El martes fue hallada sin vida una joven oriunda de Huinca Renancó, en el sur de la provincia. El 76 % de los crímenes se produjeron en localidades del interior.
Jueves 8 de noviembre de 2018 14:08
Un nuevo femicidio conmueve a la provincia de Córdoba. Karina Abba, de 17 años, fue reportada como desaparecida por su familia el domingo pasado, cuando no volvió a su casa después de salir a bailar. El martes fue hallada sin vida por efectivos policiales y por el hecho está detenido su primo. Karina tenía un hijo de 3 años.
Con Karina ya son 16 las mujeres asesinadas por el solo hecho de serlo en Córdoba en lo que va del año. Cuatro de ellas eran menores de edad. A esa cifra se suman otras dos mujeres y dos varones, víctimas de femicidio vinculado.
Hubo además siete tentativas de femicidio. La última sucedió a fines de octubre en Los Aromos, cuando Luis Luque le prendió fuego a su pareja, dejándola en grave estado. La mujer lo había denunciado 30 veces por violencia y tenía una orden de restricción. En el 2003, Luis Luque había intentado asesinar a otra mujer, quien perdió el embarazo que cursaba en ese momento por el ataque.
Un informe difundido por la Justicia Provincial da cuenta de que el 76 % de los hechos sucedieron en el interior provincial y el 88 % en el domicilio de las víctimas. Estos datos fueron relevados por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a partir de la información consignada en el Sistema de Administración de Causas (SAC).
El relevamiento también indica que el 37% de las víctimas tenían hijos o hijas menores (14 en total) y que dos de las mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas. El 42 % de los victimarios estaban en pareja con las víctimas en el momento del hecho, mientras que el 21 %, eran ex parejas. El 37 % de los agresores se suicidó luego de cometer el crimen.
El ajuste también es violencia hacia las mujeres
Al finalizar el 2017, en La Izquierda Diario dábamos cuenta de la insuficiencia de las medidas que lleva adelante el Gobierno provincial en torno a la violencia de género. En un año en el que hubo 26 femicidios, 35.000 mujeres solicitaron asistencia económica por parte del Gobierno para atravesar una situación de violencia. Sólo 3.500 accedieron a alguna ayuda.
En la misma nota se consignaba que entre septiembre del 2016 y agosto del 2017 hubo 45.400 denuncias de violencia familiar. El 76 % de las denuncias fueron realizadas por mujeres. 20.209 denuncias fueron señaladas como graves y requirieron atención inmediata.
En Córdoba, tanto la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas como la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo son dirigidas por funcionarias cercanas a la diputada Alejandra Vigo, quien además es la esposa del gobernador Schiaretti. Este año, Vigo fue una de las firmantes del proyecto de “Asignación Universal para Mujeres Embarazadas por Violación”, un verdadero insulto a la lucha de las mujeres, que durante años viene bregando por la no revictimización de quienes han sufrido violencia sexual.
Las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y creado en el año 2016, denuncian sistemáticamente la situación de precarización laboral en la que se encuentran. En un comunicado de principios de este mes, sostienen que realizan tareas de asistencia individual y grupal, brindando un abordaje integral, a un promedio de 120 personas por mes por profesional. “Además, realizamos la atención de la Guardia que significa la recepción de mujeres que en muchas oportunidades consultan por primera vez, o están en riesgo de femicidio lo que conlleva la asistencia de 20 casos nuevos mensualmente por cada profesional que se agregan a la agenda de intervenciones que ya venimos realizando”. Cobran salarios que no llegan ni a la mitad de lo que correspondería a la tarea especializada que realizan, no reciben plus por tarea insalubre y/o de riesgo, licencia sanitaria, jubilación anticipada, ni ningún reconocimiento salarial o de otra índole. La mayoría de las profesionales están contratadas, o directamente con monotributos y becas.
Esta situación tiene su expresión a nivel nacional en el Presupuesto 2019. Un inexistente 0,13 % del mismo estará destinado al financiamiento de programas vinculados a derechos de las mujeres y la diversidad sexual. El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), a cargo de Fabiana Túñez, sufrirá un recorte de al menos 18 %.
Ver también: ¿Presupuesto de género?: ajuste contra las mujeres y números que no cierran
Ante este panorama, el movimiento de mujeres tiene que tomar en sus manos la lucha contra el ajuste en curso y la ofensiva de la derecha expresada en las movilizaciones por “las dos vidas” y contra la implementación de la Educación Sexual. Debemos organizarnos en cada lugar de trabajo y estudio, en cada barrio e imponerles a las direcciones sindicales y en todos los movimientos sociales, un paro nacional con movilización al Congreso para el día que se vote el presupuesto en el Senado, para frenar este saqueo que nos hunde en la miseria y que golpea más fuerte a las mujeres.
