Producto de la violencia machista, en el mundo mueren alrededor de 65.000 mujeres al año, y en el país durante el 2016, más de 50; bajo el amparo de una sociedad capitalista y patriarcal que discrimina día a día a la mitad de la humanidad. Sin embargo, millones de mujeres en el mundo vienen luchando en las calles para poner freno a esta realidad.
Viernes 3 de marzo de 2017
La discusión respecto a las demandas que necesitamos las mujeres en Chile, y también en el mundo, y a nuestra situación de vida en general, se vuelve cada vez más apremiante; más aún las vías de solución al respecto. Y es que la violencia machista ha cobrado la vida de miles de mujeres en el mundo, siendo los femicidios el último eslabón de una gran cadena de distintas violencias que se expresan de variadas formas.
En el país, durante el 2016 fueron asesinadas más de 50 mujeres y ocurrieron, además, decenas de casos de femicidios frustrados, como lo sucedido con Nabila Riffo, quien fue brutalmente agredida al punto de quedar sin glóbulos oculares y con fracturas en su cráneo. La profesora Karen Wilson, de Antofagasta; la pequeña Florencia Aguirre, asesinada en Temuco; o la secundaria Alison Calderón, quien fue encontrada enterrada en el patio de su colegio en El Bosque, son algunos de los rostros de esta realidad que ya no da para más.
Pero, fue el 19 de octubre de 2016 el punto de inflexión que detonó la respuesta de miles de mujeres contra la violencia machista. Esto producto del femicidio de Lucía Pérez, joven de 16 años, asesinada de manera brutal en Mar del Plata, Argentina. El horrendo crimen provocó la reacción inmediata de miles de personas que salieron a las calles del país a exigir justicia para la muchacha.
La movilización del 19O, convocada por el movimiento internacional NiUnaMenos, congregó a cientos de miles de personas en distintos países del mundo.. En el caso de Chile, marcharon más de 150.000 por la Alameda hasta Plaza Los Héroes, impactando profundamente en la escena nacional. Sin embargo, aún falta darle muchísima más fuerza, masividad y potencia a un movimiento que está rompiendo toda frontera y uniendo a cientos de miles de mujeres que han decidido salir a las calles a luchar contra una problemática que es estructural a esta sociedad capitalista y patriarcal.
Sin duda, las movilizaciones y distintas formas de manifestación han jugado un rol central en la visibilidad de las demandas y problemáticas de nosotras, las mujeres; también este debate ha vuelto a tomar peso producto del nefasto aumento de los femicidios, y también por los constantes ataques y prohibiciones de autoridades, partidos del régimen e Iglesia, sobre el poder de decisión de las mujeres, como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, penalizado y condenado en Chile, y nuevamente postergado por el Parlamento.
Y es que a las autoridades, a los políticos del régimen, empresarios e Iglesias, poco les importa la vida de millones de mujeres; no por nada llevamos décadas sin tener mayores avances en materia de derechos de la mujer y reproductivos. Es más, la Ley de Violencia Intrafamiliar impulsada por el gobierno de la Nueva Mayoría no da respuesta real al problema de los femicidios y la violencia hacia las mujeres, ni tampoco cuenta con medidas preventivas efectivas.
A lo anterior se suma que en la normativa legal chilena ni siquiera se incluye dentro de la categoría de femicidio los ocurridos durante el pololo o cometidos por un desconocido. Es imprescindible que no se siga permitiendo; esto entendiendo que los femicidios van más allá de la “relación víctima-victimario”, sino que estos son directamente crímenes de odio contra un sector oprimido y violentado en esta sociedad, como somos las mujeres.
Por otra parte, dicha ley tampoco considera los casos de “femicidios por inducción al suicidio”, como sucedió con Antonia Garros, la joven de 23 años que se lanzó de un edificio en Concepción, tras estar viviendo una situación de brutal violencia de género en el departamento de su pareja.
Luchemos por un Plan de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres y los femicidios
Tras todo lo ocurrido, se viene discutiendo sobre la importancia de que exista una ley que realmente proteja a las mujeres y sirva para prevenir los femicidios y combatir la violencia machista. Claramente, lo propuesto por el gobierno no cabe dentro de esta descripción, pero sí otras experiencias de proyectos en los que se puede apoyar.
Por ejemplo, en Argentina, parlamentarios del Frente de Izquierda y de los Trabajadores- donde está integrado el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS)- presentaron un proyecto de ley que establece la responsabilidad del Estado, y sus respectivos gobiernos, en la violencia estructural. De este modo, el Plan de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres es totalmente “dependiente del Estado nacional y sus órganos competentes”.
El proyecto comprende por “víctima de violencia contra las mujeres a toda mujer que se encuentre sometida, ella y/o sus hijos/as, y/o personas a su cargo, a situaciones de violencia que afecten su vida, libertad, dignidad e integridad física, psicológica y sexual, económica o patrimonial, así como también a su seguridad personal”.
En la iniciativa, se estipulan subsidios estatales mensuales para todas las mujeres mayores a 16 años, “con retribuciones monetarias mensuales, acceso a previsión social” y “servicio de obra social gratuito”, “donde también tienen acceso sus hijos/as u otras personas que estuvieran a su cargo”. La normativa es clara es plantear que estos aportes del Estado “serán entregados hasta que la mujer entre al mundo laboral y perciba salario, siendo el Estado responsable de garantizar acceso al empleo”.
Refugios transitorios y plan de vivienda estatal con impuestos a las grandes empresas inmobiliarias
En Chile, es necesario exigir un proyecto que contemple lo mencionado anteriormente, como parte de las medidas mínimas preventivas que debiese tomar el Estado y sus respectivas autoridades. Así también, se debiesen garantizar viviendas, refugios transitorios y casas de acogida estatales y costeadas mediante impuestos a las grandes empresas inmobiliarias, para todas aquellas mujeres que estén pasando por un proceso de violencia de género y no tengan vivienda o su permanencia en esta “implicara una amenaza para su integridad física, psicológicas y/o sexual”, como se plantea en el proyecto mencionado.
Por otro lado, también es crucial que se garanticen licencias laborales y que el Estado se haga responsable de crear planes de empleo para que las mujeres puedan trabajar y así independizarse económicamente de sus agresores; como sabemos, muchas veces, las mujeres no se encuentran con empleo y tienen hijos e hijas que sostener, por lo que terminan aguantando el maltrato para ser así mantenidas.
El proyecto establece que se debe asegurar a las trabajadoras “la percepción de la totalidad de su salario, actualizado a los aumentos que registren los haberes, así como a todos los derechos sociales que de su condición laboral se desprenden”.
En el caso de las estudiantes “de todos los niveles educativos que fueren víctimas de la violencia (…) tienen derecho a licencias en la cursada presencial en su institución educativa y a acceder, inmediata y consecuentemente, a continuar sus estudios bajo la asistencia de maestras/os, docentes o profesores/as a domicilio, a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes educativas vigentes”, señala el documento.
Sin duda, las mujeres trabajadoras, estudiantes, pobladoras, mapuche; junto a las organizaciones feministas, políticas y sociales, deben exigir una ley que busque combatir la violencia machista y prevenir los femicidios, pese a que esta brutal realidad seguirá existiendo mientras permanezca con vida esta sociedad capitalista y patriarcal, que permite, por ejemplo, que las mujeres ganemos un 30% menos del sueldo que perciben los varones; que más del 90% de las pensionadas reciban jubilaciones que no superan los $160.000; que no se cuente con jardines ni salas cunas para cuidar a los hijos/as mientras se labora; que no haya acceso pleno y de calidad a anticonceptivos y educación sexual sin la intromisión de la Iglesia, entre otras cuestiones básicas. Es necesario el impulso de un movimiento de mujeres internacional que luche por todo esto, pero que tenga como horizonte acabar con todos los cimientos de esta sociedad de clases, injusta y completamente desigual.
