DOS AÑOS #8A. El lobby antiderechos: los que nunca se fueron a dormir

Este aniversario de la noche en la que el Senado rechazó el proyecto para terminar con el aborto clandestino es un recordatorio de las vigilias masivas, las marchas y los pañuelazos. El movimiento de mujeres instaló el debate del aborto legal haciendo oír su voz en las calles. Pero también es el recordatorio de los que no se fueron a dormir esa noche y siguieron una actividad intensa desde entonces: el lobby antiderechos.

Son conocidos los discursos de legisladoras y legisladores, supuestos expertos que agitaron prejuicios, mezclaron creencias religiosas y campañas de odio, justificaron la ausencia de políticas públicas con fe y moral, que nada tienen que hacer en los recintos, ministerios y gobernaciones.

En 2018, vimos en acción la campaña reaccionaria más importante desde el lobby de las Iglesia católica, y más tarde las evangélicas, contra derechos elementales que eliminaban discriminaciones y reducían el poder de las instituciones religiosas. No fue la primera vez, el matrimonio civil en 1888 “amenazaba” la unión familiar, el voto femenino en 1947 “trastocaba la jerarquía de la familia”, el divorcio vincular en 1987 era el “fin de la familia”, aunque el “peligro” volvió en 2010 en forma de matrimonio igualitario.

Entonces, se utilizó la “defensa de la vida” como excusa para negar el derecho a las mujeres a decidir cuándo interrumpir un embarazo. Impedir la legalización no resulta en la no realización de abortos, solo aumenta los riesgos para la salud de la mayoría de las mujeres, que son pobres y trabajadoras. Se estima que en nuestro país se realizan cerca de 450.000 abortos al año. De esos, la mayoría se realiza en la clandestinidad.

Del lobby del bebito al partido celeste

Desde que empezó a crecer el apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se puso en funcionamiento el “lobby del bebito”, conocido por los muñequitos de plástico que repartían grupos antiderechos (la cara más visible fue Mariana Rodríguez Varela). La Iglesia católica movió sus influencias en los bloques mayoritarios y las gobernaciones, la federación de Iglesias evangélicas aportó la movilización callejera y tejió nuevos lazos con el Estado.

El poder y la influencia de las iglesias no es solo simbólica. Solamente tres hechos alcanzan de ejemplo. En septiembre de 2018, la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal (Cambiemos) bloqueó un proyecto de ley de educación sexual integral, por “pedido” de las Iglesias evangélicas. En enero de 2019, el gobernador Gerardo Morales (aliado de Cambiemos) desplegó el poder estatal provincial para desconocer todos los derechos de una niña violada que solicitó una interrupción legal del embarazo (ILE). Otra menor violada en la provincia de Tucumán de Juan Manzur (Frente de Todos) en febrero del mismo año mostró un sistema similar: se negó la ILE, un derecho que garantiza el Código Penal desde 1921, y se practicó una cesárea forzada. En todos los casos, el lobby antiderechos funcionó en estrecha colaboración con el Estado.

En 2019, después de su bautismo en las marchas contra la legalización del derecho al aborto, se apuró la apuesta electoral celeste. Saltaron los “punteros de Dios”. Ni Rubén Proietti (presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA), ni el Papa Jorge Bergoglio bendijeron la iniciativa. Proietti dijo, “como Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas que representa más de 15.000 iglesias, enfáticamente digo que de ninguna manera sostenemos un partido confesional. De ninguna manera”.
Bergoglio fue igual de directo en el discurso a un grupo de la pontificia comisión para América latina: “en política es mejor tener una polifonía en política inspirada en una misma fe y construida con múltiples sonidos e instrumentos”. Hasta ahora, la “polifonía” ha sido la política más efectiva para las jerarquías religiosas, con curas y pastores en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Sin partido propio, algunas figuras celestes desembarcaron en el Congreso, como la diputada Dina Rezinovsky en Juntos por el Cambio.

Por las dudas, le prenden una vela a cada santo. La promesa de Alberto Fernández de presentar un proyecto para legalizar el derecho al aborto alejó a los celestes del nuevo oficialismo, pero otras políticas acercaron a algunos. De la mano del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo y la mesa contra el hambre, llegó el pastor evangélico Bernardo Affranchino (Iglesia Cristo para Todos) dispuesto a ser un puente. El gesto fue respondido en la reunión que aceptó el presidente en abril de 2020. Otros en el oficialismo son más entusiastas, como el gobernador de Chaco Jorge Capitanich, que sumó directamente a las iglesias evangélicas al programa “Cristanos a ayudar” del ministerio de Salud.

El armado nacional evangélico volvió a la carga y ya tiene nombre: Una Nueva Oportunidad (UNO). El primer acercamiento oficial fue con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Juntos por el Cambio ya sueña un armado ampliado. De las figuras destacadas, Diego Villamayor, coordinador provincial de UNO, con expediente en el gobierno de María Eugenia Vidal, participó de la reunión con Bullrich. Pero también está Walter Ghione, pastor santafesino y diputado provincial, que no parece estar listo para dar por perdido el voto peronista, así lo comentó al diario El Ciudadano: “Hoy lo que se hace llamar peronismo está totalmente desdibujado, para nosotros no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina de Juan Domingo Perón”.

Iglesia y Estado, no hay otra opción que la separación

El lobby de las Iglesias y los sectores antiderechos no se detuvo nunca, avanzó casilleros, ganó influencias, reorganizó sus fuerzas. Su potencial se construye sobre dos pilares: la incrustación de la Iglesia Católica en el Estado y el poder de movilización de las Iglesias evangélicas. Lo que en 2018 fueron amenazas de excomulgación a legisladores y legisladoras que votaran a favor de la legalización, día a día se traduce en obstáculos para garantizar derechos que ya existen. Allí reside la importancia de que Iglesia y Estado sean asuntos separados.

Las Iglesias en Argentina y en todo el mundo actúan con una receta similar, esconden detrás de la “defensa de la vida y la familia” su rechazo a medidas que buscan eliminar discriminaciones, de forma modesta y paliativa, resultado de las desigualdades que se reproducen en las sociedades capitalistas. El “modelo” más famoso es el del movimiento “pro familias” de Estados Unidos, surgido en reacción a la movilización feminista de los años 1960 y 1970. Convertido en base electoral que le dio el triunfo a Ronald Reagan en 1980, se replicó en muchos países, mediante diferentes Iglesias. En los últimos años, cuando se revitalizó la movilización de las mujeres, volvió a ser una receta utilizada por formaciones políticas de derecha y sectores conservadores en los partidos mayoritarios.

En medio de la pandemia, la calle está limitada para ejercer su poder “disuasorio” sobre las instituciones para que reconozcan derechos mínimos, como decidir sin arriesgar la vida. Hoy se escuchan más los sectores conservadores, mientras los que se presentaron como el “mal menos malo” (aunque duerman con el enemigo) piden tiempo y paciencia a quienes no pueden esperar más. La impaciencia tiene motivos genuinos: las mujeres siguen muriéndose en la clandestinidad, algunas veces conocemos sus nombres, otras solo sus iniciales.

No existe ningún motivo para que curas y pastores opinen sobre políticas públicas. No se trata de libertad de culto o práctica de la fe religiosa, es un poder otorgado por las clases dominantes a cambio de servicios importantes como la contención social en momentos complicados. A veces, el poder es directamente económico, como sucede con el financiamiento de sueldos de curas y obispos católicos, político como secretarías y oficinas públicas o influencia para impedir que se dicte educación sexual integral o se garantice el acceso a la salud sexual y reproductiva.

La separación de la Iglesia y el Estado es cada vez menos una consigna abstracta. Es concreta, indispensable y urgente como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Con todas las medidas necesarias, este aniversario tiene que ser el comienzo del regreso a la calle. Y esta vez sí, que sea ley.