódica, en las peores condiciones laborales y salariales. Aunque no son sinónimos, la población sobrante “estancada” incluye a una parte de la población que las estadísticas oficiales consideran como económicamente “inactivas” [4].

Desocupados y “sobrantes” en el NOA

Para aproximarnos a una estimación del peso específico de este último sector consideraremos de los censos nacionales a la población económicamente inactiva en edad laboral (15 a 64 años), excluyendo jubilados y estudiantes. En este segmento de los inactivos encontramos a millones de personas que dejaron de buscar trabajo porque ya no consiguen, sobreviven de ingresos episódicos, de algún tipo de asistencia estatal o del ingreso de alguna otra persona del grupo familiar. Llamamos a este sector “inactivos estancados”.

En años de crisis rotundas, como 2001, este segmento de la población oscilaba en las distintas provincias del NOA entre un 20 y 25 % de la población en edad de trabajar. Para el año 2010, en el pico del ciclo de crecimiento a tasas “chinas” iniciado en 2003, los “inactivos estancados” oscilaron entre el 15 y 20% del total en edad laboral en la región, demostrando el carácter estructural de este sector de la clase trabajadora como también los límites del proceso de crecimiento para absorberlos.

Si a esa masa de “población estancada” se le suma la de los desocupados “activos”, el porcentaje se eleva a un 40 % de la población en edad laboral en épocas de crisis (2001), y casi un 25 % del total en el auge económico para la región del NOA. La población sobrante representa entonces una fuente inagotable de mano de obra a disposición del capital.

Recordemos que en 1975 el desempleo ascendía al 3,5 % en el total de aglomerados urbanos. La tendencia de largo plazo verifica en los últimos 40 años un crecimiento en los pisos de desocupación y población sobrante o “estancada”. Durante el último (y más extendido) ciclo de crecimiento económico 2002-2008, la desocupación registrada no pudo perforar el piso del 7 %, mientras que la pobreza no logró bajar a menos del 20,7 % [5].

Modernización regresiva y fractura de la clase trabajadora

En Argentina el proceso de reestructuración de los negocios capitalistas que comenzó a partir de la última dictadura militar y que se cobró mayor intensidad en la década de 1990, ha configurado un ejército industrial de reserva de enormes magnitudes. Como parte de esta dinámica, la región NOA tuvo a partir del cierre de los ingenios azucareros a fines de los años 1960, un adelanto de la “modernización regresiva” que ocurrió con los gobiernos menemistas, tal como lo explica el economista, Esteban Mercatante en su libro Salir del fondo [6].

Aquí nos encontramos, a grandes rasgos, la expulsión de mano de obra del campo a la ciudad a partir de la tecnificación de los procesos productivos, tanto en la cosecha de los principales cultivos de la región (en particular la mecanización de la zafra azucarera que comienza en forma paulatina hacia fines de los años 1960) como la concentración de la industria, que expulsó a miles de familias de Tucumán hacia la periferia de la Capital Federal y del conurbano bonaerense. También la actividad citrícola concentrada en esta provincia y en el grupo Ledesma en Jujuy que se ha ido tecnificando en la industria y los empaques. En la década de 1980 se produce en Jujuy el cierre de minas (Pirquitas) y la venta de minas con fuerte reducción de personal (Minera El Aguilar). Pero el salto más grande en la reestructuración capitalista en la región, siguiendo la tendencia nacional, fue a partir de la privatización de importantes empresas como YPF en Salta (Tartagal-Mosconi) durante los 1990, el cierre del FF. CC. y los talleres de Tafí Viejo, la venta de los bancos públicos, la entrega de la segunda siderúrgica más grande del país, Altos Hornos Zapla (Palpalá-Jujuy), o el caso del ingenio El Tabacal que se reestructuró en 1995 tras su venta a la norteamericana Seabord Corporation dejando a miles sin empleo [7].

A la vez, que el Estado se desprendía de sus empresas dejando en la calle a miles de trabajadores, el empleo público en áreas de servicios y administrativas, fue creciendo cumpliendo un rol relativo en la reabsorción de la fuerza de trabajo desocupada. Al mismo tiempo se fue desplegando una enorme red de contención a través de programas sociales de asistencia desde el 2002, que con algunos cambios se sostiene hasta la actualidad [8].

Para el año 2001, fines del ciclo de ofensiva “neoliberal”, el empleo estatal en el NOA llega a abarcar al 40 % de los asalariados, mientras el promedio nacional se ubicó en el 30 %. Diez años después, con un ciclo de expansión económica inédito, el empleo público seguía abarcando casi a la misma proporción (38 %), frente al total nacional que se ubicó en el 28 % de los asalariados. Pero también el empleo público va a ser altamente precarizado. En el NOA los trabajadores estatales sin aportes jubilatorios llegaban al 25 % del total, con casos extremos como Santiago del Estero con un 40 % [9].

Por el lado del sector privado, durante 2002-2015 el sector de servicios y comercio, se ubicaron entre los que proporcionalmente más puestos de trabajo registrado crearon durante los años de mayor crecimiento de los gobiernos kirchneristas. Sectores de la actividad que se caracterizan por los bajos salarios y amplios índices de informalidad y precarización laboral.

Esta reconfiguración del aparato productivo por parte de los grandes grupos nacionales de la mano del capital imperialista, junto con las privatizaciones, generaron un salto en la desocupación que, ni el empleo estatal ni la expansión del sector comercio y servicios, sumado a algunas nuevas inversiones privadas limitadas a cierto nichos (soja, citrus, litio, bioetanol), pudieron reemplazar en cuanto a la calidad del empleo. Por el contrario, se consolidaron grandes actores tradicionales muy concentrados en el propiedad de la tierra, en el agronegocio y la minería con perfil exportador, como parte de las características regionales de la economía de un país cuya clase dirigente avanzó en darle cada vez más peso a la producción primaria y algunos derivados con la agroindustria, sin dejar su carácter atrasado y dependiente de la tecnología y del capital extranjero. Este último, a su vez, pasó a ocupar un lugar de peso en las principales actividades del país y en la región concentrando su presencia accionaria en forma dominante dentro de las 500 empresas más grandes [10].

Ejército industrial de reserva y golondrinas

Para el NOA también cobra relevancia la figura de “población nómade” a la que hace referencia Marx como aquella “capa de la población de origen rural cuya ocupación es en gran parte industrial”. Este estrato constituye “la infantería ligera del capital, que según sus necesidades las vuelca ora a este punto, ora a aquel otro”. A siglo y medio de escrito El Capital, no deja de sorprender la vigencia de su descripción de este sector de la clase obrera “doblemente explotada por el caballero contratista”.

Se calcula que en Argentina hay entre 350.000 y medio millón de trabajadores golondrinas que migran mayormente de norte a sur del país cubriendo la demanda de cosechas y empaques de diferentes cultivos. Sobre este sector pesa los niveles más altos de informalidad laboral y las formas más brutales de explotación. Recordemos que la citrícola San Miguel con base en Tucumán, una multinacional que cotiza en la bolsa porteña, tuvo a uno de sus CEOs procesado por trata de personas para explotación laboral.

El empleo rural es particularmente importante para el NOA. Para las provincias que tomamos de muestra (Tucumán, Jujuy y Salta), el empleo en la agricultura, ganadería y pesca supera el 17 % de las estructura de empleo formal, mientras que el promedio nacional apenas alcanza al 5,4 %. Si consideramos que este sector es uno de los que presenta mayor grado de informalidad, podemos suponer que el peso específico del empleo rural seguramente sea más alto aún.

Aunque la Argentina es un país eminentemente agroindustrial, la particularidad del NOA está dada no solo por el peso del empleo rural sino también por las características propias de sus cultivos predominantes: azúcar, limón, tabaco, arándanos, vid, entre otros, que utilizan mano de obra intensiva tanto para la cosecha como para su industrialización con temporadas cada vez más cortas [11].

La cosecha e industrialización del azúcar abarca los meses de mayo/junio a octubre; la del citrus abarca los meses de mayo a septiembre, aunque puede acortarse bruscamente por las condiciones climáticas. La zafra del tabaco transcurre de diciembre a febrero. Es decir que las agroindustrias fundamentales de la región emplean mano de obra durante seis o siete meses para convertirla en población sobrante de tipo “latente” el resto del año.

De modo tal que la estacionalidad de estas agroindustrias imprime rasgos particulares al conjunto de la estructura laboral de la región, haciendo sentir su peso sobre el conjunto de la clase trabajadora, con decenas de miles que migran todos los años entre diciembre y enero a trabajar en la temporada de las frutas de estación en Río Negro, Neuquén y Mendoza, o realizan migraciones dentro de la región NOA [12].

En el gráfico que presentamos a continuación, se puede observar la evolución del empleo registrado con estacionalidad en Tucumán, Salta y Jujuy, el total nacional y dos importantes provincias de la región pampeana: Santa Fé y Córdoba. Aunque se trata de una serie que deja afuera a gran parte del empleo informal del campo, la construcción y el cuentapropismo, es un posible acercamiento a las diferentes estacionalidades que se registran en términos comparativos. Recordemos que gran parte de la industria en el NOA está abocada al procesamiento de los cultivos mencionados y, en gran medida, comparte los ritmos de su estacionalidad.

En el caso de provincias como Santa Fe o Córdoba, esa estacionalidad también existe pero de manera menos marcada. La estacionalidad de estas provincias se parece más a la del promedio nacional y seguramente se explica por el mayor peso que en esta región tienen la industria (automotriz, autopartistas, metalúrgicas, químicas o la propia agroindustria sojera que funciona los doce meses del año) y los servicios en comparación al empleo rural.

En la región del NOA, una vez finalizada la zafra la gran mayoría de los trabajadores “temporarios” de la cosecha y las agroindustrias pasan a formar parte de esa población obrera supernumeraria que puede ser, o no, ocupada de manera informal en actividades como la construcción, servicios u otros trabajos eventuales que las estadísticas registran como “cuentapropistas” (changas, reventas de mercancías, etc.). Este sector cuentapropista registraba en 2014 niveles extremos de informalidad cercanos al 85 %, mientras que en el total nacional la informalidad de este sector ascendía a 65 % [13].

Por último, también hay que remarcar que las condiciones de bajos salarios, precarización laboral y temporalidad del trabajo rural, se convierten en una combinación perfecta para que los empresarios presionen a las familias obreras a entregar la fuerza de trabajo de sus niñas, niños y adolescentes. En el ámbito rural del NOA el 20,1% de los niños de 5 a 15 años realizan alguna actividad productiva según la encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes 2016-2017 del Indec.

Ejército industrial de reserva y brecha salarial

De acuerdo a los últimos datos disponibles, la brecha salarial del sector privado registrado del NOA oscila entre el 21 % y el 25 % respecto del promedio nacional, tomando de muestra las tres provincias que concentran el 77 % del empleo del NOA (Jujuy, Salta y Tucumán).

En algunas ramas la brecha salarial registra diferencias aún más grandes respecto al promedio general. En Tucumán, por ejemplo, la remuneración promedio para la agricultura y la construcción presentan una brecha cercana al 40 % respecto al promedio nacional. En Jujuy, el trabajo del sector agrícola paga un 30 % menos y las empresas mineras disponen de mano de obra que llega a ser casi un 50 % más barata que lo que paga el sector en el promedio nacional. Estos datos corresponden al sector privado formal. La diferencia es aún más importante para el sector informal que, recordemos, afecta casi a la mitad de los trabajadores de la región.

La importante brecha salarial que se registra en el NOA, una característica compartida con la región NEA, ubica a estas subregiones con una abundante mano de obra barata a disposición del capital [14]. No solo los empresarios agroindustriales de la región se embolsan una buena diferencia por la baratura de la mano de obra, empresas multinacionales como la autopartista Scania (que exporta el 100 % de su producción en la planta de Tucumán a Brasil y Suecia y viene incorporando cada vez más “pasantías” a través de convenios con escuelas técnicas de la zona), pero también de servicios como Teleperformance, Aegis, Atento (call center) encuentran en provincias como Tucumán un enorme reservorio de mano de obra barata juvenil que explota con contratos temporales que renueva mes a mes. Otro tanto, aprovechan los empresarios del turismo y la gastronomía en los centros turísticos de la región.

La precarización del trabajo en todas sus formas (temporarios, informales, contratados, etc.) y la brecha salarial no son prácticas que se dan solamente en los sectores menos productivos de la economía regional. El negocio del citrus opera al límite de la frontera productiva internacional; Tucumán es el primer exportador mundial de derivados del limón y el cuarto exportador de limón fresco, sin embargo empresas como San Miguel, Citrusvil o Argentilemon, entre otras grandes exportadoras, no se privan de tercerizar el empaque en decenas de galpones desplegados por toda la provincia, donde la regla es el trabajo informal, a destajo y con jornadas que pueden llegar a durar hasta 14 horas diarias.

La población sobrante opera como factor de presión a la baja de los salarios pero también para intensificar los ritmos de producción y alargar las jornadas laborales. Según el Indec, el 26 % de los ocupados trabajan más de 45 horas semanales (es decir, están “sobreocupados”); mientras en el NOA un tercio de la PEA demanda empleo.

Por esa razón Marx sostiene que la “cooperación planificada entre ocupados y desocupados” es la única manera de pelear contra “las consecuencias ruinosas que esa ley natural de la producción capitalista trae aparejada”. El reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin afectar el salario, es una de las demandas que surgen como corolario de esa alianza. Marx documenta como ejemplo de una alianza espontánea que surge ya en 1863 entre los hilanderos de Blackburn (Inglaterra).

Unidad de las filas obreras

Durante los gobiernos kirchneristas se modificaron algunos aspectos limitados de la legislación antiobrera heredada del menemismo y la última contrarreforma laboral del gobierno de la Alianza, como explican Julia Campos y Luis Campos [15]. Estos cambios parciales hay que ubicarlos como parte de la nueva relación de fuerzas abierta entre las clases a fines de 2001 y, por otra parte, de cara a las necesidades del capital de utilizar la fuerza de trabajo disponible ante el repunte económico. El hecho de otorgar ciertas concesiones respecto al vendaval de flexibilización de los años 1990, buscó evitar o posponer finalmente el conflicto sindical que se dio en distintos lugares donde los trabajadores enfrentaron la precarización. Pero como dijimos, en lo esencial, se mantuvo el andamiaje legal que le permite a los empresarios sostener la precarización laboral derivada de formas de contratación flexibles. El Estado incluso, en relación a los empleados públicos, ha sido uno de los mayores flexibilizadores.

Cuando el macrismo pretendió avanzar con una nueva reforma laboral tropezó contra la resistencia popular en las calles, aunque lograron imponer aspectos flexibilizadores en sectores puntuales, como en Vaca Muerta donde la dirección sindical entregó conquistas del convenio de petroleros a los fines de “garantizar” las inversiones.

Bajo los efectos de la pandemia, los grandes empresarios con aval del gobierno, han iniciado una nueva etapa de ataques sobre las conquistas laborales de los trabajadores, con suspensiones, rebajas salariales, despidos y la reglamentación del “teletrabajo”, en lo que ya se perfila como el primer acto de una verdadera contrarreforma laboral en ciernes. Por eso, el desafío está en responder ante los ataques de las patronales y el gobierno, apostando a la unidad de cada uno de los sectores en los cuales fue fragmentada la clase trabajadora en las últimas décadas, ocupados y desocupados, precarios, informales, jóvenes y mujeres, para preparar una salida obrera y popular a la profunda crisis que atraviesa el sistema capitalista en todo el mundo.