Acusado de recibir fabulosos sobornos en la adjudicación de obras, la Justicia tendrá que determinar el destino penal de Jorge Glas, volviendo inevitable un “impeachment”. La corrupción abona el terreno para más ajuste y avasallamiento de las libertades democráticas.
Sábado 11 de noviembre de 2017
Foto: La República
Durante esta semana se llevaron a cabo las audiencias preparatorias del juicio por el escándalo Odebrecht, en la Corte Nacional de Quito. El fiscal Carlos Baca pidió enjuiciar al vicepresidente Jorge Glas, y argumentó que éste recibió coimas por USD 13,5 millones para la construcción de cinco megaproyectos entre 2012 y 2016.
Otras doce personas fueron involucradas como receptores o facilitadores de los pagos de la constructora brasilera. Entre ellos se encuentran el ex contralor prófugo de la justicia, Carlos Pólit, y el tío del vicepresidente, Jorge Rivera, quien según la fiscalía cumplió un rol directo en el esquema de sobornos.
En esos cuestionados años, Glas fue vicepresidente de Rafael Correa, y tuvo a su cargo la coordinación de los “sectores estratégicos”. Desde ese lugar favoreció una feroz política extractivista, acorde a los pedidos de multinacionales chinas y canadienses.
Si el juicio avanza, se pedirá la declaración de 78 testigos de todo rango y jerarquía, dentro de este pulido aparato estatal de corrupción: ex ministros, contralor, gerentes de empresas públicas y privadas, periodistas y hasta el ex secretario presidencial de Correa, Alexis Mera.
Sin embargo, el fiscal Baca se abstuvo de solicitar enjuiciamiento para cuatro ex directivos de Odebrecht por “falta de pruebas suficientes”. Estos gerentes no son simples corruptores, sino parte de la clase empresaria que se benefició con el pago de estas coimas y el negocio recibido con los jugosos contratos de construcción.
Con el ex director de la firma en Ecuador, José Conceição Santos, la excusa es que cumple condena por el mismo caso en Brasil. El delator ganó su impunidad al declarar que Rivera se le presentó como “intermediario” del vicepresidente, y que su tarifa era el 1,5% de cada licitación que adjudicaba gracias a su influencia -y propia decisión-.
Foto: El Telégrafo
Como es habitual, la justicia burguesa se acomoda al signo de los tiempos políticos. En la lucha intestina dentro de Alianza País, la influencia sobre el aparato judicial es decisiva para quitar a los “correistas” del gobierno, e incluso para retener el liderazgo dentro del partido.
Jorge Glas cumple prisión preventiva desde octubre, y luego fue colocada por decreto una vicepresidenta provisoria más allegada a la línea política del Primer Mandatario. Con la ruptura del bloque oficialista, la posibilidad de un juicio político que derive en su destitución tiene mayor acogida entre los “morenistas” y la bancada de derecha.
Como también es habitual en los nuevos gobiernos de derecha en América Latina, las denuncias de corrupción sirven para desviar la atención. El oficialismo planifica consensos con la oposición y compone una tendencia autoritaria de persecución política, pisoteo a las libertades democráticas, y su agenda de ajuste económico.
Cuando el magistrado a cargo tome su decisión la próxima semana, cabría preguntarse por qué motivo jueces que no son electos por voto de los trabajadores y trabajadoras tienen la potestad de encarcelar funcionarios que han sido elegidos dentro del degradado marco “democrático” del régimen de Montecristi.
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