A su modo, el progresismo latinoamericano supo hacer propias las banderas del antiimperialismo. La denuncia al saqueo ejercido por las grandes potencias y la solidaridad con los oprimidos del mundo constituían tópicos fundamentales del relato que proponía unir a múltiples naciones en la Patria Grande.

Ese tiempo parece haber pasado. Hace una semana, en la lluviosa noche de Santa Fe, fue la izquierda la que propuso esa agenda en el primer debate presidencial. Nicolás del Caño, con precisión matemática, caratuló a Macri como “lamebotas de Trump por su aval a la injerencia imperialista en la región. Desde el mismo atril se pronunció en apoyo a la rebelión del pueblo ecuatoriano contra el ajuste de Lenín Moreno y el FMI. En homenaje a los asesinados por la represión estatal, pidió un minuto de silencio.

Un colonalismo manifiesto -como lo definió Myriam Bregman [1]- corta transversalmente a las fuerzas políticas tradicionales. El Frente de Todos también tiene sus muchos y propios “lamebotas de Trump”. Sergio Massa encabeza la nómina.

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Durante el debate, a pesar de las múltiples oportunidades que tuvo, Alberto Fernández declinó pronunciarse. En su decisión de esquivar lo que ocurría en las calles ecuatorianas convergieron varias razones. Señalemos, en honor a la brevedad, dos.

Por un lado, lo acontecido en Ecuador contradice parte del relato político-electoral del Frente de Todos. Fue en las calles –no abandónandolas– donde campesinos, indígenas y trabajadores pusieron un freno a los planes del FMI. Ese es el camino que en estas horas vuelven a mostrar los estudiantes chilenos, enfrentando el tarifazo en el metro.

Para encontrar la otra razón, hay que bucear un poco hacia atrás. En abril de 2017, Cristina Kirchner saludó eufórica el triunfo de Lenín Moreno, presentado como una victoria “para toda la Patria Grande” [2]. Hoy, en pleno ajuste, era preferible el silencio.

Durante sus doce años de gobierno, en mayor o menor medida, el kirchnerismo desplegó un discurso de suaves tintes anticolonialistas. En la construcción del mismo engarzaron hechos como el rechazo al Alca (2005); la fundación de la Unasur (2008); la renacionalización de YPF (2012) o el enfrentamiento con los fondos buitre.

Sin embargo, como ocurrió en casi todos los terrenos, el relato se impuso cómodamente sobre la realidad. La distancia entre los postulados discursivos y los hechos se volvió estridente. Repasemos.

De endeudamientos y pagadores seriales

La “compra de soberanía” se desplegó como argumento todo-terreno para justificar los onerosos pagos de la deuda pública. Supuso, además, reconocer una deuda ilegítima y e ilegal, en parte contraída durante los años negros del genocidio.

Entre 2005 y 2013 el kirchnerismo pagó USD 190.000 millones, una parte sustancial destinada a los grandes especuladores internacionales. Y, sin embargo, “a pesar de ser ‘pagadores seriales’, la deuda pública total pasó de USD 126.000 millones luego del canje de 2005 a USD 221.748 millones en diciembre de 2014” [3].

Bajo un tono épico, los canjes de 2005 y 2010 fueron presentados como un enorme paso en el desendeudamiento. Pero resultaron un lucrativo negocio para los especuladores que había adquirido bonos argentinos baratos tras el default de 2001. Además, el 96 % de los bonos renegociados quedaron bajo legislación extranjera, con sedes en Londres y New York. Eso facilitaría, pocos años más tarde, la labor de un juez neoyorkino llamado Thomas Griesa.

Balanceando el conjunto del período, se redujo la deuda en relación al PBI y descendieron las acreencias en moneda extranjera. Sin embargo, esas variaciones se convirtieron en la plataforma para un nuevo endeudamiento, aquel llevado adelante por Macri en el intento de resituarse en el mundo. Un “retorno” que terminó en ese infierno llamado FMI.

Una dudosa soberanía

La década menemista amplió y profundizó la extranjerización de la economía iniciada bajo la dictadura genocida. Las privatizaciones convergieron con políticas económicas que hundieron ramas enteras de la economía [4]. Las grandes multinacionales avanzaron en la apropiación de mayores tajadas de la riqueza nacional.

Muy lejos del relato oficial, los años kirchneristas no revirtieron esa extranjerización. A inicios del ciclo (2004), entre las 500 mayores empresas, 165 eran de capital nacional. Ocho años más tarde, la cifra había ascendido a apenas 185, poco más de un tercio del total. El dato, sin embargo, resulta insuficiente para mensurar el peso del capital imperialista en el conjunto nacional. Esteban Mercatante señala que:

Para el año 2012, apenas el 21,4 % del valor de producción del total del panel y el 20,8 % del valor agregado del mismo eran generados por empresas con capital de origen nacional. Dichas empresas explican también el 18,6 % de la utilidad de las 500 empresas del panel en su conjunto [5].

En esa misma tónica, el kirchnerismo prorrogó la inmensa mayoría (54 sobre 58) de los Tratados Bilaterales de Inversión [6]. Estos acuerdos, firmados esencialmente bajo el menemismo, facilitaron la penetración económica de las principales potencias capitalistas.

Este peso del capital imperialista en territorio nacional explica parte de otro de los grandes obstáculos a cualquier proyecto de autonomía nacional: la fuga de capitales. Esa sangría permanente se nutre también de las remesas de utilidades que las empresas extranjeras envías a sus casas matrices.

Entre 2003-2015, según el balance cambiario del Banco Central, la fuga de capitales alcanzó la monumental cifra de USD 102.000 millones del país. A esa contabilidad hay que sumar USD 24.000 en remesas de utilidades y USD 54.000 por pago de servicios de deuda. La simple enumeración ilustra la magnitud del saqueo.

A la soberanía...te la debo, diría un casi ex presidente.

Saqueo petrolero

La “década ganada” evitó cuidadosamente afectar el esquema de las privatizaciones menemistas. Salvando algunas (pocas) excepciones, los resortes fundamentales de la economía continuaron en manos privadas. En el caso de los servicios públicos, buscando atenuar la conflictividad social, el Estado alentó un esquema de subsidios que transfirió millones a empresas que poco y nada hacían en cuanto a inversión.

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En 2012 el kirchnerismo renacionalizó el 51 % de las acciones de YPF. La medida, presentada como un gesto de soberanía nacional, constituyó un pragmático contragolpe. El vaciamiento ejecutado por la española Repsol había contribuido a un descomunal déficit energético que se trasladaba a balanza de pagos [7].

La medida sería solo el prólogo a una entrega mayor. A mediados de 2013, el gobierno se lanzó a una escandalosa negociación con la petrolera norteamericana Chevron. El carácter entreguista de la decisión quedó de manifiesto en el hecho de celebrar un convenio secreto. Esa dinámica se extendería en el tiempo y el espacio. El Decreto 929/2013 y la Ley de Hidrocarburos (2014) legalizaron enormes concesiones a las empresas extranjeras para atraer inversiones. Allí figuraban la posibilidad de exportar el 20% de la producción sin retenciones; la posibilidad de remitir libremente el 100% de las divisas a las casas matrices; y la importación sin aranceles de las costosas máquinas utilizadas para la perforación.

La Patria Grande y la integración latinoamericana

En el progresismo argentino, un hilo discursivo unió el rechazo al Alca con la creación de la Unasur (2008) y la Celac (2010). Sin embargo, la prometida integración del subcontinente se mantuvo como eso, como una promesa.

La oposición al Alca, acontecida en 2005, evidenció apenas un momento de la política latinoamericana y mundial. La relativa autonomía en relación a EE. UU. estaba aceitada por los dólares de las commodities. Al mismo tiempo, al imperialismo norteamericano se le presentaban asuntos más urgentes en Medio Oriente.

El discurso de unidad latinoamericana chocó con los límites de la economía. El peso del capital extranjero en la región determinó con fuerza la política regional. Tironeada por las tensiones entre EE.UU., China y la Unión Europea, la integración quedó reducida a papel mojado. Resumiendo esa dinámica, Eduardo Molina escribió:

… ni el ALBA ni la UNASUR o la CELAC llegaron muy lejos, basadas en el compromiso con gobiernos reaccionarios, sin romper siquiera con la OEA, ni enfrentaron consecuentemente los golpes en Honduras y Brasil, no fueron más allá de algunos acuerdos comerciales, ni impidieron la presencia militar yanqui en Colombia y otros países, fueron un ‘cuchillo sin hoja ni filo’ a la hora de enfrentar al imperialismo con quien aspiraban a negociar, no a enfrentarlo.

Bonus proimperialista

En el relato kirchnerista, la “voluntad política” ocupó siempre un lugar predominante. Fungió como fuente de iniciativa de los cambios que venían a terminar con el país neoliberal.

Pero si en el plano de las relaciones económicas aquella voluntad estuvo lejos de imponer transformaciones profundas, en el terreno de la política sí orientó decisiones muy conscientes, destinadas a amigarse con el poder del gran capital.

En ese listado ocupa un lugar destacado la Ley Antiterrorista, sancionada a fines de 2011 como respuestas a las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). La norma, ideada para profundizar el control de la protesta social, recibió múltiples rechazos, partiendo aguas en el entonces oficialismo. De un lado, destacados referentes de la llamada izquierda kirchnerista como Horacio Verbitsky, Eugenio Zaffaroni, Horacio González y Hebe de Bonafini. Del otro, defendiendo la norma, Florencio Randazzo y Miguel Ángel Pichetto, entre otros. Cristina Kirchner guardaba silencio.

Bajo la misma vara hay que medir la actuación del kirchnerismo ante conflictos obreros que enfrentaron a multinacionales norteamericanas. En 2009, mientras construía relato contra “las corporaciones”, el oficialismo envió a las fuerzas policiales contra los trabajadores de la alimenticia Kraft-Terrabusi, que resistían cientos de despidos. Por aquel entonces, el diario Crítica eligió titular “Yankis sí marxistas no”, en alusión a la represión estatal.

Cinco años más tarde, en 2014, la autopartista Lear recibió el mismo trato preferencial, luego de realizar más de 200 despidos. La multinacional buscaba imponer un nuevo convenio flexibilizador y desarticular la organización de base de los trabajadores, que contaban una comisión interna combativa, opositora a la conducción propatronal del Smata.

A lo largo de casi 9 meses, el kirchnerismo reprimió cada manifestación de los trabajadores despedidos y organizaciones solidarias. Además, había habilitado a la multinacional a despedir masivamente sin que mediara un Preventivo de Crisis. A esa ilegalidad le añadía otra: permitió a Lear la importación de cables para que ésta pudiera seguir funcionando mientras duraba el conflicto.

En la vida hay que elegir, sentenció alguna vez una presidenta. Cuando le tocó al turno al kirchnerismo, optó por las multinacionales norteamericanas contra los sectores combativos de la clase trabajadora local.

Colonización e historia

En la cúpula del Estado, el peronismo alcanzó su punto más alto como nacionalismo burgués durante su primer gobierno, iniciado en 1946. Nacido bajo excepcionales circunstancias nacionales e internacionales, en aquella gestión la retórica antiimperialista acompañó medidas como nacionalización de los ferrocarriles, las usinas eléctricas, los teléfonos y los puertos, entre otros sectores de la economía. Esa configuración quedó plasmada en la Constitución de 1949 que, entre otras cosas, establecía:

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

Pero la retórica anticolonialista duró (demasiado) poco. Cuando se sancionó, aquella Carta Magna hablaba en una lengua muerta. El cambio de las condiciones internacionales empujó discursos y políticas en sentido contrario. A inicios de la década del 50, el peronismo cedió ante la presión del imperialismo norteamericano. Avanzó entonces en lo que consideró concesiones necesarias para atraer la llegada de inversiones extranjeras al país. El nacionalismo discursivo se guardó bajo siete llaves.

El emblema de aquel giro lo constituyó el acuerdo propuesto a la petrolera norteamericana Standard Oil. Nunca efectivizado por la oposición que despertó, concedía:

...miles de kilómetros de tierra en Santa Cruz, más de la quinta parte de la superficie de la provincia, territorio en el cual la empresa podía construir y usar con exclusividad caminos, embarcaderos y aeropuertos durante la vigencia del contrato [8].

El rechazo incluyó, entre otros, a John W. Cooke. El primer delegado de Perón recordaría “combatí el proyecto petrolero […] por ejemplo, los excesivos privilegios que se reserva la compañía extranjera (…), la falta de obligaciones concretas y compensatorias por la concesión buscada, el lamentable sistema de arbitraje, las prórrogas interminables del contrato” [9]. Horacio González, entrevistado hace poco por la Agencia Paco Urondo, señaló que “abandonar las ideas de Cooke sería abandonar el peronismo”. Por lo que parece, el peronismo fue el primero en abandonar las ideas de Cooke. Hace ya 65 años.

Colonialismo 2020

A mediados de 2005, Alejandro Horowicz definía al joven kirchnerismo como “atenazado entre la música del tercer peronismo y la letra del cuatro” [10].

El menemismo, en materia económica, encarnó cabalmente aquel cuarto peronismo, iniciado a mediados de 1975 de la manos de Isabel, López Rega y Celestino Rodrigo, y continuado bajo el régimen genocida. Flexbilización laboral, privatizaciones, entrega de las riquezas nacionales y desocupación masiva. La segunda Década Infame ofrendó el país al capital imperialista. Bajo ese cielo, un canciller pudo definir como “carnales” el tipo de relaciones que debían establecerse con EE. UU.

El kirchnerismo, nacido al calor de la rebelión del 2001, mantuvo casi intacto el andamiaje estructural del neoliberalismo. El espíritu del “Que se vayan todos” le impuso hablar en un lenguaje distinto, anti-noventista. Fue a buscar al pasado, a los años 70 y su rebeldía, la mística con la que construir una fantasmal burguesía nacional y relegitimar las (mucho más reales) instituciones del poder burgués. La denuncia al colonialismo, al FMI y a EE. UU. entraron en ese recetario. Todo ellos fue posible gracias a las bonanzas de un mundo que compraba soja a precios récord.

El peronismo del Frente de Todos llega al poder en un momento muy distinto a aquellos primeros años del siglo XXI. Al “neo-nestorismo” le falta un súper ciclo de commodities y un mercado mundial en expansión. Por el contrario, le sobran deuda externa y tutela del FMI.

Si en la “época heroica” del progresismo latinoamericano, el antiimperialismo tuvo (mucho) más relato que realidad, en las nuevas condiciones cabe esperar poco menos que nada. Como señaló Del Caño en el primer debate, es Ecuador, y ahora también Chile, los que muestran el camino de cómo enfrentar los ataques y los planes del FMI.