Congreso Nacional. El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se tratará en Comisión de Legislación Penal

Imagen: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

Este martes comenzará a tratarse en Diputados el proyecto de ley que propone despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. La iniciativa, presentada este año por quinta vez consecutiva, fue elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y cuenta con el aval de 69 legisladores y legisladoras nacionales, de casi todos los bloques políticos, que lo acompañaron con sus firmas.

“Durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, más de 30 mil mujeres de todo el país exigieron la sanción de una ley que garantice el derecho al aborto seguro y gratuito. El silencio y la inacción del Congreso Nacional frente a los más de 1200 abortos diarios que se realizan en la clandestinidad, constituye una enorme deuda de la democracia con las mujeres y un grave problema de salud pública”, señala en un comunicado de prensa la Campaña Nacional. Allí, la organización convoca también a manifestarse a favor de este derecho el próximo 4 de noviembre a las 14 horas frente al Congreso Nacional, coincidiendo con el horario en que comenzará a sesionar la Comisión de Legislación Penal que preside la macrista Patricia Bullrich, donde el proyecto comenzará a debatirse después de larga espera.

Sin dudas, será una importante oportunidad para visibilizar el amplio apoyo social con el que cuenta este histórico reclamo en Argentina, donde sólo en la última década han muerto cerca de 3 mil mujeres por las consecuencias de la clandestinidad en la que se realiza esta práctica. Además, es apenas la segunda vez en diez años de consecutivas presentaciones que el proyecto es puesto en debate en el Congreso Nacional, hecho que genera amplias expectativas entre varias de las organizaciones que la impulsan.

El debate en Comisión de Legislación Penal

Siguiendo el reglamento de la cámara baja, para llegar al recinto la iniciativa deberá ser aprobada en las tres comisiones a las que tiene giro para su tratamiento: la Comisión de Legislación Penal que preside Patricia Bullrich (Unión-PRO), la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que preside el massista Felipe Solá y la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por la oficialista Andrea García.

Lo que sucederá este martes 4 de noviembre es que la Comisión de Legislación Penal comenzará a abrir el debate, hecho al que se llega tras la exigencia de varios y varias de sus integrantes realizada en la reunión que tuvo lugar el día previo a la reforma y unificación del Código Civil y Comercial.

Como señalábamos en aquella oportunidad, ese 1° de octubre, pocas horas antes de la controvertida votación y contando con la mayoría parlamentaria que tiene como bloque, el kirchnerismo decidió acompañar el pedido de tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La iniciativa del oficialismo estuvo motivada por el cuestionamiento que recibió el apoyo disciplinado del Frente Para la Victoria a la reforma del Código Civil pactada por el gobierno de Cristina Fernández con el Vaticano, en el polémico encuentro que tuvieron la mandataria y el Papa a fines de septiembre.

Como denunció el diputado Nicolás del Caño (PTS/FIT), el acuerdo sellado en Roma incluyó la reforma del artículo 19 del Código Civil, en un claro retroceso respecto al ya vetusto Código de Velez Sarfield. En ocasión de su tratamiento en el recinto, el diputado mendocino calificó a ese acuerdo como “reaccionario y clerical” y señaló que aquella era “una nueva traba a la posibilidad de las mujeres de acceder a un derecho elemental como el aborto legal, seguro y gratuito”.

Fue la propia Diana Conti (FPV), a cargo de la vice-presidencia primera de la Comisión de Legislación Penal, quien clarificó durante la reunión de comisión en qué consistiría “la táctica” del kirchnerismo para mitigar la crisis que abrió hasta en sus propias filas, la sanción de esa reforma: “No queremos sacar un dictamen express. Más allá de que mañana el Congreso va a votar un nuevo Código, que el oficialismo acompañará como está, queremos dejar constancia que ésto no va a obstaculizar el debate”.

En efecto: teniendo mayoría parlamentaria en todas las comisiones a las que tiene giro la iniciativa de la Campaña Nacional (cuestión que podría garantizar su tratamiento inmediato en el recinto), “la táctica” de los diputados y diputadas oficialistas fue la de dar su aval para que el proyecto sea debatido –solamente- en la Comisión que preside la diputada del PRO, que es la que posee primera competencia para el tratamiento de la iniciativa.

Legislación Penal, ¿y después?

Fue por ello que, interpelada formalmente por todos los diputados que apoyan la iniciativa, y previo a intentar fallidamente su tratamiento conjunto en todas las comisiones que deberían aprobarlo, Bullrich debió incluir en el temario de la comisión la apertura del debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En la citación enviada a los despachos de quienes integran la comisión, la presidenta de Legislación Penal puso entonces a discusión cuatro proyectos relativos al tema: uno de autoría de Juliana Di Tullio (FPV), otro de Diana Conti (FPV), un tercer proyecto elaborado por Gladys González (PRO) y, en último término, el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que a diferencia de los tres primeros es el único que no propone simplemente modificaciones o derogaciones de los artículos del Código Penal, avanzando en la propuesta de legalización del aborto en todos los casos.

Considerando que las firmantes de estos proyectos (a excepción de la diputada macrista) acompañan también al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y que la mayoría de los legisladores y las legisladoras que integran la Comisión apoyan la iniciativa, las condiciones para un dictamen de mayoría, a favor del proyecto de la organización, estarían dadas. Sin embargo, queda por ver si con la incorporación de este amplio temario, existe la voluntad política para que el mismo se expida el propio 4 de noviembre y, sobre todo, para que una vez dictaminado se le dé continuidad, para garantizar que llegue y se debata en recinto sin más dilaciones.

Las recientes declaraciones de Eduardo Valdés, el nuevo embajador del Vaticano, reivindicando al gobierno nacional por la sanción del Código Civil y reconociendo que “la presidenta es una militante del no aborto”, así como las afirmaciones del Secretario de Justicia de la Nación Julián Álvarez, quien negó recientemente que el Poder Ejecutivo analice iniciativas tendientes a la despenalización del aborto en el país, abonan las críticas y la desconfianza de varias de las organizaciones que exigen la urgente aprobación del proyecto.

Como señaló Andrea D’Atri de la agrupación Pan y Rosas y en concordancia con los planteamientos que viene haciendo el diputado Nicolás del Caño, "es necesaria la organización y movilización independiente del gobierno nacional, la iglesia y los partidos mayoritarios ligados al clero, para arrancar su aprobación", ya que se duda que el oficialismo permita que prospere este proyecto contrariando la férrea oposición del Poder Ejecutivo a avanzar en este sentido.