Justicia Patriarcal. El rey de la basura al basurero

En 2014, Gutiérrez de la Torre, mejor conocido como “el Rey de la Basura”, fue acusado de operar una red de prostitución al interior del PRI en la CDMX, reclutando a mujeres jóvenes, madres solteras y jefas de familia mediante publicidad engañosa. En aquel entonces, las acusaciones sustentadas en una investigación periodística, fueron desechadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que lo exoneró de todos los cargos.

EN 2017 y libre de cargos, Gutiérrez de la Torre regreso al PRI como integrante de la Comisión Política Permanente. En 2020, la Fiscal General de Justicia de la CDMX reabrió el caso por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, publicación engañosa y asociación delictuosa. Fue hasta 2021 que se giró la orden de aprensión en su contra y también hacia Sandra Vaca Cortés, exdiputada por el PRI en el Congreso de la CDMX. Ambos supuestamente se encontraban prófugos y fue hasta el pasado 29 de diciembre, que Gutiérrez de la Torre fue arrestado en su casa en Tlalpan al sur de la CDMX.

Pese a ser buscado por las autoridades y la Interpol, Gutiérrez de la Torre participó activamente en las pasadas elecciones del 6 de junio. Con pleno cínismo y descaró, publico en sus redes sociales las fotos de reuniones para el impulso de las candidaturas del PRI para diputados, alcaldes y concejales en las alcaldías de Coyoacán, Mipa Alta, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tláhuac entre otras.

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Justicia patriarcal

El reciente falló contra el “Rey de la Basura", llega después de largos años de lucha por parte de sus víctimas, que en diferentes ocasiones han expresado la falta de garantías y seguridad en los careos y denuncias contra el priísta. Hoy se da un paso importante en la lucha por justicia para las mujeres que fueron sus víctimas, sin embargo, no basta con su arrestó y las promesas de sentencia. Aún faltan las investigaciones y sanciones correspondientes para los integrantes de su partido y las autoridades cómplices de Gutiérrez de la Torre, que durante años guardaron silencio sobre la red de trata para explotación sexual que operaba dentro del PRI y que lo exoneraron cuando ésta quedo al descubierto.

Por su parte, el presidente López Obrador declaró que no debe haber impunidad y que Gutiérrez De la Torre “tiene derecho a la defensa”. Pero las mujeres de este país sabemos que a pesar de las promesas de la “Cuarta Transformación”, la justicia en México sigue siendo profundamente racista y patriarcal. No podemos confiar en la “buena voluntad” de tal o cual partido o gobierno en turno, pues todos son cómplices y responsables de la violencia sistemática que vivimos a diario, sobre todo las mujeres de las clases pobres y trabajadoras.

Mientras se aplica todo el peso de la ley contra mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos como Kenia Hernádez, hay muchos más políticos, empresarios, policías, militares, narcotraficantes y miembros de la Iglesia involucrados en redes de trata y feminicidios que no han sido investigados y están protegidos por el Estado.

Las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral, son parte del cáncer que se ha expandido en México desde el inicio de la Guerra contra el Narco y la militarización del país. Las más vulnerables a ser reclutadas y explotadas como mercancías sexuales son aquellas mujeres, niñas y niños de los barrios pobres y de familias trabajadores, que no tienen acceso a condiciones de vida y trabajo dignos.

Mientras la justicia emprende un lento proceso contra Gutiérrez De la Torre, muchos más permanecen en la impunidad y dirigiendo un negocio ilegal que cada año genera miles de millones de pesos. Se hace urgente reactivar el movimiento de mujeres en las calles, desde el norte al sur de el país, para exigir el juicio y castigo a los proxenetas así como refugios y reparación del daño para las víctimas. Esta exigencia sólo puede ser efectiva, manteniendo la plena independencia política de los partidos del régimen, pues muchas de las que hoy se dicen feministas y están en las instituciones, son parte de los partidos que protegen a tratantes y feminicidas.