Actualizaciones miserables y suba de la edad jubilatoria a cambio de una enorme caja para las provincias. El acuerdo alcanzado entre Nación y los gobernadores, un ataque gravísimo contra quienes trabajaron toda su vida y no gozan ni del derecho a retirarse.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Martes 21 de noviembre de 2017
“Dadores voluntarios de gobernabilidad”. La definición fue una de las mejores para ilustrar el rol de los gobernadores y los dirigentes de las centrales obreras durante los primeros dos años de Gobierno amarillo. Pasadas las elecciones y el triunfo de Cambiemos en los principales distritos del país, el Ejecutivo se envalentonó para pisar el acelerador y enviar antes de fin de año las “reformas” (contrarreformas, a decir verdad) laboral y previsional al parlamento. Una vez más, ahí están estos hombres y mujeres, siempre dispuestos a entregar los derechos del pueblo trabajador a cambio de privilegiar sus negocios, intereses y privilegios.
Cuando los ecos de la reforma laboral hacían pensar que nada más escandaloso podía verse por estas pampas, se conoció el texto del proyecto previsional que Cambiemos envió al Congreso durante el fin de semana largo, entre gallos y medianoche. El mismo cuenta con el aval de absolutamente todos los gobernadores y gobernadoras, a excepción de Rodríguez Saá, el histórico caudillo de San Luis.
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Entre las modificaciones principales se registran la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán las pensiones y jubilaciones con la nueva fórmula propuesta para calcular las actualizaciones, y la “opción” de trabajar hasta los 70 años tanto para hombres como para mujeres que se desempeñen en el sector privado. Pasados los 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres, los trabajadores podrán seguir trabajando sin ser intimados a iniciar el trámite de retiro jubilatorio hasta cumplir 70, mientras los empresarios quedarán eximidos de las obligaciones previsionales y sólo deberán pagar las de ART y obras sociales.
El paquete de negociaciones incluye también la reforma tributaria y de conjunto contempla 80.000 millones de pesos a repartir entre las provincias a cambio de resignar los juicios en la Corte Suprema contra la Nación por $ 340 mil millones. La excepción será la provincia de Buenos Aires, que negoció por su parte recibir $ 40.000 millones en 2018 y $ 65.000 en 2019 a cambio de resignar el reclamo que mantenía en la Corte por el Fondo del Conurbano. El gran “Fondo Mariú” es una caja excepcional con la cual la gobernadora podrá aumentar el disciplinamiento sobre los intendentes, los cuales verán limitada su autonomía con el nuevo presupuesto provincial aprobado.
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Látigo y chequera, la vieja fórmula que recicla el macrismo para ordenar a los díscolos y sumar voluntades que en principio eran ajenas a la ola del cambio. Entre estas últimas, dos casos singulares se destacan por sobre los demás, desde el Norte al Sur del país.
Por un lado aparece el peronista salteño Juan Manuel Urtubey, uno de los que mejor onda tiene con la Casa Rosada. En medio de las negociaciones y el toma y daca entre Nación y las provincias, el gobernador recibió a Macri en un gesto político más que elocuente. Más tarde, fue el vocero del acuerdo alcanzado con el oficialismo.
Por otro lado, la ex kirchnerista Rosana Bertone, de Tierra del Fuego, es el otro polo de los gobernadores peronistas que mantienen excelente relación con el Gobierno. Electa en 2015 por la lista del Frente para la Victoria, posaba sonriente para las fotos del triunfo junto a Aníbal Fernández y Daniel Scioli, meses antes de la presidencial. De aquellos tiempos, sólo recuerdos: si bien se mantiene dentro del PJ, Rosana cambió de amigos, critica al kirchnerismo por su interna con Clarín y firma acuerdos que son ataques en regla para los trabajadores de su provincia, como el reciente documento que congela los salarios de los metalúrgicos hasta 2020 y que contó, además, con el aval de Antonio Caló, otro exkirchnerista que no tuvo problema en, hacer nuevas amistades.
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Urtubey y Bertone no son los únicos que hacen los deberes para congraciarse con el oficialismo, aunque en la competencia por ver quién es el mejor alumno le sacan una cabeza de distancia al resto y compiten palo a palo.
Los gobernadores entregaron a los jubilados
“Está previsto que salga todo porque atrás están los gobernadores. Con la fórmula hay consenso. Si surge alguna propuesta de la oposición, veremos” rumoreaban los funcionarios de Cambiemos tras las negociaciones. El objetivo es mostrar un “consenso” en cuanto a las contrarreformas para no cargar solos con el costo que implica un ataque a las condiciones de quienes, tras una vida entera trabajando, no gozan siquiera del mínimo derecho a retirarse.
“Trabajamos para tener el apoyo de la CGT y los gobernadores, así que calculamos que el peronismo va a contribuir a que tengan sanción”, dijo Federico Pinedo, presidente del Senado, en declaraciones al diario Clarín. Por si quedaran dudas al respecto, quien se encargó de despejarlas fue el siempre bien predispuesto Miguel Angel Pichetto, tras asegurar que la fórmula de ajuste por inflación+PBI es “realmente equitativa”.
Desde la izquierda, los referentes Nicolas del Caño y Myriam Bregman fueron contundentes en rechazar este nuevo ataque al que calificaron de "robo histórico".
Coronan el histórico robo a los jubilados con la "reforma" previsional donde al aumento x inflación le agregan un "plus" del... 0,1 % o lo equivalente al 5% del crecimiento del PIB. Para un jubilado que cobra 10000 pesos significa un "plus" de 10 pesos!!
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 19 de noviembre de 2017
Cualquiera que haya ido a la farmacia sabe que los medicamentos aumentaron mucho más que las cifras de inflación que se publican. Aumentar las jubilaciones x inflación es un ataque a los jubilados
— Myriam Bregman (@myriambregman) 20 de noviembre de 2017
El dinero que el macrismo obtendrá a costa de los jubilados será utilizado para las cajas provinciales y para el pago de una vertiginosa deuda externa que no para de crecer. Con la complicidad de la CGT y los gobernadores, atacan sobre una de las franjas más vulnerables de la clase trabajadora, sector que ya no cuenta con la posibilidad de accionar ningún reclamo colectivo ni medida de fuerza para oponerse, al haber cesado su actividad laboral tras una vida entera de trabajo. Organizar la bronca contra estos nuevos ataques es una necesidad urgente para enfrentarlos.
