Crisis Política. El otro pacto: patronal y burocracia sindical juntos en defensa de “la estabilidad”

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El líder de la patronal CEOE, Juan Rosell, y de los sindicatos CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se reunieron este martes con el objetivo de crear un grupo de trabajo para elaborar las propuestas y hacer un pronunciamiento conjunto a favor de la formación de un Gobierno que garantice la seguridad jurídica y la recuperación económica.

El primer encuentro estaba convocado antes de conocerse la renuncia de Rajoy a presentarse al debate de investidura y, sobre todo, antes de la propuesta del líder de Podemos de formar un “gobierno del cambio” con el PSOE. La agudización de la crisis política dio mayor relevancia al inicio de las reuniones, que tendrán lugar en paralelo con los encuentros que el Rey mantendrá desde el miércoles con los grupos políticos en su segunda ronda de contactos para la investidura.

El objetivo se lo imprimió de principio a fin la patronal: hacer un pronunciamiento conjunto a favor de la formación de un “Gobierno estable que genere confianza” y “evitar que se frene la recuperación y proseguir con las reformas estructurales”. Y los sindicatos se sumaron gustosos al convite.

Así, la gran patronal y la burocracia sindical se meten de lleno en la crisis política para aportar “soluciones”. Después de algunos tanteos, la CEOE, CCOO y UGT llegaron a la conclusión de que son muchos más los puntos que los acercan a los que los separan, algo que no es novedad para nadie. En resumen, asegurar la estabilidad y las inversiones, que, de mantenerse la actual situación, pueden perderse. O dicho de otra manera, garantizar que las ganancias capitalistas (y por adyacencia, los privilegios de la burocracia), no se vean comprometidos.

Los capitostes de la patronal y la burocracia sindical se han cuidado de dar nombres en relación a los debates de investidura y las posibles combinaciones para formar gobierno. Coinciden en que la clave es que se forme Gobierno y se impidan nuevas elecciones que podrían llevar al país a un peligroso impasse que frenaría la recuperación y repercutiría en los mercados en la prima de riesgo, lo que incide en la caída de las inversiones.

Pero sus preferencias son por todos conocidas. Rosell, como portavoz de los intereses de las grandes empresas, ya había trasladado a los líderes de los principales partidos que los empresarios apuestan por un pacto entre las principales formaciones para dar un Gobierno en minoría del PP o a una “gran coalición” a la alemana entre los dos principales partidos con la inclusión de Ciudadanos.

Y por si quedaban dudas, más abiertamente se manifestó el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, para quien “la recuperación se puede frenar si hay un Gobierno inadecuado”. “No está la cosa para andar jugueteando con el muñeco”, dijo en declaraciones a El País, para añadir que no apoya una gran coalición PP-PSOE-Ciudadanos, por el peligro de dejar a Podemos en la oposición, pero le causa espanto un gobierno PSOE-Podemos, abogando así por un improbable acuerdo que permita al PP o al PSOE gobernar en minoría. “Lo fundamental es tener dos años por delante para hacer las grandes reformas pendientes de forma sensata”, terció.

En el caso de los líderes sindicales, virtualmente desaparecidos de la escena política hace meses (o debiéramos decir años), su posición no es otra que hacer seguidismo a las predilecciones de la patronal.

Tanto la patronal como los dirigentes sindicales se sienten legitimados para intervenir en la agenda política. Tienen la experiencia de muchos años de “diálogo” y de “consensos”, que en todos los casos han resultado en contra de los intereses de los trabajadores y las mayorías sociales. El último caso, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo por CCOO y UGT con la patronal, tras cinco meses de negociaciones. Un miserable pacto que estableció un verdadero congelamiento salarial estableciendo “subidas salariales” irrisorias del 1% y 1,5% para los próximos tres años (2015-2017).

La crisis política ha impuesto a todos los actores políticos del régimen abrazar una agenda “regeneracionista”. Por ello tanto la patronal como los sindicatos burocratizados se abren a debatir lo “asuntos de Estado más acuciantes”, como una reforma de la Constitución, la cuestión territorial (Catalunya), y hasta la ley electoral.

Es que tras los resultados del 20D, la necesidad de pilotear algún tipo de auto reforma desde arriba del descalabrado Régimen del ‘78 se ha vuelto el más acuciante de todos los asuntos de Estado. Porque sin ello, y en el marco de una crisis económica persistente, resulta imposible para la burguesía española pensar en aplicar su verdadera agenda: la “reconfiguración del déficit público” para seguir pagando la deuda; la mayor “integración europea”, para que nadie se salga del libreto marcado por el Eurogrupo, y la continuación de las “reformas sectoriales”, es decir, profundizar los ajustes en educación, sanidad, fiscalidad, etc.

Hasta el coqueteo con algún tipo de modificación del articulado de la Reforma Laboral -un ataque histórico a las conquistas obreras que, recordemos, la burocracia de CCOO y UGT dejó pasar sin pena ni gloria-, se plantea sobre la base de su defensa como el mecanismo que permitió la “recuperación del empleo” a base de salarios de hambre, precariedad y despido barato.

La reunión entre Rosell, Toxo y Méndez, con todos los ingredientes de un verdadero pacto contra los trabajadores –y van-, es una nueva demostración de la actualidad que mantiene aquella vieja máxima marxista sobre los sindicatos en la época imperialista, que caracterizaba a los lideres sindicales burocráticos como la correa de transmisión de los intereses de las clases dominantes hacia el interior de las organizaciones obreras.

Un rol que la propia patronal se encarga de destacar cada vez que puede. Sino recordemos a Rosell cuando, reunido con lo más granado de la gran patronal española en un Desayuno con Directivos y Ejecutivos (CEDE) a finales de mayo, defendía que “los sindicatos son imprescindibles en la negociación, y si no hay sindicatos nos volvemos asamblearios y con las asambleas no se llega a ninguna parte” y alertaba contra el peligro de quedarse “sin interlocutores fiables y preparados”. Toda una reivindicación de los experimentados negociadores de CCOO y UGT que dejaron pasar todos y cada uno de los ataques a la clase obrera en las última tres décadas.

La crisis del Régimen y el sistema de partidos de la Transición es sin duda el elemento más dinámico de la situación. No así las tendencias a la movilización social y la lucha en las calles que signaron la dinámica política en los últimos años, contenidas en primer lugar por el rol de las burocracias sindicales, pero también por las ilusiones en los nuevos fenómenos reformistas como Podemos, que se fortalecieron en forma directamente proporcional en que la movilización social y la lucha de clases tendieron a declinar.

Sin embargo, las dificultades para resolver la crisis “por arriba” que tanto preocupan a los sindicatos y la CEOE, así como la persistencia de profundas aspiraciones sociales y democráticas insatisfechas, pueden generar el caldo de cultivo para que se profundice también la crisis “por abajo”, y que ésta vuelva a emerger en forma de movilizaciones y mayor lucha de clases.

He allí el enorme peso político y simbólico de la reunión entre la CEOE y los líderes de CCOO y UGT, cuyo objetivo estratégico es preventivo frente a la posibilidad de que la crisis abra el paso a un resurgimiento de la lucha de clases. Un escenario en el que la burocracia sindical se presenta, una vez más, como el principal factor de contención y estabilidad.

A pesar de la pasivización, las traiciones, el bloqueo sistemático a que las tendencias a la lucha se generalizaran, tuvieron lugar grandes experiencias de lucha como la de Panrico, que se enfrentaron a su comité de empresa para que acate los mandatos de las asambleas; los trabajadores de Coca-Cola que se negaron a aceptar el cierre y los despidos; o la lucha de Movistar contra la subcontratación con el lema “nosotros luchamos nosotros negociamos” frente a la maniobras de los burócratas sindicales de negociar a espaldas de los trabajadores.

Todas estas experiencias han cuestionado el papel de los “negociadores” que se reúnen con Rosell. Y son experiencias que resurgen permanentemente. Como lo demuestra “Correscalles”, una extraordinaria iniciativa de los trabajadores de Movistar para luchar contra la precariedad laboral.

Cuando las negociaciones de Palacio están en el centro de la escena y las otrora “líneas rojas” se desdibujan para abrirle el paso a un gobierno de colaboración de clases como el que propone Podemos al PSOE, uno de los pilares del Régimen del ’78, una cuestión programática central como es la democratización de los sindicatos y el fin del cacicazgo burocrático en las cúpulas sindicales está complemente ausente en el debate. Y siempre lo estuvo.

Terminar con la burocracia sindical es una reivindicación central de todo proyecto que sea digno de considerarse clasista y de izquierdas, pero incluso una cuestión vital para cualquier movimiento que tenga, aunque sea, un mínimo propósito democratizador.

El próximo 2 de abril tendrá lugar en Madrid un Encuentro estatal de organizaciones y activistas de izquierda, independientes de las variante neorreformistas que representan Podemos e Izquierda Unida, para proponerse el ambicioso objetivo de poner en pie un frente anticapitalista y de clase. Entre uno de los ejes programáticos, estará la lucha contra la burocracia sindical, por recuperar los sindicatos como herramientas para la lucha de clases, independientes del Estado, los empresarios y sus partidos.

Quienes hacemos Izquierda Diario, los y las militantes de Clase contra Clase, somos impulsores de esta iniciativa desde su surgimiento. Como parte de ella, apostamos al desarrollo de un nuevo espacio político anticapitalista y de los trabajadores, que vuelva a poner en el centro la lucha de clases (incluida la lucha contra la burocracia sindical) para conquistar todas las reivindicaciones democráticas y sociales pendientes.