El diario Página/12 presentó en su edición de ayer los lineamientos de la propuesta para reestructuración de deudas presentada por el gobierno argentino en la ONU. Un plan que busca aislar a los fondos más buitres, al mismo tiempo que deja hacer negocios al resto de los bonistas y los bancos que actúan en los canjes.
Esteban Mercatante @EMercatante
Martes 10 de febrero de 2015
El matutino oficialista Página/12 presentó en su edición de ayer los lineamientos de la propuesta para reestructuración de deudas presentada por el gobierno argentino en la ONU. Esta propuesta fue elaborada luego de que en junio del año pasado la Corte Suprema de los EE.UU. confirmara –al decidir no tomar el caso- el fallo del Juez Thomas Griesa en el litigio contra la Argentina de los bonistas que rechazaron las propuestas de canje de deuda de 2005 y 2010.
La resolución del juez neoyorquino obligaba a la argentina a pagar a los bonistas el 100% de lo adeudado más intereses punitorios, en vez de los pagos con quita (aunque con importantes beneficios adicionales) que el gobierno había negociado en los canjes.
El objetivo del marco jurídico que el gobierno sometió para la aprobación de la ONU apunta a dar herramientas a los Estados para proponer, desarrollar y concluir reestructuraciones de deuda. Según el marco propuesto por el gobierno, reestructurar los pasivos es una decisión soberana. Al tomarla, el país deberá ofrecer a los acreedores y a los países que adhieran al convenio presentado ante la ONU, “una explicación sobre las razones que dispararon el uso del mecanismo multilateral, así como de una descripción sobre las políticas económicas que junto con la reestructuración permitirán llevar la deuda a un nivel sostenible”, según informa Página/12. La normativa propone un plazo máximo de un año y medio para desarrollar negociaciones (extensible por un año más), y establece que “un acuerdo aprobado por las mayorías calificadas que se establezcan será vinculante para todos los acreedores”.
La iniciativa fue presentada el martes de la semana pasada y comenzó a ser analizada por los miembros de la ONU. A pesar de que después de que la presentación el ministro de economía Axel Kicillof consideró que se trataba de un “cambio histórico”, la efectividad de la propuesta podría ser muy limitada, por decir lo menos. Es que para que además de aprobase la iniciativa, los países deberían darle validez en sus respectivas jurisdicciones adhiriendo al marco jurídico propuesto. Cuando se votó en septiembre del año pasado en la ONU el inicio de las negociaciones de una normativa sobre las reestructuraciones, 11 países votaron en contra. Son nada menos que Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, Canadá, Australia, Israel, República Checa, Irlanda, Hungría y Finlandia. Si tomamos este posicionamiento como un indicio de lo que harán frente al convenio si este se aprobara, es de prever que la iniciativa para aislar a los fondos buitre resultará fallida allí donde se desarrollan la mayoría de los litigios, es decir en las principales plazas financieras del mundo.
Las reestructuraciones de deuda, un negocio para los buitres “buenos”
Lo que el gobierno quiere transformar en ley, es un esquema para que los países puedan tramitar de forma más ordenada las reestructuraciones de deuda. Lejos de cuestionar el negocio del endeudamiento como tal, propone un mecanismo para que el plano durante el cual los acreedores ven interrumpidos sus pagos se reduzca al mínimo. En pos de limitar el accionar de los sectores más rapaces, asegura para el resto amplios beneficios.
Un primer aspecto es que la renegociación encarada por la Argentina en 2005, que se busca presentar como una postura soberana por el nivel que tuvo la quita nominal de deuda (65,6%), pasa por alto intencionadamente que esta quita fue ampliamente compensada por los llamados cupones atados al crecimiento del PBI, aunque estos hayan dejado de abonarse en los últimos dos años. Un trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina en el año 2013 observa que “la quita obtenida mediante el canje de la deuda externa declarada en moratoria en 2001 ha sido moderada”.
Pero esto no es todo, como ocurrió en el primer canje, y más aún en el segundo, desde el punto de vista de los tenedores de los títulos el negocio fue verdaderamente formidable, porque los títulos habían sido adquiridos en muchos casos después del default, a precios de remate. Así como buitres como el fondo NML que está haciendo el juicio en Nueva York, compran los títulos para lucrar en las cortes, otros tantos “inversores” los adquieren para hacer pingües negocios con los canjes de deuda.
Por último, las reestructuraciones son también un formidable negocio para los bancos emisores. Un canje como el de 2010 aseguró varios cientos de millones de dólares de beneficios para los bancos intervinientes.
En suma, se lo mire por donde se lo mire, lo que el kirchnerismo propone es un “modelo” de negocios. No sorprende que bajo estas condiciones, a pesar de que la presidenta confesó que durante los gobiernos kirchneristas se pagaron “serialmente” (Cristina Fernández dixit) 180 mil millones de dólares, la deuda haya trepado de 125 mil millones de dólares en 2005 a 198 mil millones de dólares según el último informe presentado por Economía. Un “desendeudamiento”, bastante costoso mientras duró, y archivado durante los últimos años, ya que la deuda crece más rápido que el PBI y aumenta nuevamente la parte en dólares.
El problema de la deuda, como se prueba a las claras después de diez años de la reestructuración de 2005, no se resuelve pagando puntillosamente. Se trata de una deuda usuraria y fraudulenta, como ha sido ampliamente incluso probado en la causa Olmos por el juez Jorge Ballesteros. Es necesaria la declaración del no pago de la deuda, como parte de un conjunto de iniciativas como la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores y la nacionalización de todo el comercio exterior.
