La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) publicó un comunicado donde crítica las “actitudes revanchistas” y pide respeto para la división de poderes. Hace unos meses había celebrado el preacuerdo con el FMI, que abrió la puerta para la profundización del ajuste que lleva adelante el Frente de Todos.
Viernes 26 de agosto de 2022 17:14
Foto: Carlos Rosenkrantz, integrante de la Corte Suprema (Télam. Imagen de archivo)
Era el lobby que faltaba. Este viernes se conoció un comunicado de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). El agrupamiento reúne a ejecutivos y empresarios que intentan conjugar la rentabilidad capitalista con los valores cristianos. Fundada en 1952, cuenta con auspiciantes como el Grupo Clarín, La Nación, Pan American Energy (PAE), Telecom, el Grupo Arcor o el Banco Galicia.
El comunicado define como “reprochables” las declaraciones que considera “amenazas” o “actitudes revanchistas”. Asimismo, rechaza el abordaje de “dolorosas circunstancias de nuestra vida política que aún no han tenido un resultado judicial definitivo”.
Detrás de los eufemismos, lo que hay son críticas al Gobierno nacional y, más precisamente, a Alberto Fernández. Llegan luego de que el presidente hablar del fiscal Diego Luciani comparándolo con el fallecido Alberto Nisman. Declaraciones que, por otra parte, habilitaron a la oposición de Juntos por el Cambio al show mediático de pedir juicio político a quien ocupa, formalmente, la conducción del Poder Ejecutivo Nacional.
El comunicado de la asociación empresaria también pide “respetar las instancias naturales de un proceso judicial, donde los fiscales acusan, los defensores alegan a favor de los acusados, y los jueces deciden en mérito a las evidencias y los argumentos”.
Los jueces que “deciden en mérito a las evidencias y los argumentos” faltaron a la cita. El Poder Judicial argentino está contaminado de parcialidad. No por algo es una de las instituciones más cuestionada por la población. Graficando ese malestar, un informe de la consultora Taquion indica que más del 89 % de los encuestados y encuestadas considera a jueces y fiscales “muy o bastante corruptos”.
El comunicado finaliza señalando que “la situación en nuestro país es lo suficientemente compleja y dolorosa en lo político, lo económico y lo social, con niveles de pobreza que hieren a millones de nuestros hermanos, como para que se avance en actitudes vindicativas que afectan la paz social que nuestra población merece y demanda”.
La asociación habla como si las grandes patronales que son sus auspiciantes no tuvieran nada que ver con la crisis económica y social en curso. Se podría recordar, por ejemplo, el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras de Clarín, que vienen reclamando por sus miserables salarios desde hace meses. O el intento de Arcor -en la planta de Bagley de Córdoba- de imponer mayores ritmos de explotación durante los fines de semana.
Pero, además, ACDE es parte del Foro de Convergencia Empresarial. Esa organización publicó, en febrero de este año, un comunicado donde celebraba el preacuerdo con el FMI. Allí decía que ese texto era “un primer eslabón imprescindible en una necesaria cadena de iniciativas que contribuyan a fomentar las inversiones privadas y el desarrollo de la actividad empresarial”. Sin embargo, aquel preacuerdo ya marcaba los lineamientos de ajuste que sería votado en el Congreso Nacional con acuerdo de gran parte del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Ese ajuste es que el que sigue llevando adelante el Frente de Todos y hoy se hace aún más pronunciando con los durísimos recortes implementados por Massa sobre la educación. El comunicado de ACDE es otro ejemplo de que la “grieta” discursiva en cuanto a la división de poder no se traslada al plano económico. Allí hay un verdadero consenso del ajuste entre empresarios y partidos patronales.
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