Lucía Figar, máxima autoridad de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pagó 21.240 euros del erario público a un conseguidor de la trama Púnica por un informe de 31 páginas.
Aníbal Maza Zaragoza
Viernes 21 de octubre de 2016
La exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, pagó 21.240 euros por un informe de unas 31 páginas a una empresa de Alejandro de Pedro Llorca, miembro de la archiconocida trama Púnica. La exconsejera de Educación otorgó en forma de contratos a una red de empresas aproximadamente 80.000 euros para mejorar su imagen a costa del erario público.
En el juicio de la Audiencia Nacional se han requerido tanto los contratos realizados como los trabajos, desconocemos si pagados al desorbitado precio de 678 euros la página (aprox.). Este contrato fue firmado con la empresa Redytel, Ingeniería de Telecomunicaciones SL, de la red de empresas de Alejandro de Pedro.
Este “estudio” que trataba el posicionamiento de noticias de la Consejería de Educación en la red, está fechado a 5 de enero de 2011 y se pagó, en un inusual plazo, el día 24 del mismo mes. Este informe supuestamente analiza la imagen de la Consejería de Educación del Gobierno de Madrid en Facebook, Twitter, Wikipedia, You Tube y otros medios digitales. Un trabajo pagado a precio de oro, que tras unos más que dudosos métodos de análisis llega a estas “sesudas” conclusiones:
“La Consejería de Educación tiene presencia en la red Internet. Sin embargo, su
identidad digital está determinada por su aparición en medios de comunicación
online y por la percepción que se proyecta en distintas publicaciones (Web Social)
por la ciudadanía, prevaleciendo, generalmente, percepciones negativas sobre su
actividad.
No hay términos registrados en las redes sociales y esto no ayudan a trabajar y
mejorar el posicionamiento de la Consejería.
La experiencia apunta que la gestión de la identidad digital conlleva un trabajo
sostenido en el tiempo, suficiente para consolidar los atributos deseados y consecuentemente fortalecer la reputación digital”.
Lo cierto es que cualquier profesor, padre o alumno ha visto o realizado trabajos de secundaria con conclusiones más profundas y de mayor envergadura. Este caso, al margen de las típicas consideraciones sobre la corrupción como fenómeno individual que nos vende el discurso oficial a los pobres mortales, resulta ejemplarizante para conocer uno de los puntales de la gran ofensiva del establishment del Estado Español contra el sistema educativo público, contra todos los servicios públicos, y contra los trabajadores y el pueblo en general.
En primer lugar, las Consejerías de Educación son un puesto de libre designación, puesto “a dedo” se suele decir coloquialmente, por parte del gobierno comunitario de turno (replicando el sistema que usa la presidencia del Gobierno). No hay ningún tipo de control democrático ejercido por los trabajadores del sector, familias o alumnos.
Esta institución recoge prácticamente todas las competencias en lo referente a educación de cada comunidad autónoma. En el caso de la Comunidad de Madrid, su Boletín Oficial lo especifica claramente: “La Consejería de Educación, Juventud y Deporte es el órgano de la Comunidad de Madrid al que se atribuyen las competencias de esta administración autonómica en relación con la educación, las universidades, la investigación, la juventud y el deporte” (art. 1, cap. 1, decreto 198/2015, del 4 agosto).
La creación de estos organismos burocráticos, que sólo responden ante la burocracia partidaria de turno, ha sido una pieza clave en la privatización del sector público, puesto que gestionan todo tipo de contratos al margen de cualquier control de los integrantes del sistema educativo: profesores, alumnos y familias. De esta forma, con autoritarismo y en la oscuridad de sus despachos, se firman contratos de beneficios exorbitantes y mal servicio (como el caso que nos ocupa).
El complemento de esto es recortar las plantillas de profesores y maestros (en Madrid a 2015 se habían eliminado más de 2500 puestos), plantear sustituir a los trabajadores por becarios precarizados como ya propuso esta consejera en marzo de 2015 con un programa de becas denunciado por CCOO. Se les impondría una mayor jornada, un salario casi reducido un 40%, sin derechos claros, y por supuesto sin comprobar su formación ni su forma de designación. Esto último especialmente sangrante si tenemos en cuenta que gran parte de estas becas iban dirigidas al supuesto apoyo a la enseñanza, esto es a la atención de alumnos con necesidades especiales, con problemas de integración, adaptación al sistema educativo, minusvalías, enfermedades mentales etc.
El siguiente paso es recortar los presupuestos que se asignan a los centros, y así podemos ver como recientemente en colegios de Andalucía los centros escolares solicitaban papel higiénico a los padres, en Zaragoza se hundía la Facultad de letras con el personal y alumnos dentro, o las imágenes de alumnos sin calefacción en invierno propias de estos últimos años que todos podemos recordar.
Las consejerías (con el beneplácito de sus gobiernos comunitarios) se han ido dedicando a recortar el peso de las asambleas de los centros en la toma de decisiones, e incluso a acabar con los pocos resquicios de democracia que quedaban en ellos como la elegibilidad de los directores. No es casual que, en Madrid, La Asociación de Directores de Institutos (Adimad) y los sindicatos denunciaran en Julio de este año el nombramiento de veinticinco directores de colegios e institutos públicos de forma "antidemocrática" “a dedo”. Una práctica que ya fue legalizada por la Generalitat de Catalunya en 2010.
De esta forma, los tentáculos de la Consejería de Educación de turno llegan hasta el último centro público de la Comunidad a través de los directores nombrados por ella. Además, se ha ido dotando a los directores del rango de Autoridad pública, mayor poder para sancionar a docentes y alumnos, y en comunidades como Catalunya en 2013 se propuso un decreto para que el director elija “a dedo” hasta el 50% de la plantilla, sin respetar los principios de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
Con este tipo de medidas no buscan sino hacer una depuración del profesorado (una práctica habitual en la historia de este Estado desde el s. XIX, más o menos desde que hay sistema educativo estatal).
Esta ofensiva total en el sistema educativo (cuyas tácticas son imitadas en el ataque al sistema sanitario), ya ha movilizado en su contra a profesores, alumnos, padres, sindicatos y a grandes sectores de la clase trabajadora en estos últimos años. Y lo cierto es que hasta los sectores reaccionarios se han solidarizado, en más de una ocasión, con las luchas en defensa del sistema educativo acaudilladas por los estudiantes, Marea Verde, o los sindicatos.
La huelga educativa de Baleares de 2013, que surgió espontáneamente movilizó al 90% de las plantillas, recaudó una caja de resistencia de más 200000 euros (en pocos días) y casi encendió la chispa de una huelga general regional o nacional a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno y la burocracia sindical por torpedearla. Eventos y contextos como éstos invitan a ver el potencial de la lucha en el sector educativo. En ella se puede conseguir para las ofensivas, incluso conseguir conquistas a través de la unidad de trabajadores y estudiantes. En el mejor de los casos, podría servir como detonante de una huelga general en nuestro país.
