Las últimas declaraciones del oficialismo y la oposición buscan que la crisis política se cierre fuera de las calles. Zecca reiteró el pedido que realizó junto a cámaras patronales para que no haya más marchas.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 28 de agosto de 2015
Los cruces entre los candidatos Juan Manzur y José Cano continúan, ahora amplificados por los medios nacionales. La represión del lunes le valió a Alperovich, y a su candidato a sucederlo, una actitud ambigua por parte del kirchnerismo. CFK le pidió a la oposición que reconozca el triunfo de Manzur pero suspendió la reunión que debía ser la del encuentro triunfal y la represión tuvo un repudio variopinto –desde Aníbal Fernández hasta el CELS, pasando por fuertes declaraciones de Susana Trimarco.
Alperovich fue quien más acusó recibo, al punto ensayar un pedido de disculpas por la represión. Acto seguido aclaró que se deberían abrir todas las urnas que sean necesarias para que se legitime la elección. El gobernador dijo que sería el primero en reconocer que Cano es el ganador si así lo dictamina el escrutinio definitivo que comenzó el martes por la tarde. La cortesía inusual de Alperovich contrasta con la verborragia habitual de Beatriz Rojkés.
Cano concentró la atención de los medios nacionales pero su discurso tiene una debilidad que Manzur utiliza siempre que puede. Cano afirma que hubo fraude pero no se declara ganador. Ni siquiera lo alienta a tal afirmación los titulares que lo dan ganador en el 3% de mesas escrutadas. El discurso opositor también mutó hacia el pedido de una reforma del sistema electoral. Manzur concede que el sistema electoral puede modificarse.
Hacia una salida consensuada
Las movilizaciones hacia Casa de Gobierno pueden ser una piedra en el zapato del régimen político actual, asentando en los fraudulentos acoples. En este marco, la casta política provincial apuesta a que la crisis se cierre entre cuatro paredes, en donde la movilización no irrumpa como un actor independiente.
En sintonía, el arzobispo Zecca dio a conocer un documento firmado, entre otros, por la Federación Económica de Tucumán, la Sociedad Rural y la CGT provincial. En el día de ayer remarcó lo principal del documento, pidió que no haya más marchas y que las demandas se canalicen institucionalmente. Exhorta a “todas las fuerzas políticas” a “profundos y duraderos acuerdos para llevar adelante las reformas necesarias a los procesos y sistemas electorales”. Aunque Zecca habla de evitar “la multiplicación excesiva de candidaturas” no apunta a derribar el sistema de acoples que sostienen el PJ y la UCR, sino más bien a una concesión que relegitime a un régimen podrido. Hay que recordar que el sistema de acoples fue incorporado a la constitución provincial como una forma de cambiar la ley de lema menemista, un cambio para que nada cambie.
Pero aunque busquen una salida en común, cada bando busca negociar en mejores condiciones. Alperovich dejó la cautela y declaró refiriéndose a la gestión municipal de Domingo Amaya: “temo que el próximo mes no puedan pagar los sueldos a los empleados”. En su ataque al compañero de fórmula de Cano, el gobernador agrego que “si llegaran a tener problemas no quiero que me endilguen la culpa”. Según Alperovich, la administración capitalina cobró por adelantado impuestos de los cuáles no se sabe cómo se han utilizado, y agrega que todos los meses la provincia le descuenta al municipio la coparticipación. Amaya lo desmintió y afirma que se pagarán los salarios. Los trabajadores en el medio.
Pero no hay que dar por cerrados los canales de comunicación entre la provincia y el municipio. Un derrotado Pablo Yedlin afirma que llamó a Germán Alfaro, el peronista que fue electo intendente gracias al radicalismo, para felicitarlo. Pero Alfaro no lo atendió, todavía. Algunos ya dan por descontado que, con Scioli o Macri como presidente, las elecciones de 2017 encontrarán unidos y organizados al sector de Alfaro y al alperovichismo. Después de todo, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.
Una salida independiente del PJ y la UCR
La crisis abierta frente a las fraudulentas elecciones del 23 de agosto dejan al descubierto el agotamiento de la “unidad” del PJ en torno a la ley de acoples, que servía como contención a las diferentes facciones. La alianza entre el radical Cano y el peronista Amaya aceleraron la crisis.
La casta judicial también salió como rueda de auxilio del régimen político. El juez Víctor Reyes denegó el pedido de libertad a José Kobak y los militantes del PO que se encontraban fiscalizando para el FIT en la comuna de Los Ralos. Allí una disputa entre punteros alperovichistas terminó con la quema de urnas, y la Justicia pretende que la izquierda sea el chivo expiatorio de las internas del PJ. Manzur declara que “ya están identificados, les caerá todo el peso de la ley”. Simultáneamente, el juez Reyes rechazó el pedido para que el jefe de Policía Dante Bustamante sea detenido por la represión del lunes a la noche. Todo cierra.
El estado de movilización tiene que exigir la libertad inmediata de Kobak y los demás militantes, rechazando esta maniobra para culpar a la izquierda por la quema de urnas. Apoyamos la pelea contra las elecciones fraudulentas y la defensa de las libertades democráticas, planteando la necesidad de que estas se liguen a un cuestionamiento del régimen político que perpetúa la pobreza para lograr su sobrevivencia.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda planteamos una Asamblea Constituyente que además de acabar con el fraude de acoples, de solución a los problemas estructurales de Tucumán. Esta Asamblea Constituyente debe, entre otras medidas, imponer el salario mínimo igual a la canasta familiar, el pleno empleo y el trabajo todo el año para los temporarios y un plan de obras públicas que termine con el hacinamiento. Es central terminar con la casta política y judicial y todos sus privilegios, imponiendo que todo funcionario gane lo mismo que una maestra y la revocabilidad de los mandatos.
Por este motivo es fundamental impulsar la movilización independiente de las disputas de la UCR y el PJ y rechazar cualquier pacto de “gobernabilidad”. La asamblea del Hospital Padilla votó, en el marco de un paro, movilizarse sin apoyar ni a Manzur ni Cano, a pesar de que los referentes de los sindicatos de la Salud forman parte del canismo o de acoples alperovichistas. Y comenzaron una campaña solidaria por la libertad de Kobak y los detenidos. Es un puntapié para replicar en los lugares de trabajadores en el camino de imponer una huelga general provincial para terminar con este régimen político podrido.
