En México la cifra de candidatos y aspirantes ya rebasó la centena. La mayoría estaban tratando de llegar a puestos públicos locales.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 28 de junio de 2018
A unos días de que en México se realice una jornada electoral que ha destacado por la expectación generada a nivel nacional e internacional en torno a ella, son más de cien los reportes de candidatos asesinados desde finales del año pasado. Desde septiembre hasta el pasado 25 de junio se cuentan 130 muertos, incluyendo a 48 que no llegaron a ver confirmada su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Otros conteos no son tan optimistas y registran, en el mismo periodo, un total de 140 políticos asesinados.
Este año se votarán la mayor cantidad de puestos que se hayan votado en una sola jornada electoral en México. Además del próximo presidente, se renuevan 8 gobernaturas, 1 jefatura de gobierno, 628 escaños del Congreso, 16 alcaldías y mil 596 presidencias municipales.
Según la consultora Etellekt, son 351 los funcionarios que han sido víctimas de crímenes, así como 543 agresiones en todo el país a políticos. De los 48 precandidatos asesinados, 37 de ellos aspiraban a un puesto municipal, otros 10 a diputaciones locales en sus congresos estatales y solamente un candidato a diputado federal.
Las agresiones se concentran en zonas militarizadas
La distribución de agresiones se concentra en la zona centro —en los estados de Puebla, Estado de México y Guanajuato—, en el sur —en Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo en la península de Yucatán—, en la parte occidental —los estados de Jalisco, Colima y Michoacán— y finalmente en menor medida en el norte del país en los estados de Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila.
De estos estados, la mayoría ha sufrido las consecuencias de la llamada guerra contra el narcotráfico y la militarización. Jalisco ha sido centro de operaciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Michoacán también fue presa de este fenómeno, siendo además base del cártel de la Familia Michoacana y que en 2014 vio el surgimiento de autodefensas de cultivadores que se oponían al cobro de piso por parte del hampa.
Guerrero encabeza la lista de estados en donde se registra mayor número de asesinatos de políticos, seguido por Michoacán, Oaxaca y Puebla.
El estado sureño de Guerrero también vio la penetración del crimen organizado. En 2014 además se señaló la presunta actuación de dos cárteles de la zona en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aun cuando se ha probado la participación directa del Ejército mexicano en los hechos.
En el caso del norte, si bien los estados antes mencionados sólo informan hasta los últimos reportes del pasado 25 de un asesinato en cada uno, Sinaloa era la base del cártel del Pacífico, cuya cabeza, el famoso “Chapo” Guzmán, fue arrestado durante la administración de Peña Nieto. En Chihuahua, a inicios de la década encabezaba las cifras de desaparecidos y asesinados en la guerra contra el narcotráfico aún en la administración del panista Felipe Calderón.
Por otro lado, Quintana Roo ha tenido apenas reportes de actividades de bandas del narcotráfico; su lugar como cabeza turística importante hasta ahora la ha salvado de convertirse en un nuevo Acapulco (es decir, de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad a plena luz del día). En el caso del Estado de México, encabeza las cifras de feminicidios en el país.
La mayoría de los asesinatos en contra de precandidatos han sido perpetrados contra miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus compañeros de coalición, el Partido Verde (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), con 14 crímenes. 21 más son de la coalición derechista Por México al Frente, integrada por el ultraderechista Partido Acción Nacional (PAN), el centroizquierdista (derechizado) Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el centroizquierdista Movimiento Ciudadano (MC). La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) suman ocho, mientras que son tres los aspirantes independientes que han sido asesinados.
En las elecciones presidenciales pasadas también hubo reportes de agresiones del crimen organizado en las casillas, así como coacción del voto en favor de algunos partidos.
El gobierno y las autoridades electorales han optado por encarar esta situación a través del despliegue de las fuerzas armadas. A nivel nacional, los gobiernos locales, organismos electorales y de inteligencia, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), actuarán en conjunto.
La violencia exacerbada en estos comicios es un síntoma más del estado de descomposición social y de la democracia de los de arriba, en donde la crisis de los partidos tradicionales (PRI, PAN, PRD), una crisis de largo aliento, también se expresa en estos crímenes, en donde la agresión se presume que viene por parte del crimen organizado, mismo con el que ha establecido alianzas durante muchos años y que en estos comicios es un actor más.
