Violencia Machista. El rol de la Justicia y la violencia de género

La violencia machista existe, la visibilidad que le dio el movimiento de mujeres es innegable, pero sigue siendo insuficiente.

Cientos de mujeres mueren a manos de femicidas que probablemente serán absueltos. Otras enfrentarán procesos judiciales por abortar, o serán condenadas por "no defender" a sus hijos lo suficiente mientras eran sometidas a distintas formas de violencia, o por hacerlo, y en su defensa ante los ataques matar a aquel que durante años las violentó física y psicológicamente. Otras serán juzgadas por ayudar a que otras mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Y no faltarán las condenadas por besarse en público.

En todos estos casos el denominador común es que la mayoría de ellas denunciaron la situación que vivían, o requirieron acceder a su derecho a un aborto no punible, o de algún modo pidieron ayuda, o no tuvieron como pedirla, por responsabilidad del Estado y a lo sumo éste respondió con la justicia machista y patriarcal.

El rol del aparato judicial, fundamental en el armado de estas causas, se sostiene en una red de complicidades demasiado profunda. Por eso Belén fue acusada y detenida injustamente hasta que la movilización y la presión del movimiento de mujeres logró su liberación. Algo similar ocurrió en el caso de Higui, aunque su causa todavía sigue abierta. O de Victoria Aguirre, acusada del homicidio de su hija de dos años. Para la fiscalía ella no hizo lo suficiente para protegerla.

Como decíamos la justicia también se encargó de llevar al banquillo a Abril, la médica chubutense acusada de haber causado la muerte de Maira por garantizar la interrupción voluntaria y legal de su embarazo. La joven de 17 años falleció una semana después de haber sido realizada la práctica.

Igual suerte tuvo Mariana Gómez, quien fue detenida y luego condenada a un año de prisión en suspenso por besar a su esposa en la estación de trenes de Constitución. El motivo que encontraron para basar su condena fue “resistencia a la autoridad” y “lesiones graves”.

En el año 2016 el femicidio de Lucía Pérez generó una movilización multitudinaria del movimiento de mujeres que una vez más salió a las calles reclamando medidas urgentes. Hace un año, un tribunal conformado por tres jueces varones de Mar del Plata, absolvían a los tres responsables del femicidio por considerar que no había elementos suficientes que probaran no solo la violación que sufrió Lucía sino su femicidio.

Sus argumentos se basaron en cuestionar y juzgar la vida privada de la joven para así llegar a la conclusión que esas conductas la hacían responsable de su propia muerte.

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Bajo el manto de “impartir justicia” se oculta el verdadero objetivo: la intencionalidad de disciplinamiento. Porque del ejemplo se aprende y la letra con sangre entra.

Todos y cada uno de los casos que tomaron estado público permitieron visibilizar la manera burda en la que se arman estas causas. La complicidad entre jueces, fuerzas de seguridad y gobiernos de turno quedaron expuestas sin más.

La aplicación inmediata de la ley conocida como Micaela puede aportar a un entrenamiento especial en materia de género en todas las áreas del Estado, pero no soluciona este problema de fondo. El Estado, capitalista y patriarcal, produce y reproduce a diario esa violencia. Por eso es necesario también una mirada estructural, porque la violencia contra las mujeres, efectivamente, lo es.

Tratar de garantizar una "justicia real" para las miles de mujeres que se enfrentan a diario a la violencia machista, significa afectar los intereses de una corporación que no está dispuesta a retroceder posiciones sin dar batalla.

En este punto es donde radica la importancia del rol que tiene el movimiento de mujeres. La organización y la movilización en las calles fue sin dudas el contrapeso que permitió la liberación de Higui y de Belén.

Dejar expuesta la misoginia del sistema de justicia permitió que los tres jueces que absolvieron a los responsables del femicidio de Lucía sean ahora investigados por mal desempeño en sus funciones.

La lucha en las calles y la organización serán la respuesta para enfrentar estos flagelos que han crecido al amparo de la impunidad garantizada por el poder político, la justicia y las mafias policiales.

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