Fasacal es una empresa ubicada en 25 y 511, del barrio de Hernández la cual pertenece a la familia Larran. La ex fábrica está denunciada por haber funcionado como un centro clandestino de detención y tortura durante los años 1974 y 1979. La pelea por que se investigue los hechos sucedidos en los años previos y durante el último golpe, cívico-eclesiástico-militar sigue vigente.
Martes 23 de marzo de 2021 21:26
A 45 años del golpe orquestado por el gobierno militar, la iglesia y los empresarios, para barrer con una generación que venia a cuestionarlo todo, siguen apareciendo hilos de continuidad hasta nuestro presente.
Una de esas continuidades es que los grandes ganadores de ese período, son los mismos que amasan fortunas a costa del sudor y padecimiento de miles de trabajadores que ven como día a día empeoran sus condiciones de vida. Los empresarios, que se beneficiaron del plan implementado por la dictadura a partir de la represión brutal que se llevó a cabo frente a sectores de la clase obrera y estudiantil, jugaron un rol muy importante para que eso sucediera.
Los mismos empresarios y gerentes armaban listas negras, con la ayuda de la burocracia sindical y denunciaban a sus trabajadores, daban archivos con información a los genocidas y ponían sus fábricas para realizar campos de detención, tortura y asesinato durante ese periodo. Un ejemplo emblemático de esto es lo que pasó en la fábrica FORDen zona norte, donde se secuestraban y torturaban a trabajadores en el “Quincho” de la empresa, que funcionaba como centro clandestino dentro de sus instalaciones.
También podemos citar aquí el caso de Ledesma, donde la familia Blaquier realizó apagones en varias localidades para desaparecer a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas, durante las noches del 20 y 27 de Julio del 76’, usando camiones de la empresa, junto con los militares. El caso de Fasacal parece ser uno de esos casos.
Un sobreviviente de la dictadura y vecino de la zona denunció ante la Justicia federal platense que el predio fue utilizado para deshacerse y ocultar los cuerpos de personas detenidas y asesinadas antes y durante la última dictadura militar. Según denuncia desde el año 1974 divisó operativos en el predio de la planta Fasacal realizados por personal de fuerzas de seguridad y militares a los que identificaba por los uniformes y los vehículos.
Los operativos se realizaban los fines de semanas, generalmente de viernes a sábado cuando la fábrica no tenía actividad. El denunciante afirma que se podía distinguir la quema de cuerpos humanos por el olor nauseabundo que generaba, muy distinto al que provocaba el funcionamiento normal de la fábrica, por lo que al tiempo los represores empezaron a usar incienso para disimular el olor.
La denuncia dice textualmente que: "En estos operativos se ingresaba a personas detenidas, se las torturaba e incineraba en los hornos del establecimiento fabril, posteriormente se fabricaba cal con dichos restos o se los enterraba en el lugar. Los traslados se realizaban en camiones oficiales a veces, pero en su mayoría a través del tren de carga que ingresaba a la fábrica. Las personas eran llevadas tanto vivas como muertas, en este caso personal armado descargaban y los tiraban directamente a los hornos que estaban prendidos y a donde la vía tenía descarga directa"
La denuncia también agrega que, en ese período, y durante los operativos pudo identificar la presencia de quien fuera Subcomisario Balmaceda, al Comisario Enzo Richero, que estuvo activo hasta la década del 90 y en el 2000 se desempeñó como jefe de la custodia interna del Congreso Nacional, al jefe de calle Pereyra y en una oportunidad al Comisario Miguel Etchecolatz, ¿coincidencias?
Además de estas denuncias cabe aclarar que el dueño de Fasacal es Jorge Mario Larrán, quien estuvo con los poderes de facto de las dos últimas dictaduras. Fue vocal del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de La Plata en el ejercicio 1966-1967, cuando presidía el órgano Alfredo Galletti. Y fue Secretario de Gobierno del Ejecutivo municipal que asumió el poder en La Plata por decreto Nº7 del 26 de marzo de 1976, gestión que era comandada por el capitán de navío Oscar Macellari.
Por si fuera poco, la firma poseía una cantera propia ubicada el partido de Olavarría, donde operaba la mayor productora de cemento y cal en el país, la empresa “Loma Negra” de la familia Lacroze-Fortabat, denunciada por mandar a desaparecer en dictadura a varios de sus delegados gremiales y al abogado que los representaba.
La fábrica cerró en 1988 y estuvo abandonada durante años y hasta llegó a convertirse en un basural a cielo abierto, hasta que llego un grupo de jóvenes que desde hace diez años decidieron recuperar parte del predio como un pulmón verde de la zona.
Desde ese momento funciona el Bosquesito, un vivero experimental donde hacen huerta, talleres, reproducen semillas libres y plantas de manera autogestiva. Los Larrán nunca se hicieron cargo del predio y ahora quieren desalojar a las personas que habitan el espacio.
Hoy los Larran siguen ligados al Estado, su hijo Germán Larran, que es integrante de la sociedad comercial de la firma, a su vez es Subsecretario de Gestión Ambiental del municipio platense conducido por Julio Garro. El subsecretario es la misma persona que realizó la denuncia al Bosquesito para que se realice un desalojo.
Es así que en múltiples oportunidades la familia Larran ha querido hacerse con el predio, inclusive ha querido demoler la fábrica, alegando que tiene peligro de derrumbe. ¿Después de 40 años de abandono y posterior a una denuncia realizada en 2019 para que se investigue el lugar recuerdan que la fábrica se puede caer?
La actualidad de la causa.
Desde el colectivo de derechos humanos “Justicia ya” de La Plata se elevó una denuncia donde se pidieron varias medidas, entre ellas, la prohibición de adulterar el predio, principalmente ante los diversos intentos de demoliciones y deforestaciones por parte de la familia Larran. Se pidió la citación al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar estudios y determinar la presencia de restos humanos, y oficios a la Comisión Provincial por la Memoria sobre información de la empresa y de los Larrán en el archivo de la ex DIPPBA, y a las Secretarías de DDHH de Nación y Provincia. Todos fueron contestados todos de manera negativa y tres meses después de presentada la denuncia el fiscal Juan Martín Nogueira pidió el archivo del expediente por “haberse agotado las medidas de prueba y no haber otras que proponer”.
Aun así, en junio de 2020 el Juzgado ofició nuevamente al EAAF para que informe la posibilidad de realizar una intervención sobre el predio, contestada en marzo de 2021 pidiendo más elementos de análisis y prueba como planos del predio y descripción de las zonas de interés.
Desde “Justicia Ya”, se aportará un completo relevamiento del predio realizado en tres años de trabajo para exigir que se pongan todos los recursos adecuados para esclarecer los hechos denunciados y las responsabilidades que les quepan a los dueños de la empresa y a autoridades policiales y militares responsables del genocidio ocurrido durante la última dictadura.
El posible hallazgo en La Plata podría sumarse a la larga cadena de centros clandestinos de detención, tortura, muerte y desaparición, donde los empresarios jugaron un rol activo. Por esos lugares pasaron miles y miles de luchadoras y luchadores de la clase obrera, estudiantes y de los sectores populares.
Ejemplos como este ponen al descubierto a el papel que jugo del empresariado argentino, inclusive antes del propio golpe. Como dijo Alejandrina Barry en el juicio Quilmes, Banfield y El Infierno: "la lucha contra la impunidad también implica el juzgamiento y castigo a los civiles".
