Crisis Energética. El programa de la izquierda frente a la crisis energética

Fotografía: DyN

En la misma semana en que los decretos se han vuelto una constante en la gestión de Mauricio Macri, ayer se declaró el estado de emergencia energética. La noticia fue anunciada en conferencia de prensa por el Ministro de Energía y ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, quien precisó que estamos “al borde del colapso” energético y por ese motivo el Presidente de la República instrumentó, a través de un DNU, la Emergencia energética hasta el 31 de Diciembre de 2017. Es decir, por más de dos años.

En su exposición Aranguren destacó dos objetivos: cuidar a la gente y decir la verdad. A la vez, señaló que “estamos para informarles el estado de situación del sistema eléctrico”.

A partir del decreto, se le da “luz verde” al Ministro para implementar de forma inmediata aquellas medidas que crea necesarias para “garantizar el suministro eléctrico en condiciones adecuadas". Éstas van desde medidas que ayuden a la generación de energía eléctrica, la distribución y el transporte, además de tomar las decisiones que regulen obligatoriamente el uso racional de la energía, tanto en el ámbito público y como privado.

Si bien se negó a hablar de cortes programados, como ocurrió en el final del gobierno de Raúl Alfonsín, sí indicó que "vamos a hacer anuncios preventivos en cada caso de corte en particular y va a estar informado en la página del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE)”.

Añadió que "en la medida que no sea necesario no tomaremos medidas de menor uso de iluminación o el cambio de huso horario, ya que la principal demanda de energía son los aire acondicionados".

Consultado por los periodistas, el ministro respondió que el anuncio de la emergencia no comprende ninguna novedad sobre subsidios. Completó la idea señalando que están analizando el sistema tarifario y cruzando datos para que la futura suba no afecte a la población de menos ingresos. También dijo que el actual sistema tarifario no está adecuado a la ley vigente.

¿Quita de subsidios y aumento de tarifas en puerta?

Mientras la vigencia de la emergencia energética llega hasta fines de 2017, parece evidente que desde el macrismo no cuenta con un plan serio para resolver el problema de suministro de los servicios eléctricos que, ya ante los primeros días de calor, comienzan a expresarse en cortes de luz. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires duran algunos minutos, pero en zonas como Lanús, son extendidos y traspasan las 24hs.

Poco menos de un mes atrás, en plena campaña electoral, Aranguren dio su punto de vista sobre la necesidad de "generar un cambio en la forma de administrar la energía en el país". Y agregó que la energía como una política pública "no puede ser dirigida a partir de una oficina del gobierno nacional, tiene que ser debatida y sujeto a los consensos de los distintos aspectos económicos".

Sin solución para la crisis energética, y con un Ministro con una clara óptica empresarial, desde Cambiemos vienen preparando, como parte del ajuste, un aumento de tarifas como resultado de la quita de subsidios. Esa política de subsidios fue siempre criticada por el actual oficialismo. Pero es una crítica que se centró en el llamado "gasto público" y no en el hecho de que los subsidios se hallan direccionados hacia beneficiar a las grandes patronales.

La crítica del actual gobierno no distingue, precisamente, los intereses sociales que son beneficiados por esos montos de subsidios. Según los analistas del sector, de los $170 mil millones del presupuesto de subsidios para la energía, la clase media recibe alrededor de $15 mil millones, mientras que el resto beneficia a las grandes patronales industriales.

El llamado "sinceramiento" de las tarifas que impulsa el nuevo gobierno no pone en cuestión esa estructura. Por el contrario, centra su crítica en los usuarios residenciales que pagan bajos montos.

Como ya se había informado ayer, la enorme mayoría de esos subsidios no fueron destinados a mejorar las obras de infraestructuranecesarias, sino que sirvieron para engordar las ganancias de los grupos empresarios, muchos de ellos aliados al gobierno.

De darse el panorama de aumento de tarifas, a la escalada inflacionaria que se vivió en las vísperas del balotaje, se le sumará el efecto de la inminente devaluación, que podría agudizarse si los empresarios ven incrementar sus costos energéticos y los trasladan, como habitualmente hacen, a los precios.

La izquierda y su propuesta de estatización sin pago de los servicios de luz

Desde el PTS en el Frente de Izquierda se propone, para enfrentar esta desidia de las empresas proveedoras de servicios en complicidad con los gobiernos de turno que son garantes de sus ganancias, plantear la estatización sin pago del conjunto del servicio. Eso significa terminar con los contratos con Edenor, Edesur y todas las privatizadas.

La única salida favorable a los intereses del pueblo trabajador es pelear la anulación de todas las concesiones a las generadoras, transportadoras y distribuidores de energía, así como por su nacionalización y estatización sin ningún tipo de indemnización a las empresas que han venido prestando el servicio.

Toda estatización debe poner el servicio en manos de los trabajadores de esas empresas. Eso permitirá evitar que la gestión de la burocracia estatal las oriente en función de las ganancias de los empresarios. Solo la gestión obrera con apoyo y control de los usuarios puede permitir un servicio de energía económico y que mejore, de manera permanente, en interés de esos mismos sectores.

En Argentina, existen aún empresas públicas -como la de Santa Fe o Córdoba-. Allí es necesario imponer el control obrero y de los usuarios, únicos interesados en un servicio verdaderamente eficaz y barato.

Si efectivamente existe una Emergencia como la decretada por el gobierno, es de suma urgencia garantizar la energía en todos los hogares, y eso solo se puede hacer mediante un plan de emergencia distinto al que proponen Macri y Aranguren.

La gestión de los trabajadores y técnicos podría, en lo inmediato, en estrecha colaboración con comités de usuarios por barrios, abordar los problemas de cableado, reemplazo y reparación de las cámaras y subestaciones afectados, así como discutir de manera democrática la asignación de los recursos existentes hasta que se pueda garantizar una mayor producción. La posibilidad de reducir el consumo actual pasa, también, por tomar medidas de emergencia que no afecten solo al pueblo trabajador.

La salida de fondo es la puesta en pie de una empresa estatal única, bajo gestión de los trabajadores con participación de comités de usuarios populares, que integre el conjunto del sistema energético, incluidos los recursos petroleros y gasíferos, que obtenga financiación de impuestos progresivos a los grandes empresarios y banqueros y del no pago de la deuda externa, que permitan las inversiones necesarias para garantizar el servicio a toda la población.