Denuncian que Víctor Aiola, de la UCR-Juntos por el Cambio, no cumple con la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo desde principios de abril. El personal de salud reclama sueldos adeudados y rechaza la precarización.
Martes 25 de mayo de 2021 13:38
Agrupaciones del movimiento de mujeres denuncian la falta de políticas públicas en salud por parte del municipio de Chacabuco, especialmente, la vulneración de derechos en lo que hace al cumplimiento de la Ley 27.610 de IVE.
“La responsabilidad de lo que está sucediendo corresponde al Municipio, y al Director del hospital municipal por la falta de gestión en la resolución del conflicto salarial que sufren los trabajadores de la salud”, explicaron desde la agrupación Las Elviras.
La precarización laboral y los salarios adeudados a las y los trabajadores de salud, llevó a la suspensión de los procedimientos que garantizan la ley en cuanto a la interrupción, asistencia, contención y acompañamiento de las mujeres y cuerpos gestantes, de hacer uso del legítimo derecho de abortar.
Desde principios de abril la consejería que funcionaba en el Hospital Municipal no está interviniendo en las demandas, por lo tanto, no se atienden los casos o “secuencias”. Lo que implica que muchas mujeres sigan abortando en la clandestinidad, y que el Estado siga vulnerando sus derechos.
Por ésta razón, las socorristas Las Elviras NOBA vienen realizando diferentes presentaciones en la Región Sanitaria 3 y al programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, denunciando la situación de abandono total del Estado.
Así mismo, luego de haber pedido entrevistas con diversos funcionarios municipales y provinciales responsables no han obtenido respuesta ni soluciones al día de hoy.
Mientras tanto, el director del hospital Dr. Quereda, manifestó que faltaba que se firmara la resolución para pagarles a los profesionales, sin embargo, no volvió a contestar, ni se regularizó dicha situación.
Organizaciones independientes de mujeres como Rama Negra colectiva de mujeres y disidencias, PdT Tendencia y Las Rojas Chacabuco, con la adhesión de Pan y Rosas Junín y otras de la zona, impulsan el reclamo y denuncian públicamente la responsabilidad del intendente Víctor Aiola de Juntos por el Cambio por la vulneración de derechos.
Basta de precarización laboral
Las y los trabajadores de salud realizaron un paro para denunciar la falta de pago de sueldos a médicos, asistentes sociales y psicólogos que dependen del municipio.
La Consejería en 2019 funcionaba en un CIC barrial, el equipo de trabajo con el apoyo de las socorristas y agrupaciones de mujeres independientes, le solicitaron al Director del Hospital un lugar en el Hospital Municipal de Chacabuco para garantizar las prácticas en un marco de legalidad y con asistencia del Estado.
Sin embargo, ese pase se dio con contratos precarios o en calidad de “suplentes”, por lo que a la falta de pago se suma la exigencia de los nombramientos. Sin embargo, nadie da respuestas a la altura de las circunstancias.
“Todo esto es una muestra evidente del ajuste enorme que están llevando adelante los gobiernos nacional y provincial, y que afecta principalmente a la primera línea de salud que atiende al pueblo trabajador. Mientras se le paga una deuda ilegítima al FMI y ponen todos los esfuerzos por cerrar acuerdos con los acreedores privados, recaen sobre los trabajadores y especialmente sobre las mujeres las políticas de miseria que quieren imponer”, denunció María Fernanda Urcola, militante de Pan y Rosas Junín.
Una situación urgente
Los días 12 de abril y 5 de mayo se registraron llamados al 0800 de los cuales ningún funcionario del Gobierno se hace responsable. No hay predisposición del Director del hospital de brindar ninguna solución, ya sea derivando a las pacientes a otro centro de salud donde puedan garantizar las prácticas. Ni tampoco del Intendente de dar una respuesta frente a los reclamos del personal de salud.
“No puede ser que las organizaciones de mujeres sigan siendo las garantes casi exclusivas del acceso a los derechos de las mujeres cuando existen una leyes, como la de IVE, que deben cumplirse en marcos seguros”, agregó Fernanda.
La situación de Chacabuco es un ejemplo que demuestra que a pesar de la gran conquista del derecho al aborto, hoy no se está implementando porque las condiciones materiales para que esto suceda no están garantizadas. “Hacen falta más profesionales de la salud porque los que hay no dan abasto, es necesario reconocer su trabajo con un salario digno, igual a la canasta familiar. Es necesario mejorar la infraestructura de hospitales públicos y un plan de obras públicas que garantice viviendas dignas para el pueblo trabajado" dijo Fernanda, y agregó "pero además, debemos avanzar en la separación de la Iglesia del Estado para que exista un marco en el que las políticas se concreten sin constantes palos en la rueda. Si estas condiciones no cambian, la ampliación de derechos, las secretarias y ministerios de género, así como las capacitaciones con perspectiva de género no modifican en lo sustancial la opresión y explotación a la que estamos sometidas las mujeres trabajadoras. Por eso, tenemos que seguir organizadas y movilizadas.”, concluyó.
