Debate Proceso Constituyente. El “mundo del trabajo” en el proceso constituyente: ¿Cómo poner fin a la precarización y las leyes antiobreras heredadas de la dictadura?

Hacer cambios cosméticos para preservar lo esencial del “modelo” heredado de la dictadura

“En términos del impacto de una potencial nueva Constitución, es muy importante decir que es muy pronto anticipar potenciales cambios en la Constitución, como en la economía, ya que debe ser discutido en este nuevo cuerpo y cada artículo debe ser aprobado por dos tercios de los miembros del órgano elegido. A pesar de la incertidumbre en el proceso, somos conscientes de la importancia de preservar aquellos activos críticos que han sido importantes en el pilar de desarrollo, que hay que discutir durante el próximo año”. Así de claro fue el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, quien dijo estas palabras en la “conference call” realizada por la entidad para dar cuenta de los resultados al tercer trimestre de 2020.

Dos ideas clave: 1) será muy difícil que se hagan cambios estructurales en la convención constitucional debido a todas las trabas y limitaciones que tiene- como el quórum de dos tercio señalado por el economista-, y 2) para los empresarios y poderosos del país es de vital importancia preservar lo esencial del “modelo económico” heredado de la dictadura.

En esta misma línea el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó en una entrevista al medio Pulso que “hay un ánimo importante por hacer algo totalmente equilibrado y que sea razonable para el desarrollo del país”, agregando que “si se decide mantener un equilibrio entre el modelo liberal y socialdemócrata -que yo los veo cada vez más cerca- creo que esto puede funcionar y puede haber terreno fértil”.

Por su parte, Bernardo Larraín (presidente de la SOFOFA) manifestó que los empresarios deben participar del proceso constituyente, pues “es responsabilidad de todos cuidar la democracia y la empresa no puede estar al margen”. También apeló a hacer algunos cambios, manteniendo el modelo de desarrollo, para lo cual, según el líder empresarial, “las reglas de funcionamiento de la convención constituyente son fundamentales. Eso despeja incertidumbre”.

A todos les preocupa que la discusión y las expectativas de la población puedan “descontrolarse más” durante el proceso constituyente, por eso exigen “reglas claras” o ponen el límite para que no hayan cambios estructurales. “Estoy convencido que los chilenos son orgullosos del progreso de los últimos 30 años”, afirmó Larraín, bastante equivocado si la consigna de la rebelión popular fue “no son 30 pesos, son 30 años”. Justamente, es el “modelo” lo que se cuestiona.

Esto es lo que se busca evitar con un proceso constituyente amañado, lleno de trampas, no solo con los dos tercios, sino también con otras limitaciones como es la prohibición de modificar tratados internacionales vigentes para Chile, por lo que temas como las odiadas AFP no podrán ser abordados; tampoco debates sobre los recursos naturales y estratégicos del país, donde gran parte está en manos de capitales extranjeros. Los grandes empresarios y sus partidos temen que se cambie estructuralmente el “modelo” capitalista y neoliberal heredado de la dictadura o, peor para ellos, que se derrumbe y otro tipo de sociedad pueda ser posible. Quieren hacer cambios cosméticos para preservar lo esencial del legado de Pinochet y de ese “modelo de desarrollo” del que hablan, tan cuestionado por la amplia mayoría de la población. Por esto se preparan para intervenir en el proceso constituyente, con sus representantes de candidatos, defendiendo sus intereses.

Conquistar las demandas de las y los trabajadores, luchar contra la precarización, implica acabar con el modelo capitalista y neoliberal de las últimas décadas

Entonces, ¿cómo podría desarrollarse el tema sobre el “mundo del trabajo”? ¿De qué manera terminar con los pilares del legado de Pinochet que profundizaron la precarización y flexibilidad laboral? ¿Qué temas deberían ser discutidos en el proceso constituyente? Algunos sectores se han referido al asunto. En una nota del medio La Tercera, la profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UC, Teresita Tagle, manifestó que el proceso constituyente será una “oportunidad” para garantizar como “garantía constitucional el derecho al trabajo”.

En el mismo artículo se cita un sondeo de Randstad- donde participaron cerca de 300 ejecutivos de “alto nivel”- en el que se establece que el 43% considera que la flexibilidad laboral “ayudaría a su compañía a enfrentar los efectos adversos del coronavirus”, proponiéndose también la “contratación por proyecto o temporal”, una “nueva tendencia” post pandemia.

Por su parte, desde la CUT, su presidenta Bárbara Figueroa (PC) plantea que “el debate constituyente debe permitir hacer una profunda revisión y nosotros esperamos en este proceso instalar con gran convicción el valor del trabajo”. ¿A qué se refieren con el “valor del trabajo”? Nadie sabe. Son otras palabras vacías más dichas por la líder de la central sindical, quien ha mantenido una tregua criminal con el Gobierno y los empresarios. ¿Qué discusiones beneficiosas para las y los trabajadores esperan las dirigencias sindicales en el proceso constituyente- controlado por los partidos de los 30 años y donde habrán representantes de los empresarios-, si en todos estos meses no han sido capaces de organizar una lucha seria para frenar los cientos de miles de despidos ocurridos en pandemia, ni para exigir un sueldo mínimo acorde a la canasta familiar?

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Lo que no se dice es que “poner en discusión” las problemáticas “del mundo del trabajo”, las necesidades y demandas que exige el pueblo trabajador, las grandes mayorías, implica sí o sí plantearse echar abajo la normativa que rige a millones de trabajadores/as; el Código del Trabajo, y enfrentar los intereses de la clase empresarial que buscará sacar provecho a este “momento refundacional” en el país, donde- como dijo Bernardo Larraín- “se juegan los próximos 30 años”.

La clase empresarial y sus partidos se la jugarán para que se aprueben leyes y cambios que profundicen las bases del modelo económico actual, la precarización, los bajos costos para las empresas, la flexibilidad y todo tipo de modalidad que empeore condiciones laborales, los bajos sueldos, las extenuantes jornadas laborales, las regalías para los capitalistas nacionales y extranjeros. Cuando hablan del “desarrollo de las últimas décadas”, omiten que el sistema capitalista y neoliberal instaurado en dictadura militar fue a costa de un shock económico y de penurias para las masas trabajadoras, y que la segunda base de la acumulación, la tasa de explotación con el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, arrojó a millones a paupérrimas condiciones. El 50% de las y los trabajadores gana menos de $380.000 y 7 de cada 10 trabajadores menos de $550.000 líquidos, por mencionar solo un dato.

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Es justamente el “modelo” lo que se debe atacar. Fin del Código del Trabajo- y de artículos tan repudiados como el 161-, de la subcontratación y todo tipo de modalidad que busque tercerizar y precarizar el trabajo; paso a planta y contratos indefinidos; jornada laboral de 30 horas; sueldos acordes a la canasta básica familiar de $500.000; igual trabajo, igual salario; renacionalización de los recursos naturales estratégicos bajo control de trabajadores/as y comunidades, son algunas de las reivindicaciones que se podrían conquistar en una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, en un “proceso constituyente” donde fuese el pueblo trabajador el que decida realmente cómo resolver las necesidades sociales y cómo dar respuesta a los problemas del país; no esperando que sean los dinosaurios de la vieja Concertación, de la derecha, o el diálogo con los grandes empresarios, quienes resolverán las exigencias planteadas en las calles, después de gobernar décadas administrando la herencia de la dictadura, privatizando todos los derechos sociales y básicos.

La fuerza desplegada en la rebelión popular de octubre y, especialmente, la jornada obrera y popular que se vivió el 12 de noviembre con el llamado a “huelga general”, mostró que se puede vencer al “Chile de los 30 años”, que se pueden hacer transformaciones estructurales en pos de las mayorías, que se pueden conquistar las demandas de octubre exigidas por el pueblo. Pero, para esto, se deberá enfrentar la posición de los poderosos y sus partidos- retomando el camino de la movilización y de la huelga general-, que ya planean cómo mantener controlado el proceso constituyente y defender con uñas y dientes el legado de Pinochet.