Siguiendo los pasos de Zapatero, el gobierno de PSOE y UP pospone la tramitación de una ley que limite los privilegios de la Iglesia Católica. Acabar con ellos sigue estando fuera de la agenda del “progresismo”.
Jueves 31 de marzo de 2022
La Ley de Libertad de Conciencia queda fuera del plan legislativo de 2022, incumpliendo una vez más el compromiso del gobierno para acabar con los privilegios de la Iglesia Católica en un Estado aconfesional.
La Ley de Libertad de Conciencia es una iniciativa que aparece en el programa del PSOE de 2016, en su apartado «Laicidad. Defensa por lo público». Pedro Sánchez apostaba entonces por la «construcción de un Estado laico» y desgranó un amplio catálogo de actuaciones como la autofinanciación de todas las confesiones, dejar la religión fuera del currículo escolar, fiscalidad para bienes no afectos al culto, la retirada de símbolos religiosos en edificios públicos, protocolos laicos para actos de Estado, cementerios no confesionales, recuperación de bienes inmatriculados y, por encima de todas ellas, la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.
Sin embargo, sorpresa para nadie, el gobierno “progresista” de PSOE-UP mantiene los privilegios de la Iglesia Católica, conservando uno de los ejes vertebrales que constituyeron el Estado franquista, del cual el actual Estado es una dulcificada imitación. Hoy, como ya sucedió durante el gobierno de Zapatero cuando se redactó el borrador de la Ley Orgánica de Conciencia Religiosa de 2009, acaba metida en un cajón la posibilidad de que el Estado sea realmente laico y la Iglesia deje de sangrar sus arcas de múltiples maneras.
Cuando se habla de financiación pública de las confesiones religiosas existen dos formas de realizarla. Por un lado está la financiación directa. Consiste en inyectar y entregar dinero público a las distintas confesiones, de muy diferentes maneras. Es el mecanismo más conocido por el común de los ciudadanos, principalmente cuando realizan su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el que deben decidir marcar la casilla correspondiente para la asignación del 0,7% de su cuota íntegra a la Iglesia Católica, a fines sociales, a ambos objetos o a ninguno.
Existen diversas partidas de gasto público que se encuadran dentro de la ayuda directa. Entre ellas las destinadas al pago de los capellanes militares, la asistencia religiosa en las prisiones y hospitales -800 millones-, la financiación de la enseñanza religiosa, las subvenciones a los gastos para eventos religiosos, así como el mantenimiento del patrimonio en poder de las distintas confesiones -600 millones-.
Respecto a los gastos religiosos en materia de educación, se calcula que la financiación pública durante el curso 2013–2014 ascendió a más de 4.900 millones de euros, entre salario para los profesores de religión, los costes de los concertados, las ayudas para las universidades católicas y el mantenimiento de capillas en las públicas.
Por otro lado está la financiación indirecta. En esta vía la ayuda no se articula entregando fondos de los Presupuestos, sino mediante un trato beneficioso a las confesiones en los diferentes tributos, lo que en la práctica supone un ahorro fiscal y una reducción de los ingresos fiscales del Estado. Unas ventajas en relación con el Impuesto de Sociedades (IS) que suponen la aplicación de un tipo de gravamen reducido del 10%, a lo que le se suma el hecho de que la mayoría de las rentas típicas de las confesiones están exentas.
Los incentivos fiscales a las donaciones se presentan tanto a través de la exención de las cantidades percibidas, mediante deducciones en la cuota del IRPF, en el IS y en el Impuesto de la Renta de los No Residentes (IRNR) de los donantes, lo que implica un incentivo a tales donativos. Sobre esta última cuestión, según datos de la Conferencia Episcopal, las aportaciones directas y voluntarias de los fieles constituyen «la principal fuente de financiación de las Diócesis», conformando «el 38 % del total de sus recursos», mientras que la asignación tributaria supone un 25%.
La asociación Europea Laica calculó que la Iglesia católica española se financia a través del Estado con más de 11.000 millones euros anuales (más del 1% del PIB), por medio de la casilla de la declaración de la renta, las exenciones fiscales, los colegios concertados, la obra social, los centros hospitalarios, el mantenimiento del patrimonio o las subvenciones. Juanjo Picò, responsable de comunicación de Europa Laica, explicó que la asignación vía IRPF es solo una parte mínima de esta financiación, unos 250 millones de euros.
A los pocos días de la aprobación de la Constitución del 78, la Iglesia Católica logró mantener una situación de privilegio, en cuanto a financiación pública se refiere, tanto a través de una dotación presupuestaria anual a la Conferencia Episcopal, como mediante la financiación de la educación y la asistencia religiosa en el ámbito educativo, penitenciario, sanitario y militar. Hablamos de múltiples capillas y de la intromisión ideológicas de la Iglesia en las instituciones públicas.
El caso más evidente del carácter reaccionario del gobierno es en educación. Fue el PSOE quien comenzó los conciertos con la Iglesia con Felipe González y no es extraño que Sánchez reafirme esta alianza. Habría que reflexionar sobre el papel que UP ha tenido en todo esto, que, aunque haga escuetas denuncias en redes sociales, sigue sosteniendo un gobierno reaccionario que, con la nueva ley educativa, protege a la escuela concertada.
Por otra parte, que no se saque a la Iglesia de la escuela, pero sí a la Filosofía, al Latín o a la Música para ceder el paso a asignaturas de emprendimiento empresarial, dice mucho del tipo de sociedad neoliberal y conservadora que pretenden. Este es el futuro para la juventud. Algo que además no hace más que hacerle el juego a la ultraderecha, ya sea protegiendo a la Iglesia Católica que tanto reivindica Vox como, en este caso, las leyes educativa de Ayuso para desmantelar el tejido público.
La separación Iglesia-Estado es una reivindicación democrática que, de nuevo, cae en saco roto, como el referéndum sobre la monarquía que también es rechazado por las fuerzas que componen el gobierno “progresista”. El único cielo que ha tomado por asalto la izquierda constitucional es el que compran a la Iglesia. Con políticas de derechas sólo se alimenta la derecha, por lo que la única posibilidad de que la Iglesia deje de saquear el Estado y aleje sus zarpas de las instituciones públicas es la organización y lucha.
