El presidente Rajoy declarará en uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos que implica a altos dirigentes de su partido, así como al conjunto de su financiación.
Miércoles 19 de abril de 2017
Foto: EFE
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha decidido por la mayoría de sus miembros citar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a declarar en el marco de la causa Gürtel. Incluso a pesar del criterio sostenido por la Fiscalía y el abogado del Estado que lo veían innecesario, así como el abogado del propio PP y la Comunidad de Madrid que ejerce como parte demandante que estaban por evitar que Rajoy tuviera que presentarse a declarar.
Los argumentos fueron que era innecesario y “redundante” que Rajoy declarara ya que lo harán otros ex altos cargos del partido de aquella época, como los exsecretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes o Javier Arenas.
De esta manera el Tribunal de la Audiencia Nacional que juzga este caso se inclina a favor de la petición de la acusación popular -iniciada por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) a la que se sumó la acusación de los socialistas valencianos- de citar a Mariano Rajoy a presentar testimonio. El presidente del Gobierno lo hará en calidad de testigo de este caso de corrupción alrededor del Parido Popular, luego de que la sala haya desestimado dos veces la necesidad de que declarase en la misma.
La decisión anunciada por Ángel Hurtado, presidente del tribunal, lejos de la unanimidad en realidad ha dividido duramente al tribunal. El propio Hurtado era contrario a que Rajoy se presentase a declarar en la causa que juzga los inicios de la trama corrupta (1999-2005), por lo cual el presidente del gobierno declarará en función de su actividad y cargos en el PP.
En esta época Rajoy dirigió tres campañas electorales y ocupó el puesto de Secretario General de la formación. Era hasta ahora el único director de campañas electorales de esa época que no había sido citado a declarar.
Aun no hay fecha para tal declaración ni se sabe si será presencial o por videoconferencia. A pesar de los intentos de evitar la postal de un presidente de gobierno declarando en uno de los casos de corrupción más paradigmáticos, parece que ésta será un hecho.
El caso Gürtel -iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional- cuyo sumario ocupa más de un millón de folios, investiga una red de corrupción política vinculada al Partido Popular y a sus altos dirigentes.
La trama habría establecido un supuesto conglomerado de empresas como Special Events, Easy Concept, Orange Market y otras sociedades limitadas con objeto de beneficiarse de fondos públicos, en especial de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia gobernadas en ese entonces por el PP.
Entre sus objetivos también estaban evadir, mediante sobornos, las prohibiciones en materia urbanística y medioambiental que afectaban a sus negocios inmobiliarios. La adjudicación de contratos a dedo, sin concurso, o incluso con la manipulación de informes técnicos, eran el pan de cada día.
El propio y escandaloso caso Bárcenas que investiga la ya probada contabilidad B del PP, es decir su financiación ilegal mediante donativos de empresas y constructoras, así como los sobresueldos en sobres a los dirigentes del partido, surge de la propia investigación de la trama Gürtel.
El PP de conjunto ya tiene más de 800 dirigentes imputados por corrupción en más de 31 causas. Pero si bien el PP es el partido de la corrupción por excelencia, no se quedan atrás el resto de partidos del Régimen del 78. Solo tenemos que recordar el caso de los ERE’s en Andalucía, que salpica al PSOE, o el caso de las tarjetas black, que contaba en su lista desde banqueros de Bankia, Rodrigo Rato su presidente incluido, hasta políticos de IU Madrid. Por no olvidar, por supuesto, el caso Nóos de la Familia Real.
El Estado español se salda así con más de 1.900 imputados en causas por corrupción de las cuales solo 170 fueron condenadas, y muchas menos han pisado una prisión por lo indulgente de las penas para estos ladrones de guante blanco.
Con estas cifras sería absurdo pensar que el accionar de la justicia podrá resolver este problema que, aunque no es exclusivo del capitalismo español, tiene en él un carácter endémico. El Estado, como la gestión de los negocios comunes de la burguesía y de la de sus propios componentes, de conjunto se torna en una “asociación ilícita” a ojos de millones que ven que mientras los efectos sociales de la crisis aún son devastadores, estos sectores ven engordadas sus ganancia mil millonarias.
Que todos los funcionarios del Estado, a todos los niveles, cobren un salario igual al de un trabajador calificado, que sean elegidos directamente y respondan frente a sus decisiones frente a sus electores- incluida su revocación-, la instauración de juicios por jurados y jueces electos por sufragio universal son algunas medidas democráticas elementales para acabar con los privilegios de una casta política corrupta y un aparato estatal al servicio de una minoría social.
