En la provincia ni siquiera se aplica el protocolo de aborto no punible. La movilización partió a las 18 horas de Colón y Cañada hacia Patio Olmos.
Sábado 30 de septiembre de 2017 00:29
En el marco del Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y El Caribe, instituido en 1990, se realizó la marcha en Córdoba, al igual que en otras ciudades del país. A 26 años, el reclamo por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito continúa siendo un punto central de la lucha de los movimientos de mujeres y de las organizaciones que pelean por su reconocimiento.
En Argentina, se efectúan cerca de 500.000 abortos por año y más de 300 mujeres jóvenes y pobres pierden la vida por abortar en condiciones clandestinas. Ante tamaño problema de salud publica el Estado y los gobiernos han hecho oídos sordos. Seis veces ha sido presentado al Congreso nacional, por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina, el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo; nunca se realizaron las reuniones de las comisiones que deberían abordar la propuesta.
En el caso de Córdoba, hay que sumar la lucha por la elemental implementación del protocolo por aborto no punible. A raíz del amparo presentado por la organización Portal de Belén se ha impedido la aplicación del fallo 093/12 de la Corte Suprema de Justicia que establece la no punibilidad del aborto en caso de violación, abuso sexual de una menor, o cuando corre riesgo la vida de la madre.
Reproducimos el documento leído al finalizar la marcha:
El 28 de Septiembre fue elegido hace 27 años como el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. En este marco, hoy nos encontramos nuevamente en las calles de Córdoba para exigir a los gobiernos que garanticen el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y para expresar que no toleramos más muertas ni presas por la ilegalidad del aborto.
El gobierno nacional de Mauricio Macri le da la espalda a los reclamos de las mujeres, lesbianas, trans y travestis mientras se da la mano con la Iglesia Católica, institución machista y enemiga de nuestros derechos. Junto con su ministro de Salud Jorge Lemus, vinculado al Opus Dei, en dos años de gestión ha desmantelado el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y continúa poniendo obstáculos para el efectivo acceso a los abortos en los casos permitidos por ley, desoyendo las indicaciones de la Corte Suprema de Justicia que en el fallo F.A.L en 2012 ratificó la obligación del Estado de garantizar las mujeres el acceso al aborto cuando corre riesgo la vida, la salud de la mujer o cuando el embarazo ha sido producto de una relación sexual forzada.
Mientras deja ingresar a la Iglesia Católica a enseñar Educación Sexual en las escuelas públicas y aumenta los subsidios para escuelas confesionales, el gobierno se niega a implementar el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con el presupuesto correspondiente.
Por su parte, la falta de voluntad política del gobierno provincial hace que sea casi imposible acceder a interrupciones legales en la provincia. Para ello se ampara en la judicialización del protocolo provincial por parte de una organización anti-derecho. Más allá de la judicialización del protocolo, todos los gobiernos deben garantizar los Derechos Humanos constitucionalmente consagrados.
La penalización del aborto no impide la masiva realización de su práctica. En Argentina alrededor de 500.000 mujeres abortamos por año en condiciones de clandestinidad y estas condiciones imponen desigualdades en el acceso a una práctica segura y profundizan la desigualdad y acentuando la injusticia social. Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte evitable en personas gestantes, y desde 1983 a la fecha contabilizamos más de 3.000 muertas por aborto inseguro. Pese a esta realidad, se mantiene la negativa de los gobiernos a legalizar el aborto.
El gobierno niega nuestro derecho a decidir y nos persigue y criminaliza haciendo uso del sistema judicial y de las fuerzas represivas, como sucedió en los últimos Encuentros Nacionales de Mujeres y en la marcha del 8 de marzo en CABA. Las mismas fuerzas policiales y de Gendarmería que caen sobre las mujeres y el movimiento LGTBIQ, son las responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La negativa de los gobiernos a legalizar el aborto en nuestro país no es novedad. El Proyecto de Interrupción voluntaria del Embarazo se presentó en seis oportunidades desde 2007 y fue cajoneado sistemáticamente, transformándose en la principal deuda del gobierno kirchnerista hacia las mujeres.
Por este motivo, las mujeres, organizadas y empoderadas nos hemos venido dando estrategias para el armado de redes de consejerías y socorrismo, poniendo en práctica lazos feministas de acompañamiento y contención, en un contexto de fuertes discursos anti-derechos y penalización social. Socorristas y redes de profesionales garantizamos un derecho que el estado niega, y lo hacemos de forma segura, autónoma, solidaria y acorde a protocolos vigentes.
#el feminismo y la solidaridad son nuestras armas.
En el país del #NiUnaMenos, las mujeres exigimos:
¡Ni una menos por aborto clandestino!
Finalmente, todas juntas en las calles gritamos una vez más
VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS
¡Ni una menos por aborto clandestino!
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
