Entrevistamos a Jorge Contrera, abogado de María del Pilar Guindo, quien fue sometida a una investigación judicial con apertura de juicio, señalándola como responsable de una caso de maltrato y abuso infantil de una niña. Mientras tanto se encubre la responsabilidad de los funcionarios y el desfinanciamiento de la Dinayf. Este lunes 25 los trabajadores se movilizarán hacia Casa de Gobierno.
Viernes 22 de octubre de 2021 12:50
En las últimas horas trascendió la situación que atraviesa una de las profesionales que se desempeñaba en el equipo sur de la Dinayf, dirección que pertenece a la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de la psicóloga María del Pilar Guindo, a quien se le formuló una apertura a juicio por incumplimiento en su deber de funcionaria pública.
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Desde La Izquierda Diario entrevistamos a Jorge Contrera, abogado de Pilar, quien relata que los hechos sucedieron en enero del 2020. Una niña sufrió maltrato infantil por parte de sus guardadores, quienes habían sido designados por la justicia como tales. Dicha profesional recibió la denuncia sobre este caso en 2019, donde solo informaban que su abuela la dejaba mucho tiempo sola. Pilar derivó la denuncia como corresponde para la verificación del caso, le devolvieron informes que decían que era un tema habitacional, nunca se mencionaron signos o sospechas de maltrato o abuso. Esta menor tampoco registraba controles de salud desde el año 2019.
En diciembre del 2020 recibió una notificación por parte de la Justicia donde le informan de una imputación con formulación de cargos por incumplimiento en el deber de funcionaria pública. Cabe destacar que la profesional no tenía cargo de funcionaria, sino que se desempeñaba como coordinadora de servicios locales del sur de la provincia y los municipios, teniendo en cuenta el ejercicio de la ley 8.293, en la que se plantea que cada municipio debe tener sus servicios locales de niñez, para de este modo descentralizar el Ministerio de Desarrollo Social y la Dinayf en particular.
La función estricta de Pilar, era la de garantizar la articulación entre los municipios y la oficina de recepción de denuncias, cuya jefa es Gabriela Martorel.
La profesional trabajó desde el 2013 al 2015 en carácter de contratada en la Dinayf, posterior a ese período obtuvó el paso a planta transitoria, relación laboral que mantuvo durante cinco años, donde finalmente en marzo del 2020 se produce el paso el planta permanente. Cuando la notificación fue emitida, la profesional se encontraba con licencia por maternidad y nadie le informó respecto a esto. Al enterarse se presentó ante un fiscal que le aconsejaba que se declare culpable de los hechos y que debía pagar una multa de $12.500, más una inhabilitación del cargo por 6 meses.
El trasfondo de esta situación tiene que ver con un entramado que involucra al Centro Judicial Concepción, juzgado de familia nº2, y a la municipalidad del departamento de Juan Bautista Alberdi, que no cumplieron las funciones necesarias respecto al caso del que se la responsabiliza. Por un lado, en dicho municipio no se llevó a cabo la creación efectiva de las oficinas de niñez, por otro lado, el juez de familia interviniente en el caso, Dr. Reymundo Bichara (juzgado de familia segunda nominación del Centro Judicial Concepción), fue quien autorizó la guarda legal de esta niña a la familia donde se propiciaron los maltratos.
Del mismo modo, el juez Bichara, tampoco informó a la Dinayf que dicha familia obtuvo la guarda legal, por ende, no estaban en conocimiento y no se hicieron los controles necesarios. La trabajadora social de la municipalidad de Alberdi, al ser citada por este caso, mencionó que trabajaba en conjunto con María del Pilar, y fue por este único elemento , sin realizar investigación alguna, que le adjudicaron la absoluta responsabilidad.
A posteriori, asume la defensa de la licenciada María del Pilar un abogado de la ciudad de Concepción, de nombre Alejandro Molinuevo (actual presidente del Concejo Deliberante y mano derecha del intendente Sánchez), quien descuidadamente dejó pasar los plazos judiciales de presentación de pruebas. Una vez finalizado este periodo, se comunicaron desde la Justicia con Pilar para preguntarle por qué no presentó nada. El abogado Molinuevo no le informó jamás de esto.
Nuevamente el fiscal Fabian Assad, le sugirió que se declare culpable, Pilar se negó y desde ese momento se dió inicio al juicio oral. "Me toca pagar las consecuencias de las fallas institucionales no solo de dónde vengo sino también del poder judicial y el gobierno local", fueron las palabras de esta psicóloga en una carta abierta que difundió.
Actualmente el Colegio de Psicólogos le brinda el asesoramiento jurídico y el abogado de dicha institución es quien lleva adelante su proceso. La Dinayf no dio ninguna respuesta a esta profesional, ni brindó explicación alguna respecto a cuáles eran las funciones a su cargo. Cabe destacar también que desde el Ministerio de Desarrollo Social tampoco le brindaron apoyo, ni quienes ocupan cargos directivos, como tampoco el ministro Gabriel Yedlin.
Emergencia en Niñez
Meses atrás, los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia hicieron público que se encontraban en estado de alerta debido a que estaban siendo responsabilizados por el femicidio de Rocío. “No se puede apuntar la responsabilidad hacia una falla técnica cuando las y los trabajadores de la Dinayf vienen denunciando desde el 2016 que la situación en materia de Niñez en Tucumán es alarmante y presentaron petitorios en numerosas oportunidades al ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, sin obtener respuesta alguna. No se aumentó personal o recursos, ni hay más transporte para ir a hacer visitas. Salen una vez a la semana y cada técnico/a interviene entre setenta y cien casos”, relatan.
Respecto a las condiciones de trabajo, entrevistamos también a una trabajadora social que se desempeña en este organismo, cuya identidad preservaremos. La misma manifestó que se encuentran bajo pésimas condiciones laborales: “Muchos compañeros y compañeras trabajan con contratos precarios por tiempo determinado, lo que impide un buen abordaje porque te vas a la mitad de la intervención, como así también el debido seguimiento y acompañamiento a las familias. Muchas veces esos contratos no se renuevan a tiempo, volves a trabajar meses después y ningún compañero pudo seguir tu caso porque todos están abarrotados de casos. Hay quienes continúan facturando un servicio y sin los derechos laborales que nos corresponde y de los que el Estado se supone que es defensor”.
Expresó también que hay poco personal técnico profesional para la cantidad de casos que se atiende, más de 100 casos por técnico, sean psicólogos o trabajadores sociales. La Dinayf es el único organismo a nivel provincial que atiende la vulnerabilidad de derechos de todos los niños y adolescentes de la provincia. Es imposible como técnico poder hacer un abordaje semanal de la cantidad de casos que llevamos cada uno. “ Lo que pasó a nuestra compañera respecto la denuncia judicial no es más que una maniobra para tapar al verdadero responsable que es el Estado provincial, con todos sus funcionarios”.
“Las condiciones edilicias de los lugares laborales son pésimas, no hay baños por ejemplo. Tampoco contas con recursos materiales, llevamos nuestras computadoras para hacer informes, imprimimos en nuestras casas porque no hay tinta o papel, tampoco contamos en todos los lugares con internet, sumamente necesario ya que el poder judicial trabajó de manera remota durante todo el 2020, lo que implicaba audiencias virtuales."
Lo que describen estos trabajadores es un ejemplo más de las consecuencias del ajuste que se está llevando adelante en los presupuestos del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social es actualmente blanco de constantes señalamientos y denuncias. Por un lado, por ser una máquina de precarización del mismo Estado, por otro, debido a las políticas de administración de la miseria que lleva adelante. El Gobierno provincial de Manzur y Jaldo, Gabriel Yedlin, y todo el arco político provincial se encuentran muy ajenos a la realidad de miles de niñas y niños. Y es que se enmarcan en una política nacional de ajuste mientras miles de niños viven en una provincia que sostiene una pobreza estructural. En Argentina, la pobreza entre los menores de 14 años alcanzó el 54,3 % en el primer semestre del 2021. Casi un tercio de los pobres son menores.
Los trabajadores realizaron una asamblea en la jornada del día jueves, y votaron como medida llevar a cabo una movilización el próximo lunes 25 de octubre. Iniciará a las 8 am, desde calle Benjamín Araóz al 800, hasta Casa de Gobierno, rechazando la persecución judicial a la psicóloga Pilar Guindo y exigiendo que se declare en la provincia la emergencia en niñez.
