El pasado 29 de mayo se celebró una de las elecciones más anheladas en las últimas décadas en Colombia. La coyuntura previa en la que se libró la batalla comicial estuvo cruzada por dos grandes cuestiones. La primera de ellas era la necesidad, por parte del establishment, de oxigenar el sistema político colombiano tras la fuerte impugnación que tuvo (y tiene) el gobierno de Iván Duque a raíz del extendido rechazo social de su gestión. En segunda instancia, la contienda estuvo signada por el notorio crecimiento electoral de la centroizquierda de la mano de Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico.

Ahora bien, ambos factores se encuentran ligados. La gestión de Duque, de la mano de su artífice el expresidente Álvaro Uribe, ha continuado con los principales lineamentos ideológicos y las acciones de su mentor. Sin embargo, a diferencia de aquel, ha tenido un fuerte rechazo social; desde el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 hasta las masivas protestas callejeras de jóvenes, trabajadores, campesinos e indígenas que se desplegaron por todo el país durante tres meses el año pasado.

Durante su mandato, los Acuerdos de Paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 no se han cumplido; por el contrario, hubo una manifiesta falta de voluntad en entablar conversaciones con otros actores insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los distintos cuerpos armados liderados por exdirigentes de las FARC. En concomitancia con ello, no brindó garantías de seguridad a los firmantes del pacto de pacificación, ni atendió socialmente a las regiones donde se desenvolvió el conflicto armado y tampoco desmanteló las estructuras paramilitares. De ese modo, según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del presente año se han asesinado a 258 personas por medio de masacres y atentados contra líderes sociales y excombatientes.

En forma simultánea, bajo el gobierno de Duque se agudizó la desigualdad social, aumentó la pobreza, la precarización del empleo y empeoró el acceso a la salud, la vivienda y la educación. Un ejemplo ilustrativo de su gestión fue el manejo que hizo de la pandemia, en donde benefició a grandes grupos empresariales mientras un sector importante de la clase obrera quedó sin trabajo. Frente a esa situación, entre abril y junio de 2021, se produjeron inmensas protestas y movilizaciones callejeras de jóvenes, trabajadores, campesinos e indígenas en diferentes ciudades del país; ante ello, el gobierno respondió con una brutal represión institucional y paramilitar provocando decenas de muertos y heridos.

En cierta forma, este marco explica tanto la derrota que el oficialismo tuvo en las pasadas elecciones parlamentarias del mes de marzo como el crecimiento electoral de la centroizquierda.

Con esos antecedentes se llegó a los comicios del pasado domingo; en donde se pronosticaba que el potencial ganador de la contienda era Petro y que Federico (Fico) Gutiérrez de Creemos Colombia, movimiento político de derecha respaldado por Duque y Uribe, se convertiría en el segundo aspirante en alcanzar el posible ballotage. Sin embargo, esto último no aconteció. El electorado colombiano se volcó a respaldar a otro postulante: el ingeniero Rodolfo Hernández, de la recientemente creada Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), también de derecha pero alejada de los partidos tradicionales de ese arco ideológico. En ambos casos, este último como Petro se han presentado ante la población como una alternativa distinta a los partidos tradicionales (liberales y conservadores) que han gobernado al país.

En este sentido, cabe preguntarse ¿por qué estas elecciones presidenciales han llamado ampliamente la atención?

En primer lugar, Gutiérrez representante de la derecha tradicional, continuador del pensamiento de Duque y Uribe fue el principal candidato derrotado. Era el hombre que estaba apoyado por el establishment político: el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical y el Centro Democrático, entre otros. A su vez, su figura concentró tanto el rechazo existente al oficialismo como la imagen negativa que se tiene de Uribe. En otras palabras, Fico se convirtió en el símbolo de la casta política colombiana; además, se trató de un mensaje de repudio a quienes en las últimas décadas han manejado los hilos del poder.

En segunda instancia, creció en forma sorprendente la figura de Petro, sobre todo, en relación con las anteriores campañas presidenciables. El domingo pasado obtuvo la votación más alta en primera vuelta desde que se sancionó la Constitución Política de 1991; sin embargo, no le alcanzó para quedarse con la primera magistratura ya que se necesita más del 50 % para triunfar. Su éxito parcial se debió a una serie de circunstancias, por un lado, el mencionado contexto político de impugnación hacia Duque y Uribe; por el otro, a un conjunto de alianzas que tejió tanto con grupos evangelistas, como con el expresidente Ernesto Samper, entre otros sectores. En este último sentido, también su crecimiento se debió a la decisión de proclamar como aspirante a la vicepresidencia a Francia Márquez, una notoria referente afrocolombiana con gran raigambre dentro de los movimientos sociales que se manifestaron en los últimos años en contra del gobierno (sobre todo, en la zona del Cauca) y también famosa por su rechazo a la explotación minera ilegal.

Por último, una de las cuestiones más inesperadas fue el lugar logrado por Hernández al alcanzar el segundo puesto con 28,15 % del sufragio, superando al candidato oficialista. Este empresario de la construcción, exalcalde de Bucaramanga, se presentó como un candidato anticorrupción y contrario a la denominada casta política, en clara referencia a los partidos tradicionales. Si bien se ha mostrado como un outsider partidario y un luchador contra la corrupción, sus antecedentes contradicen esa imagen. Así, por un lado, ha tenido (y tiene) importantes lazos con el uribismo como lo demostró el armado de la campaña electoral para el parlamento en el departamento de Santander; aunque, percibiendo el rechazo que genera Uribe dentro de la población, ha tratado de desvincularse del histórico dirigente del Centro Democrático. Por el otro, a pesar de su prédica, el ingeniero tiene amplios antecedentes en materia de malversación de fondos, como así lo presupone la Fiscalía General de Colombia que lo acusa de celebrar en forma indebida contratos entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga con la compañía Vitalogic cuando fue alcalde de la mencionada ciudad en el período 2016-2019.

Ahora bien, en las próximas semanas, los aspirantes a la presidencia tejerán toda una serie de acuerdos y promesas para alcanzar la primera magistratura. En el caso de Petro, tiene una segunda vuelta electoral difícil; sobre todo, porque Hernández cuenta con el apoyo político electoral de Gutiérrez quien quedó en tercer lugar con 23,91 % de los sufragios. Para eso el líder del Pacto Histórico va a tender a desarrollar una serie de compromisos. Por un lado, va a emplear un discurso más conservador (ya acentuado desde el año pasado) para atraer hacia su candidatura a los sectores moderados que lo siguen observando con desconfianza por su pasado como exguerrillero del M-19. En ese sentido, hace unos meses atrás, Petro se reunió con diversos representantes de cámaras empresariales para acordar objetivos sobre su posible gobierno. Por otra parte, también va a salir a buscar el voto en lugares y en grupos que no han ido a sufragar. En un país donde es opcional la participación electoral, en un clima político de escepticismo y de rechazo al sistema partidario, frente al ballotage, se va a interpelar a la población para que vote a favor de su figura. Por último, el aspirante de centroizquierda no descartó la posibilidad de alcanzar algún acuerdo con políticos provenientes de otros espacios ideológicos como exvotantes de la Coalición Centro Esperanza liderada por Sergio Fajardo o liberales como César Gaviria. Al fin y al cabo, Petro ha expresado que en un país tan polarizado como Colombia “hay que saber establecer puentes” para llegar a “gente diversa” (El Espectador, 29/05/22).

Por su parte, el empresario va a continuar su campaña sobre la base del discurso de la antipolítica, haciendo una correcta lectura sobre el desencanto de los electores ante los políticos de siempre. Por otro lado, va a tratar de correrse del apoyo del uribismo, ya que eso lo haría poner en contradicción con su discurso opositor a la casta política que gobernó en las últimas décadas. No cabe duda que para sostener esta táctica electoral, el exalcalde de Bucaramanga cuenta tanto con el apoyo de diversos medios masivos de comunicación junto con un equipo de asesores que utilizan redes sociales con el fin de posicionarlo como un candidato con un lenguaje llano, con numerosas imprecisiones, las cuales le sirven como forma de acercarse a vastos sectores de la población. Por último, es importante observar, que el agrupamiento político de Fico Gutiérrez ya convocó a sus seguidores a votar por el ingeniero en la segunda vuelta electoral, lo mismo han hecho otras figuras públicas frente al posible triunfo de Petro.

En resumen, los votos de Petro y de Hernández, en cierta forma, representaron el cansancio con el uribismo tras dos décadas de poder. Cansancio que en los últimos años se manifestó a través de un ciclo de protesta iniciado con las movilizaciones y el paro nacional de 2019 y que continuaron con el estallido popular de abril-junio de 2021. Lo cierto, es que más allá del resultado electoral del ballotage, ninguno de los aspirantes presidenciales podrá cerrar las tensiones económicas y sociales en las que hoy está sumergida gran parte de la población colombiana.