DESPIDOS. Empresarios vuelven a ubicar a Jujuy a la cabeza de los despidos en el país

El informe de empleo brindado por la Encuesta de Indicadores Laborales arroja nuevamente cifras muy problemáticas para la provincia. Como viene siendo constante, Jujuy en febrero volvió a encabezar la destrucción de empleo registrado con un -4,6% en términos interanuales, superando al total de conglomerados urbanos del país donde la caída fue de -2,6%.

Entre las provincias que más destrucción de empleo generaron en términos interanuales se ubica el conglomerado Gran La Plata (-3,8%), Gran Córdoba (-3,6%) y Gran Resistencia (-3,4%).

En el caso del informe de empleo SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) la caída anual del empleo asalariado (desestacionalizado) en enero respecto a igual mes del año pasado es de 2.224 puestos
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Por otra parte, si bien en la comparación mensual entre febrero y enero de este año se observa un leve repunte del empleo privado registrado de 0,6% en la provincia, mientras que a nivel del total de conglomerados se mantuvo sin cambios, los despidos y suspensiones iniciados en comercios, bares, restaurantes y diferentes empresas a partir de la cuarentena no hay forma que no genere un mayor deterioro de la situación laboral.

La encuesta se realizó sobre 132 empresas que emplean a 7.880 trabajadores. Dentro de los despidos, el 63% responde a decisiones de los empresarios, los cuales en un 47,2% los hicieron debido a “razones de demanda”. Considerando las perspectivas de mayor recesión para los próximos meses, que van de una caída anual del 4% al 8% del PBI, según distintos analistas, no hay forma de no esperar mayores despidos.

Si consideramos los despidos según empresas las de más de 200 trabajadoras son las que más personas dejaron en la calle (-1,8%), mientras que en las que tienen de 10 a 49 fue de -1,3%, en una comparación entre el cuarto trimestre y el tercer trimestre del año pasado.

A partir del decreto presidencial N° 332-2020, las empresas de más de 100 trabajadores cuentan con la posibilidad de recibir un apoyo estatal para el pago de salarios en caso de suspender al personal, con el equivalente a un 25% del salario mínimo vital y móvil. Por el contrario a ayudar a quienes más despiden en la provincia, se deberían prohibir los despidos y suspensiones en forma retroactiva al inicio de la pandemia, como también extender esta medida al resto del año y no solo, por dos meses como platea el Gobierno y sólo para los registrados; por eso, también la restricción debe ser aplicada a los trabajadores en negro e informales.

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Pero si la situación del empleo registrado viene a la baja, el panorama para el resto de los trabajadores que se encuentran en negro que en la provincia ascienden al 52% de los asalariados y, en el caso de los cuentapropistas al 79%, este sector tiende a seguir creciendo como forma de precarización y pérdida de derechos, pero también si la crisis económica se profundiza puede darse un mayor salto directamente en el desempleo.

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El gobierno de Gerardo Morales propone como única alternativa a los y las trabajadoras de la provincia los decretos presidenciales en materia de empleo ante la crisis. Se termina respaldando así a los empresarios que ubican a la provincia a la cabeza de los despidos, incluso con esta ayuda económica, muchos van a aprovechar para despedir y precarizar aún más a la fuerza de trabajo.

Por el contrario a la política de los gobiernos hay que afectar sus intereses comenzando por un impuesto a la riqueza del 3% sobre aquellos que poseen una fortuna superior a los $1000 millones como la familia Blaquier dueña del ingenio Ledesma o el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, que posee una fortuna de U$S 1.300 millones según la revista Forbes. Con este impuesto se podría financiar un ingreso de cuarentena por dos meses de 30.000 pesos para 7 millones de personas, superado el bono de 10.000 pesos del gobierno nacional, que queda incluso muy lejos de los $16.346 para no ser indigente.