La apuesta de la clase dominante y del gobierno de Biden es al desvío y la cooptación, a través de las diversas burocracias, de los fenómenos políticos novedosos en el corazón del imperialismo que surgieron en los últimos tiempos, como el Black Lives Matter y la lucha de clases más tradicional como en Amazon.

Desde un centro de capacitación para carpinteros en la ciudad industrial de Pittsburgh, Pensilvania, y ante una audiencia compuesta en su mayoría por obreros sindicalizados, el presidente Joe Biden anunció un ambicioso plan de inversión en infraestructura, conocido como The American Jobs Plan (Plan de Empleo Estadounidense) al que calificó como la mayor inversión estatal en creación de empleo desde la Segunda Guerra Mundial.

La carga simbólica del escenario elegido para el anuncio –el corazón del Rust Belt que fue seducido por la demagogia populista de Trump y luego volvió al redil demócrata– y el discurso del presidente, son indicadores de los cambios en la relación de fuerzas y la situación política que se vienen operando en los últimos años y que han dado un salto con la pandemia.

El plan de infraestructura consiste en una inversión de 2 billones de dólares en los próximos ocho años, repartidos en: reparación o reconstrucción de aeropuertos, puertos, puentes, rutas y otras obras de infraestructura para el transporte que está en ruinas como consecuencia de una caída de un 40 % de la inversión estatal desde la década de 1960 (Estados Unidos se ubica en el 13 lugar en el ranking mundial); refacción de edificios, viviendas y escuelas; reconversión de sectores de energía fósil a energías renovables (lo que incluye la producción de autos eléctricos); subsidios para el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidades, entre los rubros principales. Además el plan contempla unos 180.000 millones de dólares para investigación y desarrollo en áreas como semiconductores, baterías y tecnologías informáticas, dirigida explícitamente a la competencia con China.

Además de la inversión estatal, la creación de empleo y el cambio climático, el discurso que acompaña al plan tiene un sesgo de nacionalismo económico, que parece una bandera robada al propio Trump. No solo la competencia con China es un eje ordenador, sino que entre las propuestas de Biden está repatriar a Estados Unidos sectores de la industria de baterías eléctricas y sus cadenas de suministro hoy radicadas en China y otros países asiáticos que ofrecen mano de obra barata y ventajas impositivas. Según un estudio citado por The New York Times, solo el 46 % del valor de una batería Tesla se produce en Estados Unidos, el resto proviene de China y Japón.

El mensaje de Biden al establishment parece ser que el plan que a los ojos de los republicanos, de algunos demócratas de fe neoliberal y de sectores importantes de la burguesía aparece como un gasto exorbitante de dinero, es en realidad el precio a pagar para “hacer grande nuevamente a Estados Unidos” (Make America Great Again, la promesa incumplida de Trump) y alistar el frente interno para recomponer hasta donde sea posible el liderazgo de la principal potencia imperialista.

El monto de la inversión sin dudas aparece como una cifra impactante, aunque puesto en contexto de las prioridades del imperialismo norteamericano su dimensión se relativiza. Prorrateado anualmente, serían unos 282.000 millones de dólares, lo que equivale a menos de un tercio del presupuesto anual del Pentágono que asciende a 741.000 millones de dólares para 2021.

Este cálculo matemático es un ejercicio intelectual útil pero no tiene efectos simbólicos en lo que aparece como un cambio importante de orientación en la política estatal, después de décadas de reaganomics, es decir, de pregonar el “gobierno chico” y el recorte de impuestos a los ricos, que repitieron como un mantra republicanos y demócratas (desde los dos Bush a Clinton y Obama).

El Plan de Empleo forma parte de un triple paquete de intervención estatal –el trío se completa con el Plan de Rescate (un estímulo de 1,9 billones de dólares ya votado por el congreso) y el aún pendiente Plan de Familias (que consistiría en ayuda económica para la educación y otros ítems)–. Sumados los tres planes significarían en los papeles una inyección estatal de entre 4 y 6 billones de dólares para dar impulso a la recuperación económica en curso, que si bien los pronósticos indican que en lo inmediato será robusta (la Reserva Federal estima un crecimiento por encima del 6 %) aunque con dudas sobre su sustentabilidad, también será tan desigual como el impacto de la crisis social producida por la pandemia del coronavirus.

¿Qué posibilidades tiene de ser aprobado en el Congreso? Por ahora sigue siendo una incógnita pero todo indicaría que el camino será tortuoso y que implicará negociaciones arduas que probablemente terminen limando el plan original. El mismo Biden ya se anticipó diciendo que está abierto a “nuevas ideas” para financiar su plan.

Empecemos por la burguesía. Sin dudas, ante el espantajo de otros cuatro años de trumpismo, y ante la emergencia de una lucha de clases sin precedentes en las últimas décadas, la “américa corporativa” apostó a la presidencia de Biden como un gobierno de “transición”. Y saludó con una suba de Wall Street el Plan de Rescate basado en un aumento sideral de la deuda pública, que ronda un 130 % del PBI, con la convicción que transmite la Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro, que el endeudamiento a tasa prácticamente negativa no es un riesgo.

Pero a diferencia del Plan de Rescate, el Plan de Infraestructura se financiará con un aumento del impuesto a las corporaciones, revirtiendo parcialmente el recorte impositivo de Trump de 2017. Pasará del 21 al 28 %, un aumento que la patronal y los republicanos rechazan aunque está bastante por debajo del 35 % que regía bajo el gobierno de Obama.

Esta suba del impuesto corporativo puso en guardia a sectores de la clase dominante que ya están posicionando a sus lobistas para obtener concesiones, como AT&T, UPS, FedEx, la National Association of Manufacturers y la US Chamber of Commerce. Lo mismo que el sector de energías fósiles, que se vio beneficiado con recortes adicionales de impuestos y subsidios por parte del gobierno de Trump durante los meses más duros de la pandemia, pero que de todos modos redujo un 16 % su plantilla.

Otro actor de peso son los sindicatos. La burocracia sindical de la AFL-CIO es un componente importante de la base del gobierno de Biden y el presidente por ahora les devuelve la cortesía. En la presentación del Plan de Empleo, Biden se definió como un union guy (algo así como un “tipo de los sindicatos”), dijo que son los trabajadores y no Wall Street los que construyen el país; y remató con una denuncia al “1 %” de los norteamericanos más ricos que sumaron 1,3 billones de dólares a sus fortunas en el annus horribilis de la pandemia, mientras millones perdían sus empleos.

Biden aseguró que su plan de infraestructura, sumado al Plan de Rescate, va a crear unos 18 millones de puestos de trabajo, sindicalizados y bien pagos, en los próximos cuatro años, además de potenciar el crecimiento económico, disminuir la emisión de carbono para contarrrestar el cambio climático y mejorar la posición de Estados Unidos en su competencia con China. Y prometió restablecer el derecho a la libre organización sindical después de décadas de ofensiva patronal y estatal contra los sindicatos, lo que tuvo como consecuencia un derrumbe de la tasa de sindicalización que hoy está en mínimos históricos (10,8 % de los trabajadores, 6,3 % en el sector privado).

Sin embargo, varios sindicatos del sector automotriz y de energías tradicionales ya han puesto en dudas las promesas de Biden dado que las empresas de energías renovables pagan salarios significativamente más bajos y prácticamente no tienen sindicatos. Además de que la reconversión liquidaría unos 130.000 puestos de trabajo en el gas y el carbón.

Por último, el Congreso. En un senado paritario, dividido 50-50 entre republicanos y demócratas, desempata la vicepresidente Kamala Harris. Es lo que hizo para aprobar el paquete de rescate que se volvió ley solo con votos demócratas. Pero no está claro primero que se pueda evitar la supermayoría de 60 votos para aprobar el plan de infraestructura. Eso le daría a los republicanos la posibilidad de trabar la votación recurriendo al “filibusterismo” (una táctica de obstrucción parlamentaria mediante la oratoria, que incluye por ejemplo leer recetas de cocina o novelas hasta que venza el plazo para tratar las leyes).

En caso de que se aprobara por mayoría, tampoco está claro que todos los demócratas votarían a favor. Probablemente el ala izquierda del partido lo haga. Aunque Alexandra Ocasio Cortez y otros referentes de este sector como Bernie Sanders ya criticaron al plan por considerarlo insuficiente (comparado con su propuesta original del Green New Deal que preveía una inversión estatal de 10 billones de dólares, rechazada por Biden), prime la lógica del “mal menor” para no hacerle el juego a la derecha republicana. Hay más dudas sobre los demócratas conservadores que son críticos del plan, y que por ejemplo para votar a favor del paquete de estímulo hicieron que se retiraran puntos fundamentales para los trabajadores como la suba del salario mínimo federal a 15 dólares la hora.

El destino del plan y su contenido final dependerá en última instancia de la relación de fuerzas entre estos actores. Pero el programa de los primeros 100 días del gobierno de Biden invita a las analogías históricas.

En su discurso de toma de posesión, el 20 de enero de 1961, el presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy sintetizó de una manera magistral las lecciones que había sacado la clase dominante de la crisis de 1930. Dijo, palabras más o menos, que “Si una sociedad libre no es capaz de ayudar a los muchos que son pobres, será incapaz de salvar a los pocos que son ricos”. No le estaba hablando a los “muchos pobres” –una buena cantidad de ellos lo había votado y otros lo habían hecho por Richard Nixon, un republicano populista avant la lettre, que se presentaba como un hombre común enfrentado a la elite–. Le hablaba fundamentalmente a la gran burguesía, que lo miraba con suspicacia. Kennedy estaba convencido de que para conjurar la “amenaza comunista” y mantener el liderazgo imperialista en el mundo, era necesario extender la ilusión del “sueño americano” a los que lo miraban desde afuera, en particular la comunidad afrodescendiente.

No era un problema ideológico, sino material. Es que, como explica el historiador Joshua Zeitz, en el país más rico del mundo, y en esos años de prosperidad sin precedentes, 34 millones de norteamericanos, o el 22 % de la población, eran pobres según las estadísticas oficiales, lo que alimentaba un profundo resentimiento. La combinación entre la irrupción del movimiento de los derechos civiles y los pobres podía ser explosiva.

La traducción política fue una batería de medidas de asistencia que Kennedy apenas llegó a implementar porque fue asesinado a mitad de su mandato, y que se transformaron en el programa de gobierno de su sucesor, Lyndon Johnson que anunció una guerra contra la pobreza pero pasó a la historia principalmente por haber iniciado la guerra de Vietnam. Este programa, conocido como Great Society, aunque era una versión degradada del New Deal de Roosevelt, funcionó como un Estado benefactor europeo, adaptado a la realidad de Estados Unidos donde no existían partidos obreros reformistas de masas como la socialdemocracia del viejo continente. Si en la política doméstica la asistencia estatal estaba al servicio de ganar paz social mediante la cooptación de movimientos potencialmente disruptivos, en el plano externo era parte de la Guerra Fría con la Unión Soviética.

Sesenta años después, la realidad es muy distinta pero tiene algunas semejanzas. La crisis social que se sigue arrastrando producto de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias pinta un panorama desolador para la principal potencia imperialista. Y golpea principalmente a las comunidades afroamericanas y de inmigrantes. La desigualdad ha alcanzado ribetes escandalosos. La tasa de pobreza se ubica cercana al 12 % pero en la segunda mitad de 2020 tuvo su crecimiento más acelerado desde la década de 1960. Noventa millones no tienen ninguna cobertura de salud o una cobertura insuficiente. Hay en ciernes una crisis de desalojos que podría dejar a millones de familias en la calle por no poder pagar el alquiler. Y el salario mínimo sigue siendo de 7,25 dólares la hora, lo mismo que en 2009.

El momento populista de Biden, un viejo político tradicional de establishment demócrata, se explica sobre todo por estas circunstancias, puestas de manifiesto con la crisis capitalista de 2008, que dio como resultado la profunda polarización política y social que llevaron a Trump a la presidencia, un resurgimiento de la lucha de clases en sentido amplio (que tuvo su momento más alto en la rebelión contra el racismo y la violencia policial por el asesinato de George Floyd) y la emergencia de fenómenos políticos novedosos que tomados de conjunto pueden preanunciar una mayor radicalización política.

La apuesta de la clase dominante y del gobierno de Biden es al desvío y la cooptación a través de las diversas burocracias –sindicales, políticas y de movimientos sociales–. Quienes hacemos La Izquierda Diario, así como nuestros/as compañeros/as de Left Voice en Estados Unidos apostamos a que los trabajadores y las minorías oprimidas, las mujeres y los jóvenes toman plena conciencia de su fuerza.

En estos días en Amazon se juega una importante batalla por el derecho a la sindicalización. Su triunfo alentaría a otros/as trabajadores a seguir su camino. Los trabajadores, los jóvenes que despiertan a la vida política y se definen “socialistas”, los que dieron vida al movimiento Black Lives Matter, las comunidades latinas y de inmigrantes, no pueden confiar en el partido demócrata que históricamente ha sido el vehículo de la burguesía imperialista para evitar que los explotados avancen en un sentido revolucionario.

Esta situación convulsiva plantea la necesidad de poner en pie una organización independiente de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, que una la lucha contra el racismo, el capitalismo y el Estado imperialista norteamericano en una perspectiva socialista.