Represión. El otro Altsasu: 11 jóvenes acusados de terrorismo por una manifestación

El 21 y 23 de mayo tienen lugar los juicios, que el Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona derivó a la Audiencia Nacional sin dilación. El caso pasa de los juzgados donde hace unas semanas La Manada era culpable de abuso y no de violación a la Audiencia Nacional heredera del franquista Tribunal de Orden Público que hace días juzgaba a los jóvenes de Altsasu, al periodista Boro o juzgará próximamente a Valtonyc.

En este caso, dictó auto de prisión preventiva para 3 de los 4 jóvenes detenidos en la manifestación antirrepresiva del 11 de marzo de 2017, ya que el otro era menor de edad. Posteriormente amplió el número de acusados a 15, el cual finalmente quedó en 11 jóvenes que se encuentran a la espera de conocer si se cumple la petición fiscal de condena a 7 años de cárcel por “desórdenes públicos terroristas” para los mayores de edad y de 2 años en un centro de menores para los menores.

En las localidades de donde proceden los jóvenes se han organizado plataformas de apoyo a los mismos, a través de las cuales denuncian la situación de arbitrariedad que se encuentran, especialmente los ingresados en prisión preventiva, que han sido sometidos al régimen FIES. Señalan que sin haber sido aún juzgados, ya han entrado en un régimen que “es para miembros de una organización armada y no nos especifica cual es”.

Al mismo tiempo, se les puede acusar e investigar por terrorismo sin necesidad de pertenecer a ninguna banda terrorista, ya que la reforma del artículo 573 en 2015 incluyó como delito de terrorismo, entre otros, los “desórdenes públicos” que pretendiesen “obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” o “alterar gravemente la paz pública”, una ambigüedad que puede aplicarse a prácticamente cualquier protesta.

El régimen FIES implica, entre algunas de sus restricciones, cambios constantes de centro penitenciario, sin tener en cuenta la vinculación familiar del preso a una ciudad determinada; imposibilidad de compartir celda con otros presos; prohibición de participar en algún tipo de trabajo, taller o curso; etc y el control estricto sobre todas sus comunicaciones, cartas, etc.

Los propios jóvenes relatan que “las comunicaciones, estaban restringidas e intervenidas. Disminuían las llamadas que tenían una duración de 5 minutos, permitiéndosenos 8 semanales en lugar de 10, que es un cambio que se nota mucho. Las cartas tardaban más en llegar, porque tenían que ser leídas e intervenidas, y podíamos enviar solo 2 a la semana, lo que dificultaba mucho la comunicación.”

Desde la Plataforma Oreretako 4ak Askatu lo definen como “un caso más de represión en contra de la juventud combatiente” y no es para menos. Semanas antes y con numerosas similitudes, el pedido de condenas por terrorismo a los 8 de Altsasu representaba un escandaloso montaje judicial, con una mayor envoltura mediática. A día de hoy es una evidencia más de la sistemática necesidad del Gobierno de resucitar la “lucha contra ETA”, aun cuando ésta ya no existe, para tratar de camuflar su afán por criminalizar todo movimiento contestatario

Mientras jueces y fiscales miran para otro lado o usan la vara blanda para políticos corruptos, empresarios y banqueros que de forma sobradamente probada malversaban fondos públicos y un sinfín de tropelías, aplican toda su dureza y parcialidad contra artistas, titiriteros, raperos, periodistas, twitteros, activistas o sindicalistas, al tiempo que mantiene el 155 en Catalunya en un intento por silenciar las críticas a este régimen y el sistema que defiende. Así es la justicia heredada directamente de franquismo. Una justicia de clase al servicio de los ricos y poderosos.